Pasadas las 9:00 p.m. de este miércoles 29 de enero, la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional aprobó el segundo bloque de la reforma a la Caja de Seguro Social (CSS), con una serie de modificaciones consensuadas al proyecto de ley 163.
Estas propuestas, introducidas a los artículos referentes a la administración y sostenibilidad financiera de la institución, buscan ajustar aspectos clave para mejorar su funcionamiento y garantizar su estabilidad a largo plazo.
Dos de los temas más relevantes estuvieron relacionados con la cuota pagada por los empleadores y la administración de las inversiones de los fondos de reserva de la CSS.
Diputados de las bancadas de Realizando Metas, la coalición Vamos, el Partido Revolucionario Democrático, Cambio Democrático y el Partido Panameñista presentaron una iniciativa para que el aumento en la cuota que deben pagar los empleadores se implemente de manera escalonada entre 2025 y 2029.
Inicialmente, el proyecto de ley 163 establecía un aporte del 15.25 % de manera directa a partir de 2025.
Sin embargo, la nueva propuesta contempla un incremento gradual, comenzando con una tasa del 13.25 % en el momento en que la ley entre en vigor, seguido de un ajuste al 14.25 % el 2 de marzo de 2027 y alcanzando finalmente el 15.25 % el 2 de marzo de 2029.
Con esta modificación, los diputados proponentes buscan dar mayor tiempo de adaptación tanto a empleados como a empleadores dentro del sistema de seguridad social.
Administración de inversiones
Uno de los temas más complejos de este segundo bloque fue el artículo 65, relacionado con las inversiones de los fondos de reserva de la CSS.
La diputada de la coalición Vamos, Yarelis Rodríguez, explicó que la Comisión tomó la decisión de que el 100% de los fondos de la CSS sean delegados a la banca estatal, ya sea Banco Nacional o Caja de Ahorros.
Sin embargo, colocaron una alternativa que, en caso de que una comisión técnica especializada en riesgo o inversión tome la decisión de poner una parte de esos fondos a administradores de inversiones, solo sea un 10%.
Adicional, están dejando también el centro de préstamos a jubilados que funciona en la CSS. “Fue un clamor de muchas personas que participaron en las consultas”, agregó.
La propuesta del Gobierno permitía que la dirección de la CSS, liderada por Dino Mon, “pudiera delegar en una o más personas jurídicas con licencia de administrador de inversiones emitida por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá o su equivalente en otras jurisdicciones reconocidas por esta, la administración de la cartera de inversiones o una parte de ella”.
No obstante, según lo propuesto por los diputados de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, la administración de los fondos de reserva estará a cargo de la Caja de Seguro Social.
Sin embargo, la Comisión de Riesgo e Inversiones podrá solicitar la contratación de administradoras de inversiones a través de un proceso de precalificación técnica, asegurando que los proponentes sean idóneos para gestionar los fondos.
La cantidad máxima que podrán gestionar estas administradoras no excederá el 10 % de los fondos de reserva, bajo una resolución motivada que cumpla con los lineamientos establecidos por la ley.
Las inversiones deberán seguir principios de buena gobernanza, sostenibilidad y prevención de actividades ilícitas, garantizando que no estén influenciadas por intereses personales o comerciales.
Nuevo artículo
En esa misma línea, los diputados incluyeron varios artículos nuevos, entre los que destaca uno sobre la administración del Fondo de Reserva de la CSS, otorgando mayor participación a entidades bancarias estatales en la ejecución de estos recursos.
Según la propuesta, hasta el 90 % del fondo podría ser gestionado por el Banco Nacional de Panamá y la Caja de Ahorros, mientras que un máximo del 10 % podría estar en manos de administradoras de inversiones.
Entre las restricciones planteadas, la propuesta prohíbe inversiones en empresas donde altos funcionarios del Gobierno y directivos de la CSS tengan participación accionaria directa o indirecta, o sean beneficiarios finales.
Esta limitación se extiende al presidente y vicepresidente de la República, ministros de Estado y sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Con estas medidas, los legisladores buscan fortalecer la transparencia y evitar posibles conflictos de interés en la administración de los fondos de reserva de la seguridad social.
