En medio de la crisis social que vive el país producto de tres semanas de duras protestas y una huelga, el presidente Laurentino Cortizo reapareció ayer jueves en Penonomé, Coclé, donde se gesta el diálogo de la mesa única que negocia con el Ejecutivo distintos temas, entre ellos, canasta básica, medicamentos, combustible y corrupción.
Allí, el mandatario anunció, entre otras cosas, que instruyó al ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro, para que presente en el próximo Consejo de Gabinete la derogación de las leyes 122 de 2019 y 314 de 2022, que otorgan incentivos turísticos. Estas normas han estado en el ojo de la tormenta, porque otorgan millonarios créditos fiscales a los inversionistas de proyectos desarrollados por un grupo de empresarios allegados al poder. Cortizo no dio detalles de cuándo se concretaría esa promesa. Para que la norma tenga un real alcance, el diputado independiente Juan Diego Vásquez explicó que debe quedar claro que se anulan los efectos de la misma. “Desde la Asamblea procuraré que quede claro que los beneficios tramitados u otorgados deben ser anulados”, dijo.
El presidente @NitoCortizo anuncia que solicitó al @MICIPMA presentar la derogación de las leyes 122 y la 314 referidas a incentivos para el sector turismo. #LaPrensaSecuestrada https://t.co/WjwITAzIZU pic.twitter.com/Kcuf4vMyg2
— La Prensa Panamá (@prensacom) July 21, 2022
En tanto, este jueves, después que el Ministerio Público ordenara la detención de dos personas que impedían el paso de la caravana con alimentos de Chiriquí a la capital por apología del delito, en Merca Panama se esperaba la llegada de la carga. En horas de la mañana, sin embargo, habían llegado siete camiones que lograron avanzar tomando una vía alterna para sortear los bloqueos de la Interamericana.
Canasta básica, primer tema del diálogo social
Desde Penonomé, Coclé, surgieron ayer jueves 21 de julio dos noticias relevantes relacionadas con la crisis social que vive el país desde hace tres semanas.
Primero habló el presidente de la República, Laurentino Cortizo. Lo hizo desde el hotel Coclé, flanqueado por sus ministros y otros miembros de su equipo de trabajo. Allí dijo que el Ejecutivo se uniría al diálogo para la salida de la crisis, donde una mesa única conformada por los grupos que han liderado las protestas están sentados desde el pasado martes 19 de julio.
Habló del subsidio al combustible (congelado en $3.25 el precio del galón) que entró a regir el pasado lunes 18 de julio, después de negociar con la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado (Anadepo), en Santiago, Veraguas. Manifestó que al congelar el precio se tendrá que efectuar un sacrificio presupuestario y recordó que esos recursos no se quedarán en el país, porque se pagarán a las petroleras. Dijo que ese subsidio era para la población más necesitada y pidió a los que tienen “carros finos” que se abstengan de usar el beneficio.
El anuncio más importante del gobernante llegó cuando informó que había instruido al ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro, para que presente en el próximo Consejo de Gabinete la derogación de las leyes 122 de 2019 y 314 de 2022. Estas normas han sido duramente cuestionadas porque otorgan millonarios créditos fiscales a proyectos desarrollados por empresarios allegados al poder.
No dijo nada referente al combate a la corrupción, ni a la posibilidad de tomar medidas de austeridad, ante los reclamos de la población sobre el despilfarro de los fondos públicos.
La mesa única
La otra noticia surgió en otra área de Penonomé, en el Centro Cristo Sembrador de la Diócesis de esa ciudad, donde opera la mesa única que busca la salida a la crisis.
Entre los enviados del Ejecutivo están los ministros Doris Zapata, de Trabajo; Luis Francisco Sucre, de Salud, y Maruja Gorday de Villalobos, de Educación, entre otros. Cortizo no acudió al Centro Cristo Redentor.
El diálogo arrancó con la discusión del primer tema: el costo de la canasta básica. Específicamente, su “rebaja y congelamiento sin afectar al productor nacional”. Este es uno de los ocho puntos acordados por los grupos que conversan. Además de Anadepo, participa la Alianza Pueblo Unido por la Vida, que aglutina al Sindicato Único de Trabajadores Organizados de la Construcción, la Asociación de Profesores y Convergencia Sindical, entre otros. También están indígenas de la comarca Ngäbe Buglé, del oriente chiricano, y movimientos ngäbe y campesinos de Panamá este.
La economista Maribel Gordón, en representación de las organizaciones, sustentó la propuesta. Habló de las distintas canastas de alimentos que se miden en el país y dijo que la aspiración es que exista una que tenga productos alimenticios sanos. Recordó que la pérdida del poder adquisitivo de los salarios e ingresos de la población en los últimos cinco años es del 30%. Por eso, la propuesta de estos grupos es que el precio de la canasta básica se rebaje en 30%. El Gobierno propuso un 15%.
Zapata habló en representación del gobierno. Aseguró que el propósito es llegar a conclusiones que permitan lograr los beneficios para los panameños. El mediador de este diálogo es el arzobispo José Domingo Ulloa.
“Hoy podemos decir, estamos en un momento histórico para deponer todo interés particular, para colocar en el centro a nuestro pueblo, para dar pasos seguros hacia la transformación, que todos hablamos, pero que en el accionar muy poco concretamos”, dijo Ulloa.
Además de la canasta básica, los otros puntos en discusión son: rebajar y congelar el precio del combustible y la reducción de los precios y el abastecimiento de medicamentos en la Caja de Seguro Social (CSS) y el Ministerio de Salud, sin privatizar.
También piden que el 6% del PIB sea para la educación, rebajar el costo de la energía eléctrica, discutir la situación financiera de la CSS, el combate a la corrupción y, por último, una mesa intersectorial y de seguimiento.
