Por segunda vez en lo que va del año, el Estado panameño será sujeto de una audiencia especial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, Estados Unidos.
En febrero pasado, el tema de la audiencia era la situación de la justicia; ahora, los derechos humanos.
Los peticionarios son los miembros de la Unión de Abogados y Abogadas Indígenas de Panamá, que van a Washington con la intención de que se conozcan los excesos cometidos por la policía durante las manifestaciones de julio pasado en Bocas del Toro, que dejaron un saldo de dos muertos y más de 700 heridos.
Héctor Huertas, de la Unión de Abogados y Abogadas Indígenas, informó que sus colegas Isidro Acosta y Samuel Carpintero ya están en la capital estadounidense para participar en la audiencia prevista para hoy, en el Salón Padilha Vidal, de 4:30 a 5:30 p.m.
Acosta y Carpintero estarán acompañados por Tácito Taylar y Alfredo Jiménez.
Taylar tiene más de 40 perdigones alojados en su cuerpo, producto de disparos de la policía durante los disturbios; Jiménez perdió la visión de ambos ojos por disparos de perdigón.
Huertas explicó que además preparan una demanda contra el Estado panameño, por violar los derechos humanos de los trabajadores e indígenas de Bocas del Toro.
“En este caso hubo detenciones arbitrarias, uso excesivo de gases lacrimógenos que pudieron ocasionar la muerte de varios niños, quienes presentaban afecciones respiratorias”, detalló.
También denunciarán “la falta de transparencia” en las investigaciones que adelanta el Ministerio Público, ya que hasta ahora no existen resultados de los expedientes abiertos por la muerte de los obreros Antonio Smith y Virgilio Castillo, quienes fallecieron a causa de disparos de perdigones hechos por agentes de la policía.
Un informe del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forense (Imelf) señala que no hay forma de identificar las armas que causaron la muertes de Smith y Castillo.
El Imelcf también reportó que la inhalación de gases tóxicos emanados de las bombas lacrimógenas lanzadas por la policía pudo haber causado la muerte de 5 de otros 10 fallecidos durante los disturbios –los cinco eran menores de edad– y cuyos decesos aparecen registrados, hasta ahora, como consecuencia de problemas pulmonares.
Huertas también anunció que durante la audiencia se denunciará la persecución y condena judicial a varios periodistas, así como las amenazas a la libertad de expresión debido a acciones del Gobierno.
El Ministerio Público mantiene abiertas tres investigaciones por los hechos registrados en Bocas del toro: uno por daños a la propiedad durante los enfrentamientos (la comisión investigadora designada por el Ejecutivo calculó las pérdidas en 40 millones de dólares); otro por la muerte de Smith y Castillo, y el tercero, por una supuesta conspiración organizada por dirigentes sindicales para atentar contra el Canal de Panamá.
Este último expediente se encuentra paralizado en la Fiscalía Auxiliar, tras la presentación de un incidente de controversia contra la orden de indagatoria girada contra el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción, Saúl Méndez, y otros dos dirigentes obreros.
La investigación se inició a raíz del testimonio de un supuesto “testigo protegido”, quien dijo que participó en una reunión en la que se planificaron acciones contra el tránsito de naves a través del Canal. Los obreros niegan estas acusaciones.
