“Nosotros consideramos que no solo es urgente sino esencial la aprobación de una ley de extinción de dominio que venga a complementar las otras herramientas jurídicas y procesales que se tienen para luchar contra la criminalidad organizada”.
Así lo reiteró este martes 24 de enero de 2023 el procurador general encargado de la Nación, Javier Caraballo, durante el Taller Nacional sobre Extinción de Dominio de Bienes Ilícitos, organizado por el Ministerio de Seguridad Pública.
En la actividad, Caraballo explicó que la extinción de dominio es una figura que permite al Estado, por la vía judicial y con todas las debidas garantías, perseguir los bienes de origen ilícito relacionados al crimen organizado. Esto, a fin de que le sean adjudicados al Estado su titularidad sin contraprestaciones ni compensaciones de naturaleza alguna.
Es decir, es una importante herramienta judicial que viene a complementar otras ya existentes contra la criminalidad organizada que ataca su principal fortaleza: su poder económico o fuente de financiamiento, precisó el procurador.
Caraballo puso como ejemplo el hecho de que una persona que se dedique a la delincuencia organizada transnacional o tráfico de drogas que fallece y deja sus bienes en manos de familiares. En este tipo de situaciones resulta “casi imposible” llegar a aprehender o quitar estos bienes ya no están en manos del autor y “no tenemos la posibilidad de lograr una sentencia condenatoria”. “Con esta ley de extinción de dominio, esas limitantes jurídicas desaparecen”, subrayó.
Asimismo, Caraballo se mostró confiado en que eventos como el de este martes logren “pulir un poco” el proyecto de manera tal que la Asamblea pronto pudiera aprobarlo. “La finalidad dl proyecto es loable, busca luchar contra la criminalidad organizada”, insistió.
Además del procurador encargado, en el taller estuvieron presentes el ministro de Seguridad, Juan Pino y la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López.
Varias organizaciones en el país que piden la discusión del proyecto de ley que establece la extinción de dominio en Panamá.
En un comunicado hecho público el pasado domingo, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá instó a la Asamblea Nacional a que debata la propuesta considerando sus “pros y contras” , con el propósito de que “podamos seguir avanzando” en el combate a la corrupción y la delincuencia organizada.
Este proyecto llegó al palacio legislativo en abril de 2021 pero los diputados lo han dilatado alegando que viola los derechos humanos, entre otros aspectos.
