El procurador general de la Nación, Javier Caraballo, aseguró que desde que asumió el puesto el 1 de marzo de 2021, no ha destituido a ningún fiscal a causa de algún fallo adverso en el poder judicial.
Sin embargo, argumentó que fue notificado de un veredicto de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, que condenó al Estado a indemnizar con $50,271 a un demandante supuestamente por la deficiente prestación del servicio de administración de justicia.
Aclaró que es la primera vez que sucede un caso de este tipo.
Caraballo explicó el asunto en una carta que remitió a la Asamblea Nacional, luego de que el diputado Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino, le enviara un cuestionario a través de la subsecretaría del Legislativo el pasado 4 de julio.
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Cedeño le consultó sobre la estabilidad de los funcionarios dentro del Ministerio Público, a propósito de la destitución de Zuleyka Moore y Adecio Mojica, fiscales anticorrupción.
Siete fiscales destituidos
Caraballo también respondió que desde que está en el puesto (marzo de 2021) ha desvinculado a un total de siete fiscales: cuatro superiores, dos de circuito y un fiscal adjunto.
¿La razón? Eran servidores adscritos a la Procuraduría General de la Nación con la categoría de servidores en funciones; es decir, no pertenecían a la carrera del Ministerio Público.
“Desde que asumí el cargo el 1 de marzo de 2021 he procurado que los funcionarios se mantengan dentro de la institución, organizando el Ministerio Público de forma estratégica. Se ha llegado a construir un equipo de 1,434 fiscales a nivel nacional (...)”, aseguró.
Las destituciones, añadió, no superan el 1 % del personal.
El pasado 28 de junio se dio a conocer que Caraballo ordenó la destitución de los fiscales Moore y Mojica, alegando que eran funcionarios de libre nombramiento y remoción.
Ambos formaron parte del equipo que investigó las coimas que Odebrecht repartió en Panamá, entre otros casos. A Moore, además, le tocó instruir el expediente por presunto peculado en la compra de nueve radares a la empresa italiana Selex, filial del grupo Finmeccanica, en la que se vinculó al exministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, hoy presidente de la República.
En la carta que mandó a la Asamblea, Caraballo afirma que ha sido “respetuoso del criterio jurídico de los fiscales”, quienes, añadió, toman sus decisiones en atención a los elementos de convicción que logran recabar en sus investigaciones.
Sin embargo, agregó, eso no impide que, como procurador general de la Nación, establezca parámetros para garantizar la unidad de actuación en todo el territorio nacional.
Exfiscales en la lucha
Tanto Moore como Mojica presentaron recursos de reconsideración ante Caraballo por sus destituciones.
Mojica presentó el recurso el pasado 4 de julio y se sustenta en el artículo 37 de la Ley 15 de 1941, Orgánica del Ministerio Público, norma que dice así: “Los agentes del Ministerio Público no podrán ser suspendidos en el ejercicio de sus funciones, sino en los casos y las formalidades que determine la ley, ni depuestos, sino en virtud de sentencia por delito o por falta grave contra la ética judicial”.
Moore, por su parte, alega que en su resolución de destitución no se presentan causales definidas por la ley y que solo se le atribuye ser una funcionaria de libre remoción y nombramiento.
El fallo de la Sala Tercera
Cuando Caraballo hace referencia al fallo de la Sala Tercera de la Corte que condenó al Estado a pagar $50,271 a un demandante “por la deficiente prestación del servicio de administración de justicia”, se refiere a un caso que gestionó la exfiscal Zuleyka Moore.
Sin embargo, ella se defiende. Afirma que la aprehensión de una finca objeto de litigio fue confirmada por un juzgado de primera instancia y por el Tribunal Superior. Más adelante, añadió, el caso llegó a la Corte vía un amparo de garantías constitucionales.
Luego de las destituciones de los fiscales anticorrupción, múltiples organizaciones ciudadanas condenaron el hecho. La Alianza Ciudadana Pro Justicia, que agrupa a una veintena de organizaciones, por ejemplo, calificó de “arbitraria” la decisión del procurador Caraballo. Pero el jefe del Ministerio Público mantiene su posición e incluso, en una ocasión, aseguró que “es una decisión tomada”.
