La Fiscalía Tercera Anticorrupción recibió de la Contraloría –la semana pasada– una auditoría sobre el proyecto del sistema de riego de Tonosí, en la que se involucra en serias irregularidades a dos extitulares del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA): Emilio Kieswetter y Óscar Osorio.
El informe, además de mencionar también a la excontralora Gioconda Torres de Bianchini en las anomalías, incluye entre las fallas la “ausencia de un estudio de factibilidad” del proyecto; y que el proceso de contratación de la empresa ni siquiera contaba con los terrenos para desarrollar las obras, a lo que se añade que tampoco existía disponibilidad presupuestaria para hacer los pagos.
Además, los auditores oficiales encontraron –tal como ya se ha visto en anteriores entregas– que los más de 30 millones de dólares que el Estado dio como anticipo para las obras iniciales del sistema de riego se usaron “en asuntos no relacionados con los gastos iniciales para la ejecución del proyecto”.
Más de 10 personas guardan medidas cautelares por este caso, incluyendo al empresario y exvicepresidente de la República Felipe Pipo Virzi, quien tiene detención domiciliaria por estas investigaciones.
LAS CARAS DEL ESCÁNDALO
La situación legal de dos exministros, así como para la excontralora Gioconda Torres de Bianchini, se complicará mucho más tras la presentación al Ministerio Público de un informe de auditoría –elaborado por la Contraloría General de la República– en el que sus nombres y el de otros más han sido vinculados a las irregularidades detectadas en el proyecto denominado riegos de Tonosí.
Cuatro auditores de la Contraloría presentaron el informe, que a su vez fue remitido a la Fiscalía Tercera Anticorrupción, a cargo de Zuleyka Moore, quien investiga el presunto pago de coimas a funcionarios del pasado gobierno, caso este por el que están detenidas, al menos, 11 personas, y en el que están involucrados, además, ejecutivos de la empresa Hidalgo & Hidalgo (H&H), encargada del fallido Proyecto Integral y Multipropósito para el Desarrollo Agropecuario del Valle de Tonosí, en la provincia de Los Santos.
La auditoría estuvo enfocada “a obtener y analizar la información relacionada con el proceso de contratación, ejecución y pagos del contrato No. DAL-003-2012, a fin de determinar si se dio con corrección o incorrección y la consiguiente existencia o no de un perjuicio económico al Estado; además de examinar el uso y destino de los fondos públicos otorgados como anticipo, y para constatar la ejecución de actos que revelen la falta de probidad o ventajas económicas derivadas de la celebración o ejecución del referido contrato”.
Este contrato -como se recordará- preveía el pago de un anticipo a Hidalgo & Hidalgo, correspondiente al 20% del monto total (unos 155 millones de dólares). Así pues, el Estado, de acuerdo con el contrato, hizo un adelanto de 31 millones de dólares, y luego de restarle el 50% del impuesto del ITBMS, el monto neto fue de 30 millones de dólares.
De esta cantidad, 22.6 millones de dólares “fueron utilizados [por Hidalgo & Hidalgo] en propósitos que no se relacionaban al uso establecido para este proyecto”, concluyeron los auditores de la Contraloría General de la República.
LOS INVOLUCRADOS
La Prensa tuvo acceso a un breve resumen de la auditoría, en el que un aspecto relevante fue el señalamiento de las personas involucradas en los hallazgos de la investigación.
Encabezan la lista dos extitulares del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA): Emilio Kieswetter y Óscar Armando Osorio Casal. A ellos se les une la excontrolora Torres de Bianchini.
Otros nombres que aparecen en el informe son Abdiel Atencio Tejedor, exjefe de Ingeniería Rural y Riego del Mida, quien fue beneficiado con un cheque de 20 mil dólares de parte del empresario Felipe Pipo Virzi.
También fue mencionado Francisco Iturralde Shailer, un asesor del exministro Osorio, nombrado coordinador general del proyecto, en reemplazo de Sebastián Peralta, quien también está mencionado en el informe.
La auditoría incluye a tres personas más: Víctor Riofrío y Lina María Tejera, esta última fue directora nacional de Administración y Finanzas del MIDA, así como Librada Domínguez.
Por parte de la empresa contratista, los auditores enumeran a dos responsables: al apoderado general de Hidalgo & Hidalgo, Marcos Alfredo Albán Crespo, también conocido en Honduras, donde es representante de la empresa Concesionaria Vial Honduras (COVI), comisionista de un corredor logístico por un monto de 500 millones de dólares, mediante un contrato firmado con 40 años de vigencia, el cual es calificado en ese país de
“leonino”.
El otro miembro de H&H es Juan Francisco Hidalgo Gemadensa, “en calidad de representantes legales de la empresa”.
LAS IRREGULARIDADES
La Contraloría detectó debilidades o fallas de control en el contrato y ejecución de las obras, entre las cuales mencionó expresamente las siguientes:“Ausencia de un estudio de factibilidad”; “proceso de contratación [de la empresa] sin contar con los terrenos para la ejecución de la obra”; el “uso del anticipo concedido a Hidalgo & Hidalgo, S.A., en asuntos no relacionados con los gastos iniciales para la ejecución del proyecto”; “falta de disponibilidad presupuestaria para efectuar los pagos”; “falta de avalúos para el establecimiento de las indemnizaciones de los terrenos” y “pagos de gastos administrativos no establecidos en el pliego de cargos”, entre otros.
La fiscal del caso ha citado en varias ocasiones al empresario y exvicepresidente de la República Felipe Pipo Virzi para que declare en torno a fondos que recibió –al menos unos 10 millones de dólares– de la empresa Hidalgo & Hidalgo, razón por la cual guarda detención domiciliaria.
Parte de esos fondos han ido a dar a cuentas de políticos y empresas vinculadas al expresidente Ricardo Martinelli.
