En un escrito titulado “No se equivoque, señor Presidente”, el abogado y activista Carlos Lee, miembro fundador de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, respondió a las declaraciones del presidente José Raúl Mulino durante su conferencia de prensa semanal del jueves 3 de octubre, en relación con las designaciones del Procurador General de la Nación y la Procuradora de la Administración.
Lee comienza con una precisión. De acuerdo con el Artículo 200, numeral 2, de la Constitución, corresponde al Consejo de Gabinete acordar con el presidente de la República sus nombramientos, los cuales están sujetos a la aprobación de la Asamblea Nacional. “Vale aclarar que esta facultad es compartida entre el Presidente y su Gabinete”, señala Lee, refutando así las palabras del mandatario, quien afirmó que esos nombramientos son “un derecho del Presidente, nombrar y nombré”.
El pasado 1 de octubre, el Gabinete, presidido por Mulino, designó a Luis Carlos Gómez como procurador general de la Nación y a Grettel Villalaz como procuradora de la Administración. Al día siguiente, durante su conferencia semanal y sin haber sido preguntado sobre el tema, el presidente comentó que a “algunos no les gustó” la designación de los procuradores porque no armó “toda la entelequia del Pacto por la Justicia, que ni es pacto ni es justicia”, haciendo referencia al Pacto de Estado por la Justicia.
Lee recuerda que, durante el gobierno de Martín Torrijos (2004-2009), se convocó a los órganos del Estado, a los procuradores General y de la Administración, a la Defensoría del Pueblo, al Colegio de Abogados y a la Alianza Ciudadana, “con el propósito firme de reestructurar y modernizar el sistema judicial panameño, para que sea independiente, transparente y eficiente. De lo dicho, señor Presidente, queda claro que sí se trata de un Pacto de Estado”.
“Fueron 27 acuerdos que son asumidos como compromisos de Estado, ya que los órganos del Estado los adoptaron más allá de la gestión de un gobierno particular. Tanto es así que todos los gobiernos subsiguientes, con la excepción del presidido por Ricardo Martinelli Berrocal, han sido consecuentes con el compromiso adquirido de mejorar la administración de justicia, desarrollando o ejecutando los compromisos señalados en el Pacto de Estado por la Justicia”, añadió Lee.
Al comentario del mandatario de que el Pacto “ni es justicia”, Lee aclaró que, en efecto, el Pacto de Estado no tiene el propósito de hacer justicia directamente, sino de “trabajar en el mejoramiento de la justicia, produciendo cambios importantes en su administración”. Entre los cambios que menciona el abogado se incluyen el nuevo Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, que incorpora el Sistema Penal Acusatorio.
“Entonces, señor Presidente, no se equivoque, pues sí existe un Pacto de Estado por la Justicia, que sí es pacto y ha contribuido al mejoramiento de la justicia panameña”, concluye Lee en su escrito.
La visión de la reforma judicial planteada por el Pacto de Estado por la Justicia es tener un sistema de administración de justicia transparente, independiente y eficiente, con funcionarios judiciales idóneos e imparciales que rindan cuentas de su gestión, mediante una evaluación eficaz que permita garantizar el cumplimiento del debido proceso legal, con una tutela judicial efectiva, expedita e igualitaria que genere confianza ciudadana en la justicia.
Tras la designación de los procuradores, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI), también reaccionó, señalando que, viniendo del círculo de confianza del presidente, Luis Carlos Gómez deberá “demostrar con sus acciones una de las cualidades más importantes para el ejercicio de la administración de justicia: la independencia”.
