A menos de una semana para la celebración del carnaval que organiza la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) este no solo corre peligro, sino que se han encontrado irregularidades en los procesos de la ATP para conceder una serie de contratos directos a fin de concretar el primer carnaval después de la pandemia, cuyo primer caso se detectó dos semanas después del carnaval 2020.
La Dirección de Procedimiento Excepcional de Contrataciones (DIPEC) ha denegado –varios de los contratos de la ATP –por falta de documentación de los oferentes– destinados a la organización del carnaval en la capital. Están suspendidos, en consecuencia, los contratos directos para la publicidad de la festividad, el contrato de los cisternas para los culecos, la construcción del trono y tarimas, así como la confección de los vestidos de la reina y princesas.
Una de las empresas cuestionadas es Servicios Integrales Ancor, a la que se le otorgó un contrato de $210 mil para promocionar los carnavales a través de Instagram y cuñas en medios radiales. Esta empresa fue querellada el pasado viernes ante la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).
En la denegación de la DIPEC –publicada en el portal gubernamental PanamaCompra– se observa que la ATP tampoco habría cumplido el trámite de solicitud de procedimiento excepcional a favor de Servicios Integrales Ancor. Ello, pese a que el 25 de enero pasado, el administrador de la ATP, Iván Eskildsen, solicitó a la Secretaría de Comunicación del Estado “el visto bueno y aprobación” para que, del total de contrato por $210 mil, a favor de Servicios Integrales Ancor, $24 mil se destinaran para la promoción del carnaval.
Esta solicitud de Eskildsen la hizo siete días antes de que Servicios Integrales Ancor le enviara su propuesta. Cuestionado sobre esta anomalía, el funcionario indicó que las propuestas llegaron en enero, pero que muchas de ellas “sufrieron ajustes”, sin detallar a qué se refería.
La DIPEC también advirtió que Servicios Integrales Ancor no habría entregado la documentación que declara que no tiene incapacidad legal para contratar con el Estado, firmada por el representante legal, y su certificación de no oferente con el Estado.
Una investigación de este medio detectó que, desde agosto de 2021 hasta la fecha, Servicios Integrales Ancor tiene prohibido hacer negocios, ya que esta sociedad está suspendida en el Registro Público. Sin embargo, Eskildsen justificó la contratación al indicar que “la empresa cumple con los requisitos que se exigía en el procedimiento excepcional”, lo que ha quedado en entredicho dada la denegación que hizo la DIPEC.
Querella
Esta cancelación contractual temporal de Servicios Integrales Ancor no es lo único que tiene que afrontar esta sociedad y la propia entidad. Este viernes 9 de febrero, la empresa Hei, Events and More, presentó una querella en contra de esta contratación ante la DGCP.
En el documento, la representante legal de Hei, Events and More, Cecilia Arosemena, a través de su apoderado legal, afirmó que la ATP “trasgredió su derecho” de obtener la contratación para brindar sus servicios en actividades del carnaval, pese a que entregó su propuesta a inicios de enero.
La ATP “controla la aplicación de normas adjetivas y sustantivas de forma temeraria y que tiene como resultado la afectación del derecho a las expresiones artísticas en los carnavales”, resalta la querella.
La ATP es cuestionada porque no habría cumplido con su misión de investigar que la empresa estaba suspendida en el Registro Público. Además, la querellante cuestiona que la ATP no inició con tiempo la contratación de las empresas, a pesar de que el Órgano Ejecutivo anunció desde diciembre pasado la celebración del carnaval.
En realidad, el anuncio de que habría carnavales en 2023 fue hecho por el presidente Laurentino Cortizo a finales de septiembre del año pasado, es decir, dos y tres meses antes de que la ATP empezara a recibir las propuestas de las empresas.
En la querella también se advierte que en el Informe Técnico Fundado, la ATP señala que Servicios Integrales Ancor es una empresa con “experiencia en eventos masivos”, pero su aviso de operación vigente fue extendido menos de tres semanas atrás, el 25 de enero pasado.
La querellante se pregunta si la falta de verificación de la ATP no se configuraría como un delito de inobservancia u omisión por parte de la entidad. Se pide a la DGCP, que acoja la “advertencia de ilegalidad” y se “ordene” a la ATP “rectificar” su contratación a Servicios Integrales Ancor.
Más empresas denegadas
Otros contratos directos denegados a la ATP fueron los entregados a Presol, S.A., Multiservicios G&AP, Imperio Plus y el de Niko´s Café. Entre los documentos que no habrían sido entregados por estas empresas están los relacionados a su acreditación de existencia que otorga el Registro Público, su certificado de no oferente, la declaración jurada sobre medidas de retorsión, entre otros.
Estas empresas tienen cinco días hábiles para subsanar la tramitación faltante, advirtió la DIPEC. Se desconoce cuál es el estatus de las otras dos empresas faltantes de los contratos otorgados por la ATP, debido a que sus contrataciones no fueron ubicadas por este medio en PanamaCompra.
