Una de las primeras decisiones del Gobierno de Laurentino Cortizo al llegar a la Presidencia de la República fue la de suspender, el 9 de julio de 2019, los concursos relacionados con la carrera administrativa, pero ahora de forma sorprendente y en pleno en año preelectoral, autorizó llevar ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley, para acreditar a 48 mil servidores públicos.
Se trata de un tema que llama la atención y genera cuestionamiento entre organizaciones de la sociedad civil, trabajadores estatales y exjefes de la Dirección de Carrera Administrativa.
Como se recordará, la Ley 9 de 20 de junio de 1994, por la cual se establece y regula la Carrera Administrativa, crea un sistema de administración de recursos humanos para estructurar, sobre la base de méritos y eficiencia, los procedimientos y las normas aplicables a los servidores públicos. No obstante, varios gobiernos han modificado esta norma o simplemente no la aplican.
Por ejemplo, durante la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014) hubo una polémica entre empleados públicos y el mandatario porque reformó la norma para sacar del sistema a trabajadores que estaban bajo el paraguas de la Carrera Administrativa.
Posteriormente, en 2015, la Corte Suprema de Justicia, luego de una demanda, obligó a restituir a estos trabajadores, lo que según el exdirector de la Carrera Administrativa (2014-2019), David Montenegro, se cumplió.
De hecho, el informe de gestión de la Dirección de Carrera Administrativa (2014-2019) da cuenta que a inicio de la gestión había 12 mil 126 trabajadores en ese sistema, mientras que en 2019, la cifra era de 22 mil 658, es decir, 10 mil 532 más.
En palabras de Montenegro la mayoría de los nuevos acreditados en el gobierno pasado se trata de aquellos que fueron sacados injustamente en 2009. “No se hizo de manera política como ahora con los 48 mil funcionarios”, dijo.
Recordó que en su gestión se impulsó la Ley 23 de 2017, la cual establecía un sistema de concursos, evaluaciones de desempeño y acreditaciones, sin embargo, la actual administración suspendió los concursos.
En esa misma línea se manifestó Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, quien subrayó que es realmente “sorprendente”, que la misma administración que suspendió la aplicación de la Carrera Administrativa al inicio de su gestión, ahora quiera a último minuto, acreditar 48 mil funcionarios. ”Esto sigue el patrón que se ha dado en varias leyes recientes, por ejemplo la Contraloría y la Asamblea Nacional, de disminuir los años de carrera de cuatro a dos, o de cinco a dos, y sin concursos, para dar estabilidad en las carreras de las instituciones”, apuntó.
A su juicio, esta desprofesionalización, amiguismo y falta de estándares y seriedad en el servicio civil, es uno de los esquemas clientelares que socavan la institucionalidad de las instituciones.
Por su parte, Alejandro Haynes, secretario general de la Federación Nacional de Servidores Públicos (Fenasep) señaló que resulta “sospechoso” que a menos de un año de que culmine la gestión de Cortizo se quieran acreditar a miles de nuevos servidores públicos.
En palabras de Haynes, ellos siempre abogan porque se acredite a los trabajadores, pero sin sesgos clientelistas o políticos, puesto que no es lo correcto. “Estamos ansiosos de conocer la propuesta de ley que quieren llevar a la Asamblea, ya que hay un secretismo sobre el tema”, puntualizó.
Además recordó que el tema de la Carrera Administrativa en estos cuatro años se encuentra abandonado. “Ellos suspendieron temporalmente el ingreso de los trabajadores al régimen de Carrera Administrativa, pero pasaron cuatro y ahora quieren blindar a 48 mil de sus colaboradores”, concluyó.
