El ex mandatario Ernesto Pérez Balladares recuperó de manera parcial su libertad ambulatoria, luego de que el fiscal especializado contra la Delincuencia Organizada, José Ayú Prado, que lo investiga por blanqueo de capitales junto con otras 11 personas, le ablandará las medidas cautelares impuestas desde el pasado 14 de enero.
El ex mandatario fue informado de ello la noche del pasado lunes, y a las 8:00 a.m. de ayer se notificó personalmente en el despacho de Ayú Prado, junto con su abogado Luis Cabezas.
Pérez Balladares volvió una hora después a su residencia, donde lo esperaba su esposa Dora, su hija Dorita, amigos y copartidarios, como el ex ministro Roosevelt Thayer; el ex director de la Policía José Luis Sosa; el ex presidente del Frente Empresarial del PRD Luis Barletta, y la tercera subsecretaria de ese partido Patricia Valenzuela, entre otros.
A media mañana, el ex mandatario salió al jardín y caminó sonriendo hasta donde estaban los periodistas que lo esperaban. Tras saludar, se alejó sin dar declaraciones.
Aunque se dijo que en algún momento iría a su oficina privada, en Calle 50, se quedó en su casa el resto del día.
En su oficina permanecían Eyda Achón y Rómulo Abad, también imputados en este caso.
En la noche, el ex mandatario cumplió con la tradicional cena familiar de los martes, en su domicilio. Desde las 7:00 p.m. empezaron a llegar sus hijas, yernos y nietos.
Al único visitante del día que no atendió el ex presidente fue a un funcionario del Órgano Judicial que, poco antes del mediodía, intentó notificarle del proceso iniciado en su contra como consecuencia de la querella que hace cinco años presentara el ex contralor Alvin Weeden, por delitos contra el honor. La audiencia está fijada para el 28 de junio.
Los agentes del Servicio de Protección Institucional que cuidan a Pérez Balladares impidieron que el notificador hiciera su trabajo.
Cabezas –que también representa a Pérez Balladares en este caso– dijo que leerá el expediente antes de notificarse.
Cabezas dijo estar “inconforme” con la actuación de Ayú Prado ya que, agregó, su cliente “ha cumplido a cabalidad” con lo ordenado por la fiscalía. “Pérez Balladares nunca se ha opuesto a comparecer y además no existe ningún peligro de que se quiera evadir de la justicia. Más bien está totalmente interesado en aclarar y demostrar su inocencia en este caso”, recalcó.
Cabezas sostuvo que las pruebas que aportó su representado en la ampliación de la indagatoria, el pasado 23 de marzo, fueron “determinantes” para que el fiscal decidiera poner fin al arresto domiciliario (aunque se le mantiene el impedimento de salida del país y no se le devolvió el pasaporte).
Según el abogado, la Unidad de Análisis Financiero “se salió de sus parámetros” al remitir un informe –que sirvió de base a la investigación que emprendió Ayú Prado– al Ministerio Público. Su testigo estrella será Victoria Figge, directora de la UAF en el gobierno de Pérez Balladares.
(Con información de William Sala y Eduardo Mendoza).
Los otros beneficiados por el fiscal
Ernesto Pérez Balladares no fue el único de los 12 imputados por el delito de blanqueo de capitales que resultó beneficiado, ayer, con modificaciones a las medidas cautelares impuestas por el fiscal especializado Contra la Delincuencia Organizada, José Ayú Prado.
También se atenuaron las medidas cautelares de Eyra Achón, secretaria privada del ex jefe de Estado, así como las impuestas a Henry Mon Woo, Vicente Calderón y Tomás González de la Barrera.
Los cuatro están implicados en este caso por aparecer como firmantes de las cuentas de Shelf Holding, propiedad del ex presidente y una de las tres sociedades investigadas por blanqueo de capitales.
A Calderón, Achón, Mon y González de la Barrera se les levantó la medida cautelar de reportarse ante el despacho de instrucción los días 15 y 30 de cada mes, pero se les mantuvo vigente la prohibición de abandonar el territorio nacional sin permiso de una autoridad competente.
Además, se les mantienen confiscados sus respectivos pasaportes.
Los restantes siete acusados en este caso Ricardo Caputto, Adelio Green, Jaime Espino, Jenifher Espino, Rómulo Abad, Saideth Ortíz y James David Tobiasson no tienen medidas cautelares.
Tobiasson es el único de los sindicados que aún no ha ampliado su indagatoria en estas averiguaciones penales.
