La Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa), pactó al menos dos nuevas liquidaciones “por mutuo acuerdo” para dos de sus funcionarios.
Una es por $303 mil 914 a nombre de Víctor González, quien figura en la planilla de la institución como director del Centro Nacional de Despacho, con salario de $7 mil 753.
González está en la entidad desde 1992. Probablemente es uno de los funcionarios que permaneció en el sector eléctrico después de la reestructuración del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE), que se convirtió en Etesa a través de la Ley 6 del 3 de febrero de 1997.
Su solicitud entró a la Contraloría General de la República el pasado 16 de diciembre, de acuerdo con información disponible en el Sistema de Seguimiento Control Acceso y Fiscalización de Documentos (Scadid), y salió de esa entidad el 19 de diciembre de 2024, pero sin refrendo. Actualmente, se encuentra en la Gerencia de Recursos Humanos de Etesa.
La otra liquidación es por $93 mil 639 a nombre de Dickson Rodríguez, quien figura en la planilla de la institución como director de Operaciones y Mantenimiento.
Rodríguez llegó a la entidad el 18 de julio de 2019, durante el gobierno de Laurentino Cortizo, y tiene un salario de $6 mil 314.
La solicitud de Rodríguez ingresó a la Contraloría el viernes 10 de enero y, hasta el momento de redactar esta nota, esperaba el respectivo refrendo.
La controversia
Las indemnizaciones en Etesa fueron noticia en junio de 2024, a pocos días de que el presidente José Raúl Mulino asumiera el control del país. Por aquellos días, se informó que al menos 14 funcionarios de Etesa serían liquidados y recibirían indemnizaciones que, en conjunto, sumaban al menos $1.6 millones.
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En la lista estaban Carlos Mosquera y Óscar Rendoll, quienes ejercían como gerente y subgerente, respectivamente. La liquidación de Mosquera alcanzaba casi $250,000, mientras que la de Rendoll ascendía a $306,615.
Los mutuos acuerdos fueron autorizados por la junta directiva de Etesa, que en ese momento incluía a Jorge Rivera Staff, quien era el ministro de Comercio e Industrias, y a José Simpson, quien ejerció como ministro de la Presidencia, entre otros.
Sin embargo, el exprocurador Rigoberto González advirtió que los mutuos acuerdos en las empresas mixtas (como lo es Etesa) son “jurídicamente inviables”. En medio del escándalo, el entonces contralor Gerardo Solís solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que determinara la legalidad de los mutuos acuerdos. ”Envié sin refrendo la consulta a la Corte Suprema para que decida si son o no legales los actos administrativos de Etesa, como me faculta la ley de la Contraloría”, indicó Solís en aquel momento.
En la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, el tema quedó en manos del magistrado Cecilio Cedalise. Hasta el momento, este magistrado no ha hecho pública su decisión sobre el caso.
En la actualidad, el gerente de Etesa es Roy Morales, mientras que Eric Salazar es el subgerente.
La junta directiva de la entidad está conformada por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, quien es el presidente; María Fábrega Sánchez, tesorera; junto a Juan Carlos Orrillac, ministro de la Presidencia, y Víctor Manuel Batista, representante de los trabajadores.
Mientras que el contralor, quien debe refrendar los pagos es Anel Bolo Flores, quien asumió el puesto el pasado 2 de enero.
Ley objetada
En medio del debate por este tema, la Asamblea Nacional aprobó la Ley 23, que pretendía impedir que los funcionarios jerárquicos de empresas del Estado cobraran una serie de beneficios como la prima de antigüedad, entre otros. Sin embargo, el presidente José Raúl Mulino la objetó.
En una carta que mandó a la presidenta de la Asamblea, Dana Castañeda, el mandatario advirtió que el proyecto es parcialmente “inconveniente” porque algunos de sus artículos vulneran derechos fundamentales de los servidores públicos y presentan incongruencias con otras leyes.
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