Una vez más, las tácticas dilatorias y la formalidad de la justicia quedan en evidencia en el caso Martinelli. Han pasado 23 días desde que, el 2 de febrero, la Corte Suprema de Justicia anunció que la Sala Penal no admitió la casación contra la condena de 128 meses de prisión al expresidente de la República por el caso New Business, y todavía el Tribunal Electoral (TE) no decide qué hacer con su candidatura presidencial.
En el medio están los ritos jurídicos: los edictos, las fechas, los sellos; y la poca transparencia del Poder Judicial para comunicar sobre las etapas del proceso.
Choque entre el Judicial y el TE
El último capítulo de esta historia ocurrió el pasado viernes, 23 de febrero, con el choque entre el TE y el Órgano Judicial. Todo empezó con una carta. El jueves 22 de febrero, el director de Asesoría Legal del TE, Rubén Darío González, le envió una nota a la jueza Baloisa Marquínez, preguntándole si la sentencia condenatoria ya está “en firme y ejecutoriada a la fecha”. Esto, con el propósito de inhabilitar a Martinelli de participar como candidato presidencial y a diputado, en los comicios del 5 de mayo próximo.
Entonces, el viernes, González acudió al despacho de la jueza en el Palacio de Justicia, con el propósito de conocer el estado actual de la sentencia.
“¿Ya está ejecutoriada esta decisión?”, le preguntaron los periodistas. González primero respondió que se habían percatado de que la Sala Segunda Penal fijó el Edicto 40 del 22 de febrero de 2024, en el que las magistradas Ariadne García (ponente), María Eugenia López Arias y Maribel Cornejo informan a las partes que se han rechazado “de plano, por improcedentes”, las solicitudes de Martinelli y otros condenados para que “aclaren” por qué no admitieron los recursos de casación.
Este documento deberá estar colgado en el mural de la Sala Penal por cinco días hábiles, a partir del pasado viernes. Aunque ya no caben más recursos u acciones legales contra la sentencia condenatoria, hay que esperar a que el referido edicto sea desfijado, lo que debería ocurrir el próximo viernes, 1 de marzo.
“¿Cómo interpretan esto?”, le consultaron. El funcionario contestó: “Nos hemos trasladado al despacho de la jueza Baloisa Marquínez, quien nos ha manifestado que, a esta hora, todavía la sentencia no se encuentra ejecutoriada. No está en firme”.
“¿Qué procede ahora?”, le volvieron a consultar. “Habrá que esperar la comunicación que tiene que hacer el propio tribunal a fin de que se surta lo que contempla la Constitución y la ley”, dijo González.
Al finalizar la tarde, el Órgano Judicial emitió un comunicado donde informó que Marquínez “jamás” atendió a la comitiva del TE y que el expediente se encuentra actualmente en el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, tal como se lo habían informado al TE en una carta, documento que fue recibido en el TE ese viernes, a las 8:51 a.m.
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— OJudicialPanamá (@OJudicialPanama) February 23, 2024
Poca transparencia
Pero el comunicado del Judicial no especifica qué sigue, ni si está o no ejecutoriada la sentencia, o cuándo lo estará. Algunas voces reclaman más transparencia en el proceso, tal como ocurrió en noviembre de 2023, cuando la ciudadanía esperaba el fallo de la demanda de inconstitucionalidad por el contrato minero. En ese momento, la Corte Suprema de Justicia incluso explicó las etapas con videos en los que el secretario general, Manuel José Calvo, daba claridad sobre el asunto.
“Así como lo hizo el poder a través de Secretaría General que nos decía sobre las etapas del caso del contrato minero, en este caso, lo mínimo que se debió hacer en un comunicado, es hablar sobre los avances del mismo y qué piensa hacer con respecto a ese fallo”, aseguró a este medio el abogado Ernesto Cedeño.
A su juicio, la Corte Suprema de Justicia debe informar al país para que haya calma, tranquilidad, y no se exacerban los ánimos, cómo con la incertidumbre que creó el mismo Tribunal Electoral, que por falta de información a la comunidad, un auxiliar de la justicia que es un abogado, empezó a emitir opiniones.
“Es un hecho público que el resultado de esta decisión va a afectar una candidatura y estamos a un tris de la elección, el poder judicial no puede ignorar ese hecho, y lo menos que puede hacer hoy es informar al país sobre en qué etapa está y haciendo va”, sustentó.
‘Culto’ al proceso
Abogados, ciudadanos, políticos, entre otros, se pronunciaron por el desencuentro entre las dos instituciones. Algunos de los cuestionamientos apuntan directamente al exceso de procesos.
El abogado Publio Cortés, por ejemplo, critica lo que llama “el culto sádico, egocentrista y malsano” que muchos abogados y operadores de justicia tienen por la forma procesal, lo que a su juicio es “uno de los graves problemas de nuestro sistema de justicia”.
#Panamá #ProcesalismoTóxico #Inhabilitación #TribunalElectoral
— Publio Cortés (@CortesPublio) February 23, 2024
He escuchado algunas explicaciones procesales para lo ocurrido hoy, alguna hasta razonable DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL DERECHO PROCESAL.
Sin embargo, la ocasión es propicia para cuestionar el culto sádico,… pic.twitter.com/od2QzIvYLy
Para Cortés, en este caso hay un hecho notorio: la casación contra la condena no se admitió y la sentencia fue rechazada. “Decir que necesitamos edictos de papel, oficios, sellos fríos y similares para ‘enterarnos’, es una interpretación totalmente anticuada del sistema jurídico, sobre todo de la normativa constitucional, que debe adaptarse a los tiempos en que se aplica. No existe ninguna acción constitucional, convencional ni recurso extraordinario procesal penal, que pueda suspender la firmeza o ejecutoriedad de la sentencia de condena. Como bien dijo el colega José Antonio Tejada Espino: ‘El resto es gresca política y debates distractores’”, sostiene.
Citó el artículo 215 de la Constitución que, entre otras cosas, dice que las leyes procesales se inspiran en la “simplificación de los trámites, la economía procesal y la ausencia de formalismos”.
En conversación con La Prensa, Cortés comentó que ha sido litigante toda su vida, pero observa un abuso. “Los abogados creen que ahora todo es procesal”, al igual que los fiscales y jueces. “Es un miedo a entrar en el fondo de las cosas. Incompetencia, cobardía o corrupción, pero no quieren llegar a tomar decisiones de derecho sustantivo (...)”, planteó.
Martinelli es el candidato presidencial del pacto político entre su partido Realizando Metas y Alianza. Sin embargo, el artículo 180 de la Constitución establece que no podrá ser elegido presidente ni vicepresidente de la República aquellas personas que tengan una condena por delito doloso de 5 años o más de prisión, mediante sentencia ejecutoriada.
El magistrado Alfredo Juncá, presidente del TE, dijo a este medio que el Tribunal Electoral no va a actuar antes de tiempo. “Vamos a respetar el debido proceso, y en el momento en que nosotros recibamos esta comunicación, de manera expedita y respetando el debido proceso, vamos a entrar a ver el caso”, manifestó.
Sigue el acoso judicial
Después de que el director legal del TE dijo que la sentencia no estaba en firme, el equipo legal y allegados de Martinelli celebraron. Uno de ellos fue su vocero, Luis Eduardo Camacho, quien anunció que el lunes 26 de febrero interpondrá una denuncia para que se investigue la actuación del director de asesoría legal del TE.
Amenazó con seguir con otras denuncias porque, a su juicio, no “hay ninguna justificación jurídica para que el Tribunal Electoral haga gestiones para que se envíe copia de una sentencia ejecutoriada (...)”.
Martinelli, por su parte, desde la embajada de Nicaragua, donde se atrincheró desde el pasado 7 de febrero, luego de autoproclamarse perseguido político, sigue opinando sobre su caso y la política local.
“Siempre hay un bobo que no sabe lo que hace y después llora por lo que pasa. Están pasados e irrespetan la ley como si no existiera”, escribió en reacción a la denuncia de Camacho, de que denunciará al funcionario del TE.
