CCIAP: recetas del diálogo agravarían los problemas

Con el reclamo del sector privado de que se le ha ignorado mientras se toman decisiones importantes en materia económica, el diálogo por Panamá entre el Ejecutivo y organizaciones de obreros, docentes y pueblos originarios concluyó la noche de este sábado 30 de julio los primeros cuatro de los ocho temas en agenda: canasta básica, combustible, medicamentos y educación.

Empresarios exigen participación

En horas de la mañana de este domingo 31 de julio la Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) aseguró, mediante un comunicado, que creer que es posible adoptar políticas económicas y comerciales sin la participación activa del sector privado no solo revela un profundo desconocimiento de cómo funciona la economía, sino que además sus efectos podrían ser diametralmente opuestos a los deseados.

Entre otros temas, el gobierno de Laurentino Cortizo se ha comprometido a la regulación de precio de 72 productos de la canasta básica; a fijar el precio de los combustibles en $3.25 el galón (que implicará un subsidio estatal); a regular el precio de 152 fármacos de la canasta básica de medicamentos y a destinar para 2023 el 5.5% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación.

Marcela Galindo De Obarrio, presidenta de la CCIAP, gremio que impulsa como contrapeso la Gran Alianza por Panamá, integrada por 120 organizaciones productivas y empresariales del país, aseguró que imponer figuras como control de precios, control de márgenes de ganancia y barreras comerciales, termina afectando no solo al sector privado y a los productores del país, sino a los propios consumidores.

Esas políticas, dice el gremio, producen desabastecimiento de productos; disminución en la oferta; desincentivos a la producción, y deterioro en la relación calidad-precio.

“Imperfecciones estructurales de fondo”

La CCIAP plantea que el sector empresarial es consciente de que existen problemas coyunturales que atender cuanto antes, “los cuales estamos dispuestos a abordar desde todos los espectros para plantear reajustes por parte de la empresa privada”. Asimismo, sustentan que desde hace años han señalado que el país enfrenta “imperfecciones estructurales de fondo que tienen que ser atendidas con un gran sentido de urgencia, con el fin de eliminar disparidades y lograr una sociedad más equitativa con acceso a oportunidades”. Agregan que el primer paso que se tiene que dar para eliminar estas desigualdades es atacar la corrupción a todos los niveles tanto públicos como privados, terminar con los privilegios y la falta de transparencia.

Durante la mesa del diálogo han prevalecido las críticas a los oligopolios y al funcionamiento del “modelo económico” panameño, especialmente lanzadas por los economistas de la Alianza Pueblo Unido, Maribel Gordón y William Hugues.

Citaron reiteradamente el artículo 284 de la Constitución que permite al Estado “regular por medio de organismos especiales las tarifas, los servicios y los precios de los artículos de cualquier naturaleza, y especialmente los de primera necesidad”.

Respecto a las críticas del tipo de política económica que se impulsa desde el diálogo, Jorge Quintero Quirós, administrador general de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), dijo este domingo 31 de julio en una entrevista con Telemetro que él cree que el control de precios no es lo mejor. De hecho, la visión de Acodeco, declarada en su página web, es “la promoción de los mercados libres” en atención al hecho de que el artículo 298 de la Constitución también mandata que el “Estado velará por la libre competencia competencia económica y la libre concurrencia de los mercados”.

Quintero dice, sin embargo, que no hay que olvidar que que los decretos (al menos tres ya se han publicado en Gaceta Oficial) que han surgido “son producto de una mesa de diálogo que busca la paz social” y que estas medidas serían temporales.

Este funcionario participó activamente como parte del equipo de Gobierno en el diálogo. Allí el Ejecutivo se comprometió a impulsar una reforma a la Ley 45 de 31 de octubre de 2007 que creó la Acodeco, anteriormente conocida como Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor. Se pretende darle mayor poder coercitivo.

El receso

La Iglesia católica, que facilita el diálogo entre el equipo del Gobierno y de la Alianza Pueblo Unido por la Vida, la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado y Bastión de Lucha del Oriente Chiricano, comarca Ngäbe Buglé y Campesinos, informó que la mesa única ha entrado en un receso hasta las 5:00 p.m. del próximo 3 de agosto.

Cuatro temas quedan en la agenda acordada con estos grupos, que protagonizaron las protestas, cierre de calles y la huelga docente desde el pasado 6 de julio, en reclamo por el creciente alto costo de la vida en el país.

Temas pendientes de alta sensibilidad

Los siguientes temas, acordados previamente en la mesa que se instaló en Penonomé el 21 de julio, serían: “Rebaja de la energía”, “discusión del tema de la CSS”, “corrupción y transparencia” y “mesa intersectorial y de seguimiento”.

Pese a los reclamos del sector privado tanto los facilitadores como el Ejecutivo y su contraparte han coincidido en que el sector productivo entraría en una segunda fase de este diálogo. No han precisado condiciones ni fecha.

Ulloa espera que las conversaciones que tienen lugar en el centro católico Cristo Sembrador puedan concluir el viernes 5 de agosto. Pero a la luz de la experiencia de los primeros cuatro temas, cuyo debate tomó nueve días corridos, el tiempo se podría prolongar. Además, el tema de la CSS, que ya ha generado roces con sectores sociales, es muy amplio y sensitivo por su impacto en la vida de varias generaciones y en la economía. Por ejemplo, en lo relativo a las pensiones el Ejecutivo creó una mesa, la cual terminó paralizada debido al pedido de un informe a la Organización Internacional del Trabajo sin una fecha límite. Sin embargo, el acuerdo en educación, ha abierto el camino para resolver uno de los temas más apremiantes: la suspensión de la huelga docente, que afecta a 840 mil estudiantes.