En el centro de la disputa, la liberación de un barco

En el centro de la disputa, la liberación de un barco


La administradora de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), Diana Araúz, acusó ayer a Kriss Poveda, ex directora nacional de Inspección, Vigilancia y Control, de intentar “desestabilizar” la institución que preside. “Se nota en su manera de expresarse que está molesta y dolida por su destitución”, dijo Araúz.

Poveda denunció que la administradora de la ARAP la despidió el pasado 16 de junio por no ser “facilitadora de los usuarios” de la ARAP. Durante su gestión, Poveda impuso unas 150 multas por violación a la ley de pesca.

Sin embargo, según denunció Poveda, la administradora de la ARAP le reclamó la cantidad de multas impuestas e, incluso, ordenó la liberación de un barco (Cruz del Sur) retenido por violar la ley que no permite el aleteo de tiburones. Poveda retuvo ese barco, le suspendió la licencia de pesca y navegación, y le impuso una multa de 564 mil dólares.

Araúz, sin embargo, tras reunirse con el dueño de la embarcación ordenó su liberación, según denunció la funcionaria despedida.

Por este caso, la Fiscalía Primera Anticorrupción abrió un proceso contra Araúz por supuesto delito contra la administración pública.

Araúz aseguró que la orden de dejar partir el barco Cruz del Sur fue dada por Poveda. Sin embargo, este diario accedió a un documento de la ARAP –fechado el 4 de febrero de 2010– en el cual Poveda deja por escrito que la orden de liberar el barco, a pesar de que el proceso aún estaba abierto, fue de la administradora de la ARAP.

En su defensa, Araúz dijo que el proceso contra el barco siguió y que, finalmente, tras una apelación de la empresa, la sentencia y la multa quedaron en firme. Pero ocurre que al dejar ir el barco, el Estado no tendrá forma de cobrar la penalidad.

La polémica por la destitución de Poveda coincide con la visita de una delegación de la Unión Europea (UE), que se encuentra evaluando los avances del país en el plan de lucha contra la pesca ilegal.

El 3 de febrero la UE levantó el embargo que pesaba sobre los productos pesqueros panameños por no cumplir con los requisitos impuestos por la UE. Uno de los reclamos se centró en que Panamá no implementó el seguimiento satelital de sus barcos, un asunto que llevó a Poveda a prohibir la salida de puerto de 17 embarcaciones, una medida que luego de su destitución modificó Araúz.

Fundación MarViva, preocupadaLa fundación ambiental MarViva afirmó ayer estar “sumamente preocupada” por los supuestos actos de corrupción dentro de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, que provocaron el despido –el 16 de junio pasado– de la directora nacional de Inspección, Vigilancia y Control, Kriss Poveda.

“Para nuestra organización es fundamental que las autoridades deslinden responsabilidades, pues lo que está en juego es la sostenibilidad de los recursos marinos y costeros de Panamá y de la región, de los cuales dependen millones de personas en el mundo”, destacó Gabriela Etchelecu, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro.

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