En cada pasillo, en cada esquina, en cada despacho, se contaba una historia distinta. Caras largas, lamentos, reclamos, molestia y rostros que aparecían en el Legislativo por primera vez. Era lunes 14 de abril de 2025, día de pago para los cerca de 4 mil funcionarios de la Asamblea Nacional, órgano que preside la diputada oficialista Dana Castañeda.
Pero esta vez el proceso no sería como de costumbre. En lugar del depósito electrónico, los funcionarios debían cobrar a través de cheques. Era una medida poco habitual, impulsada por el contralor Anel Bolo Flores, como parte de una estrategia para detectar a las célebres “botellas”: personas que cobran sin trabajar, un mal del que la Asamblea ha sido señalada durante años.
La escena se daba en medio de una auditoría que la Contraloría General de la República realiza actualmente a las planillas 001 y 002, que contienen al personal permanente y eventual, correspondientes al período entre 2020 y diciembre de 2024.
Los pasillos y corredores de los cinco pisos donde están ubicados los despachos de los 71 diputados estaban llenos de gente. Eran decenas de personas.
Los funcionarios de la Contraloría se desplazaban primero a los despachos, en el edificio conocido como el “nuevo” de la Asamblea. Tocaban puertas, pedían las listas de personal y luego se dirigían a la oficina de Control Fiscal, ubicada en el antiguo edificio legislativo. Allí retiraban los cheques y regresaban a los despachos para entregarlos, uno por uno, a los funcionarios presentes.
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Las quejas no tardaron en multiplicarse. Alfonso fue uno de los primeros en alzar la voz. Contó a este medio que lleva 23 años trabajando en la Asamblea y jamás había vivido algo parecido. Cuestionó el nuevo sistema de pago, al que calificó de “poco eficiente”. “Después de que hacen la lista, van a la oficina de Control Fiscal y luego suben con los cheques. Eso es una locura”, afirmó.
‘No somos botellas’
Pero mientras los veteranos del Palacio Justo Arosemena se quejaban del método, otros rostros, hasta entonces invisibles, hicieron su primera aparición. La caza de las botellas los había sacado de su escondite.
“En mi oficina aparecieron cinco personas que nunca había visto”, relató una funcionaria que prefirió el anonimato por temor a represalias.
Al diputado Luis Duke, de la coalición Vamos, le llamó la atención la cantidad de gente que apareció en áreas comunes. “Increíble, yo nunca había visto tanta gente como la he visto hoy. El lunes pasado estaba tranquilo. No había bulla. O hay bastante gente. Es más, a mí se me dificultó estacionarme cuando llegué y no entendía qué era lo que estaba pasando”, narró.
Duke calificó el pago a través de cheques como un “ejercicio importante” para determinar quiénes realmente están trabajando en la Asamblea.
Por los pasillos también se vieron desfilar a exdiputados y exfuncionarios de gobiernos anteriores que están en la planilla legislativa, pero que de acuerdo con funcionarios de la propia Asamblea, rara vez aparecían en las oficinas parlamentarias.
Uno de ellos fue el exgobernador de Coclé, Julio Palacios, militante del Partido Revolucionario Democrático (PRD). Otro fue el exdiputado Miguel Salas, antiguo miembro del Partido Panameñista que en la campaña pasada saltó a las filas de Realizando Metas, el partido del expresidente Ricardo Martinelli.
Otro que se observó en el edificio del Legislativo fue al exalcalde de Dolega, Magin Moreno, del Partido Panameñista. Al igual que la exdiputada perredista María Chelita Delgado y su copartidario Carlos Motta, otro exdiputado.
En la zona también estaba el exdirector de Pasaportes, Omar Ahumada. Sin embargo Ahumada dijo a La Prensa que 18 años de ser funcionario de la Asamblea y forma parte de la carrera legislativa. “Voy a trabajar todos los días”, añadió.
Cerca de las 10:30 a.m., el silencio tenso que había marcado el inicio del día se quebró. Los ánimos estallaron. Los pasillos se llenaron de gritos, aplausos y coros con tono de consigna: “¡Unidad, unidad!”, “¡Sin lucha no hay victoria!”, “¡No somos botellas!“, coreaba un grupo de funcionarios mientras recorrían los corredores del Legislativo en protesta contra la medida de la Contraloría.
Al frente de la marcha iba Karina Connell, presidenta de la Asociación de Empleados de la Asamblea Nacional. “Sin ninguna instrucción legal nos están pagando por cheque. A esta hora, Contraloría no ha pagado ni al 75% de la institución. No se dan abasto”, aseguró. Y envió un mensaje al contralor Flores: “Usted no manda dentro del órgano del Estado. Los trabajadores no tenemos por qué sentir el acoso y la persecución que usted nos impone el día de hoy”.
Dana Castañeda, presidenta del Legislativo, también se unió al reclamo. “Le exigimos respeto. No han tenido la capacidad de llevar a cabo una entrega de cheques digna, así que le pido a la Contraloría que revise y replantee la estrategia, porque hoy está humillando a los funcionarios”, dijo la diputada coclesana desde los pasillos cercanos a su oficina en el quinto piso.
La actividad laboral se paralizó. Los funcionarios aguardaban por los cheques o comentaban los pormenores del día en las zonas de tránsito entre oficinas.
Testimonios bajo el sol
En las zonas colindantes que dan paso a los edificios legislativos, el sol brillaba y el calor no daba tregua. Funcionarios iban y venían, algunos aguardaban en las áreas abiertas. Un grupo de ocho hombres que dijeron trabajar en el área de mantenimiento esperaba su pago con cara de pocos amigos. Uno de ellos, en tono de broma, dijo que debía pagar ocho pensiones alimenticias. Otra funcionaria le explicaba a personal de la Defensoría del Pueblo que su hija estudiaba en Portugal y debía hacerle una transferencia urgente. “Aquí la gente está muy cabreada”, dijo.
Algunos vaticinaron que los próximos días serán de paralización total. Que no habrá trabajo. Que entrarán en huelga. Hubo quienes incluso hablaron de la buena fortuna de la exdiputada perredista Cenobia Vargas. Contaron que, por ser allegada del presidente del PRD, Benicio Robinson, entró a la planilla de forma exprés. Y que desde que se anunció la auditoría, se le ha visto con mayor frecuencia por la Asamblea. “El contralor sabe quiénes son las botellas. Que las busque directamente”, sostuvo una funcionaria con 20 años en la institución.
Agregó que quienes “dañaron” la carrera legislativa fueron los diputados Crispiano Adames y Jaime Vargas, ambos del PRD. Adames presidió la Asamblea entre 2021 y 2023; Vargas, ficha política de Robinson, lo hizo entre 2023 y 2024.
En efecto, la Ley 353 de 2023, que modificó la Ley 12 de 1998 sobre la carrera legislativa, propuesta por el perredista Raúl Pineda, estableció un procedimiento especial para que cualquier funcionario con al menos dos años en la planilla permanente pudiera ingresar a la carrera legislativa “sin necesidad de concurso”. Esto blindó la permanencia de miles de funcionarios, muchos de ellos vinculados al PRD.
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A las 2 p.m., Alfredo Ramos (nombre cambiado a petición del entrevistado), quien trabaja en el despacho de un diputado, no había recibido su cheque. En la mañana, los auditores de la Contraloría le preguntaron por varios nombres de supuestos trabajadores del despacho que, según dijo, no reconoce. “Será que trabajan en el circuito”, sugirió.
La guerra fría Contraloría-Asamblea
En medio de la guerra fría entre la presidenta de la Asamblea, Dana Castañeda, y el contralor Anel Flores, la Contraloría emitió un duro comunicado. Acusó a Castañeda de promover el “acoso” contra los auditores encargados de la entrega de cheques.
“Lamentamos profundamente que, luego de expresar su compromiso con el adecentamiento de la Asamblea, la presidenta de este órgano del Estado hoy recorra sus pasillos promoviendo el acoso a colaboradores de la Contraloría y obstaculizando el pago de sus prestaciones. En lugar de incitar este tipo de acciones, debería explicarles que lo que hoy hacemos responde a un compromiso con la institucionalidad y con el bienestar del país”, se lee en el documento.
Fuentes legislativas contaron a este medio que al menos cuatro diputados se enfrentaron verbalmente a los auditores. Les reclamaron, en duros términos, por la auditoría, la entrega de cheques y la fiscalización.
En 2024, la Asamblea Nacional destinó 89.8 millones de dólares al pago de salarios para funcionarios permanentes y eventuales. El informe oficial indica que al cierre del año pasado había 4,783 personas en la planilla legislativa.
Sin embargo, en la tarde de ayer la Contraloría compartió la cifra actual: 4,019 personas están en la planilla legislativa. Están distribuidos de la siguiente manera: 973 corresponde al personal transitorio y 3,046 están en el renglón de personal fijo. Esto le cuesta a las arcas del Estado $7,095,692.00 por mes, lo que al año implicaría un total de $85,148,304.00.
La cacería de botellas apenas comienza.
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