El cierre de una mina a cielo abierto es tan importante como su apertura. No obstante, en Panamá hay ejemplos que no cumplen con esa premisa: las minas Santa Rosa y Remance, en Veraguas, así como Petaquilla Gold, en Coclé.
Se trata de una advertencia que no solo hacen ambientalistas, sino autoridades locales y especialistas conocedores del tema minero. En esos tres casos, una vez pasa la bonanza, los pueblos quedan sumidos en la miseria y el abandono, y con un legado de daño ambiental.
Precisamente, este es uno de los debates nacionales que toma fuerza en momentos en que se define el futuro del contrato entre el Estado y Minera Panamá, la cual tiene una concesión de 12,955 hectáreas en Donoso, Colón, para explotar cobre.
Lagos abandonados
En el caso de Santa Rosa, en Cañazas, se desarrolló una operación a cielo abierto desde mediados de 1996 hasta agosto de 1999, período durante el cual produjo 100 mil onzas de oro. Problemas operacionales y presupuestarios afectaron el proyecto entre 1997 y 1998, en parte por unas fuertes lluvias que cayeron en la zona.
Durante uno de esos temporales ocurrió un desastre ecológico sin precedentes: en junio de 1998, las tinas de la mina se desbordaron y la tóxica mezcla de cianuro y agua se dirigió hacia los ríos y quebradas de esa región. Luego de eso, la mina fue puesta en pausa y mantenimiento; finalmente, fue cerrada a principios de 2000, cuando el precio del oro bajó.
Enselmo Peña, alcalde del distrito de Cañazas, en entrevista con La Prensa, señala que una buena parte de la población de esa región rechaza ese proyecto minero.
“La gente no quiere minería. Estamos en contra de la mina. En 1998 las tinas se desbordaron y afectaron la quebrada Corozal. No hubo un cierre ordenado de esa mina”, dijo el alcalde.
Algo parecido ocurrió en Coclé, en la comunidad de Coclesito, con Petaquilla Gold. En este caso, la empresa recibió una concesión en 1997. Lo que fue el centro de atención de las exportaciones de oro panameñas, que alcanzaron los $200 millones entre 2011 y 2013, hoy es también un paraje solitario, abandonado.
El sitio, cerrado desde 2013, se ha vuelto un peladero. Incluso, el Ministerio de Ambiente (Miambiente), en conjunto con el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), ejecutó un plan de rescate ecológico con el objetivo de que no ocurriera lo mismo que en Santa Rosa con las tinas de relave. Tal propuesta ambiental costó al menos $1.5 millones.
Sin embargo, se trató de un paliativo, puesto que en 2016, las entonces autoridades de Miambiente calcularon que la recuperación de esa zona boscosa y la eliminación de la contaminación estaría costando unos $30 millones.
La evaluación
En el año 2019, a solicitud del gobierno panameño, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) contrató al Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD, por sus siglas en inglés) para evaluar la preparación y la capacidad de Panamá en implementar el Marco de Políticas Mineras del Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (IGF).
Dentro del informe se menciona en las recomendaciones que Panamá, sus autoridades y la ciudadanía en general deben tomar conciencia de la importancia de tener proyectos mineros que contemplen un cierre y post cierre con los más altos estándares internacionales.
“Ante nada, todo país que pretenda desarrollar una minería sustentable debe tener una legislación y normativa clara y precisa respecto a las obligaciones de las empresas mineras respecto al cierre y post cierre del proyecto minero”, dice el documento.
También agrega que el no contar con dicha normativa específica redundará, sin duda, en el aumento de los pasivos ambientales y sociales mineros.
“El país no podrá hacerse cargo por sus altos costos, lo cual se puede evitar con una legislación clara al respecto. El cierre y post cierre de un proyecto minero es parte del mismo proyecto y deben estar incluidos dentro de los costos de inversión del proyecto”, indica.
En ese contexto, reiteró que la legislación y normativa del cierre y post cierre deben contemplar necesariamente la obligación de que las empresas mineras que pretendan desarrollar un proyecto de esa categoría en el país dejen una garantía financiera adecuada que cubra todas las inversiones y costos del cierre y post cierre del proyecto.
Iniciativa de oenegés
En Panamá, varias oenegés dieron el primer paso en este tema. Al respecto, el Comité Panameño de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), a través de las organizaciones de sociedad civil que lo integran, y ante el reciente establecimiento de la moratoria por plazo indefinido para el otorgamiento de concesiones para actividades de minería metálica en Panamá, a través de la Ley 407 de 2023, conformaron una “mesa técnica de trabajo para el cierre de minas”, que tiene el propósito de informar, acompañar, monitorear y vigilar los procesos de cierre de la actividad minera metálica en el país, en cumplimiento de las disposiciones legales.
“Estamos atentos a la espera del fallo de la Corte Suprema de Justicia que decidirá el destino del contrato de concesión minera aprobado por la Ley 406, pero al mismo tiempo no podemos ser indiferentes a la reducida experiencia en procesos de cierre de actividades de minería que ha tenido nuestro Panamá”, señalan en un comunicado.
Para Ricardo Wong, presidente de Promar, es necesario contar con una hoja de ruta que, desde una perspectiva técnica, aporte al seguimiento y observe el cumplimiento de las acciones para garantizar que el cierre de la actividad de minería metálica en el país siga los protocolos y cumpla con las medidas adecuadas.
En palabras de Wong, este no es un proceso sencillo, puesto que el cierre correcto de una mina puede tomar entre 10 y 20 años, dependiendo de su extensión.
“No tenemos la institucionalidad para manejar estos temas de cierres de mina”, dijo.
Por su parte, el Centro de Incidencia Ambiental (Ciam) también ha planteado que el Mici se ha mostrado incapaz de implementar planes de cierre y que minas como Santa Rosa, Remance y Petaquilla Gold son una muestra de ello.
En cuanto a sus compromisos, Minera Panamá ha manifestado que evaluará, diseñará, construirá, operará y cerrará instalaciones de acuerdo con las prácticas de ingeniería sólidas, el cumplimiento de las políticas de la compañía y todas las leyes aplicables que prevén la protección razonable del medio ambiente, nuestros empleados, contratistas y el público.
De hecho, argumentan que el nuevo contrato contempla un plan de cierre y post cierre de la mina, un plan de reforestación en áreas impactadas y fuera de ellas, la transición de la planta de carbón a una planta de energía renovable y el pago por el uso del agua, que supera los $2 millones (no se especifica si el monto es anual), cumpliendo con estándares internacionales.
