Cita impostergable: los candidatos presidenciales frente a la justicia

Cada candidato a la presidencia de la República tuvo su cita con la justicia, aquel asunto que, a primera vista, puede parecer abstracto, pero que a diario influye sobre la vida del ciudadano, desde las calles de los barrios populares hasta los principales tribunales del país.

Desde el pasado 29 de enero, la Comisión de Estado por la Justicia convocó a cada uno de los aspirantes a la silla presidencial para someterlos al escrutinio público sobre sus perspectivas en materia judicial y, en particular, su postura con respecto al Pacto de Estado por la Justicia. Este pacto, que tuvo su génesis en 2005, tiene como fin mejorar la administración de justicia.

La mayoría de los candidatos coincidió en que se deben reformar temas puntales de la Constitución Política de la República, como la discrecionalidad del presidente o los requisitos para escoger a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). También se refirieron al crimen organizado y su influencia en la política y la justicia.

Primer entrevistado

José Gabriel Carrizo, el candidato de la alianza que integran los partidos Revolucionario Democrático y Movimiento Liberal Republicano Nacionalista, fue el primero en acudir a las entrevistas en las que hubo representantes de la Procuraduría de la Nación, Procuraduría de la Administración, Colegio de Abogados, sociedad civil, entre otros.

Entre sus propuestas, Carrizo planteó modificaciones a la Constitución, a través del método de dos asambleas en diferentes quinquenios: este y el próximo. Las reformas constitucionales apuntarían a aspectos relacionados con la selección de los magistrados de la CSJ, las funciones de la Asamblea Nacional (AN) y la “prevención” de la intromisión del Órgano Ejecutivo en las actividades de otros poderes del Estado.

En lo relacionado al Legislativo, dijo que el fin sería redefinir los roles de los diputados, mientras que en el Judicial, su interés sería discutir los criterios de asignación de presupuesto, evitar la investigación cruzada entre diputados y magistrados, y establecer más claramente el proceso psicométrico y moral de la elección de los magistrados.

Retomar el Pacto

Tras Carrizo, le correspondió el turno al aspirante a la silla presidencial por el Partido Popular, Martín Torrijos, quien se comprometió a relanzar y reforzar el Pacto de Estado por la Justicia y establecer nuevas metas que den garantías al cuidadano de que hay un sistema de justicia transparente.

“También toca revisar y mejorar temas como el Sistema Penal Acusatorio. Nos toca revisar lo que ocurre con los jueces de paz porque hay un descontento”, apuntó.

El expresidente dejó sobre la mesa una inquietud: “El crimen organizado ha penetrado la institucionalidad y es preocupante. Necesitamos un mecanismo de inteligencia que nos permita enfrentar el crimen organizado internacional y lo que ocurre dentro del país”.

Asamblea constituyente

Rómulo Roux, candidato presidencial de la alianza de los partidos Cambio Democrático (CD) y Panameñista, insistió que la mejor vía para introducir cambios a la Constitución es a través de una asamblea constituyente.

Entre las modificaciones que Roux propone a la Constitución está cambiar el mecanismo de escogencia de los magistrados y el juzgamiento “cruzado” que hay ahora mismo entre la Asamblea Nacional y el Órgano Judicial, en el que los diputados procesan a los magistrados y viceversa.

“Cualquier cambio a la Constitución que requiere negociar con los diputados no va a ser el que el país necesite. Por eso nosotros hablamos de un cambio por la vía de la constituyente, porque eso no requiere que haya una negociación con la Asamblea”, agregó.

‘Cambios profundos’

Mientras que el candidato presidencial por el Movimiento Otro Camino (MOCA), Ricardo Lombana, planteó que su propuesta para mejorar el sistema de justicia en el país pasa por hacer cambios profundos a la Constitución.

En palabras de Lombana, se debe disminuir el tamaño de la Asamblea Nacional de 71 a 31 diputados, cambiar los requisitos para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia y reducir la discrecionalidad del presidente de la República.

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En caso de no lograr mayoría en la Asamblea, Lombana subrayó que el Ejecutivo tiene la facultad de hacer una consulta al pueblo en la que se harían varias interrogantes. Una de ellas es si el país quiere una Asamblea Nacional de 31 diputados o más pequeña, si se desea la segunda vuelta electoral o si se limita la creación de corregimientos y circuitos.

Los candidatos independientes

Por su parte, el candidato por la libre postulación, Melitón Arrocha, propuso una reforma constitucional que se centre en aumentar el presupuesto mínimo asignado al Órgano Judicial del país del actual 2% a un mínimo del 5% de los ingresos corrientes del gobierno central.

Mientras que la también candidata por la libre postulación, Zulay Rodríguez, expresó que el fortalecimiento de los jueces de paz será uno de sus principales compromisos.

Maribel Gordón estaba programada para asistir este miércoles a la entrevista de la Comisión de Estado por la Justicia, pero el encuentro no se concretó. Se informó que fue pospuesto para el próximo miércoles 28 de febrero.

Para Carlos Lee, presidente de la Alianza Ciudadana Pro Justicia y uno de los entrevistadores, dijo que la mayoría de los candidatos han propuesto reformas puntuales a la Constitución y su compromiso con el Pacto de Estado por la Justicia.

A juicio de Lee, dos de los principales desafíos con la administración de justicia es garantizar su autonomía financiera y que el proceso de juzgamiento de magistrados y diputados se cambie, para que no haya influencia política. Además, sostuvo que “no se ha tomado en serio” la infiltración del crimen organizado en los Órganos del Estado.

Ohigginis Arcia Jaramillo

Subeditor Sociedad