El estallido social que se vivió en Panamá en julio pasado, producto del alto costo de la vida y de la poca credibilidad en las instituciones del Gobierno, dejó en evidencia la urgencia de trazar una hoja de ruta para el combate a la corrupción.
De hecho, agrupaciones de la sociedad civil enfocadas en esfuerzos anticorrupción han puesto sobre la mesa varias fórmulas e iniciativas para abordar el tema. Ayer miércoles 17 de agosto, la mesa de diálogo que sesiona desde Penonomé, Coclé, empezó a debatir lo concerniente a la transparencia y el combate a la corrupción.
Se trata del séptimo tema de la lista acordada por los grupos que están sentados en la mesa, y luego de discutir lo concerniente a la rebaja del combustible, la canasta básica, la educación, el alto costo de los medicamentos, la crisis de la Caja de Seguro Social y el costo de la energía. En los dos últimos temas no se alcanzaron acuerdos.
La Coalición por Panamá, que nació en medio de la crisis social de julio pasado, conformada por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Movimiento Independiente, Espacio Cívico, Movimiento Panamá Joven, Centro de Iniciativas Democráticas, Ciudadanía Activa, Movimiento Ciudadano Anticorrupción, Jóvenes por la Transparencia y Civitas Panamá, aunque no participa en el diálogo, tiene una serie de propuestas. Por ejemplo, a corto plazo, sugieren una auditoría a la planilla estatal con el propósito de que se logre un servicio público eficiente, así como eliminar las consultorías que no estén alineadas con proyectos de desarrollo. Además, proponen eliminar el uso discrecional de fondos públicos para esquemas de política clientelista, privilegios, prebendas y gastos injustificados de funcionarios.
En esa lista también incluyen reestructurar los programas de subsidio bajo criterios estratégicos y piden transparentar y restringir la asignación de fondos destinados a la publicidad del Estado.
“Mucha de la crisis que ha tenido un papel protagónico con esta explosión social es producto de los esquemas corruptos que terminan haciendo que los fondos que son de todos sirvan nada más a unos cuantos, o a pequeñas contingencias de grupos económicos”, aseguró Olga De Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana.
El pasado 21 de julio, el presidente Laurentino Cortizo anunció al país que para hacerle frente a los compromisos adquiridos en materia presupuestaria, como el subsidio al combustible y la rebaja a la canasta básica, se pondrían en marcha medidas de austeridad. No anunció medidas puntuales para acabar con el elevado gasto público para funcionamiento.
En los seis primeros meses del año, los gastos totales del sector público no financiero superaron ampliamente los ingresos. El escenario es el siguiente: los gastos totalizaron $7,498.2 millones, un aumento de 1.1% respecto al ejercicio anterior, mientras que los ingresos sumaron $5,578.3 millones, un incremento de 7.8%, lo que implica un déficit fiscal de $1,919.9 millones, inferior al registrado en la primera mitad de 2021.
Hasta ahora se desconoce cómo avanza la prometida reducción del 10% de la planilla estatal, una de las medidas que anunció el presidente Cortizo para acallar los reclamos ciudadanos que apuntaban al despilfarro en el Gobierno. El gasto de la planilla del sector público aumentó 30.7% en los últimos cuatro años, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República. De $3 mil 627 millones que se destinaban al gasto anual de funcionamiento en diciembre de 2017, en 2021 el acumulado en salarios de los 12 meses saltó a $4 mil 739 millones.
La transparencia según el gobierno
Sin embargo, en el Ejecutivo aseguran que están haciendo las cosas bien. Al menos así lo planteó Carlos García, viceministro de la Presidencia, ayer miércoles 17 de agosto en la mesa de Penonomé. Ponderó la transparencia del gobierno de Cortizo, recordó que este gobierno solo ha reformado la Ley 22 de 2006 de contrataciones públicas una vez (en 2020), en comparación con las 9 veces que se reformó en otros gobiernos. También alabó el manejo que esta administración le dio a la pandemia por la covid-19, y recordó que también este gobierno tuvo que lidiar con dos potentes huracanes en 2020. Ensalzó el método de escogencia de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y apuntó que el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, disminuyó significativamente el presupuesto del Ministerio de la Presidencia, luego de que desmontara una estructura de oficinas que dependían de esa cartera.
El viceministro también ponderó las compras “transparentes” del gobierno. “Todas las compras fueron publicadas en el portal Panamá Compra”, manifestó.
Al cierre de esta edición, García seguía exponiendo en la mesa de Penonomé.
La propuesta para el combate a la corrupción de los grupos que paralizaron el país en julio pasado tiene tres puntos: asamblea constituyente originaria que posibilite un nueva Constitución, la creación de la mesa única contra la corrupción y del consejo de auditoría social y seguimiento de los acuerdos.
