En el país de los escándalos, la corrupción abrió el segundo debate presidencial rumbo a las elecciones del 5 de mayo próximo.
Constituyente en los primeros días de mandato, constituyente originaria para “nacer de nuevo”, declaración de bienes patrimoniales y de interés para todos los funcionarios, recortar el presupuesto de la Asamblea Nacional y fortalecer el del poder judicial, una ley de extinción de dominio. Estas fueron algunas de las propuestas expuestas por los hombres y mujeres que aspiran a comandar el país a partir del 1 de julio de este año.
Todo eso en un contexto complejo: Panamá cayó en el Índice de Percepción de la Corrupción, un expresidente de la República fue condenado por lavado de activos y otro espera juicio por el mismo delito. En los gobiernos locales, hay alcaldes y representantes de corregimiento, sentenciados por corrupción, pero ninguno está tras las rejas.
Maribel Gordón y Zulay Rodríguez, candidatas por la libre postulación, hablaron de proponer una constituyente originaria.
Gordón evitó responder cómo asegurará que en Panamá no se copiarán los patrones de corrupción de Venezuela, Nicaragua y Cuba. “En Panamá hay corrupción porque hay impunidad. Tenemos que resolver este tema”, manifestó sin mencionar propuestas concretas.
Rodríguez sacó su libreto de siempre. Habló de la evasión, de la fuga de divisas, de los monopolios. ¿La cura? La constituyente originaria.
Melitón Arrocha, candidato de la libre postulación; Ricardo Lombana, del Movimiento Otro Camino (MOCA); y Rómulo Roux, de la alianza entre Cambio Democrático (CD) y el Partido Panameñista; coincidieron en varios temas: disminuir el tamaño de la Asamblea Nacional, erradicar “las botellas” y en propone una ley de extinción de dominio para los bienes de origen ilícito.
La Asamblea es la institución del Estado con más asesores: cuenta con 412 asesores, lo que cuesta $14.4 millones al año, de acuerdo con datos de la Contraloría General de la República. Mientras que un proyecto de ley sobre extinción de dominio está engavetado en el Legislativo desde abril de 2021.
Arrocha también planteó acabar con la descentralización paralela, uno de los mayores escándalos de corrupción del gobierno de Laurentino Cortizo. Entre junio de 2021 y mayo de 2023, la Autoridad Nacional de Descentralización desembolsó al menos $260 millones a juntas comunales y municipios, gobiernos locales liderados por influyentes diputados del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD).
El candidato que también tiene el respaldo del novato Partido Alternativa Independiente Social, además prometió una norma para evitar que los casos de corrupción prescriban y auditorías aleatorias.
Lombana apunta a eliminar el fuero penal electoral y a sacar a Panamá del Parlamento Centroamericano. Actualmente, varios políticos mencionados en casos de corrupción aspiran a lograr un escaño en ese foro centroamericano con las elecciones del 5 de mayo. Mientras que el fuero, por ejemplo, retrasó durante varios meses la investigación a Ricardo Martinelli por el caso New Business, causa por la que fue condenado a 128 meses de prisión.
El abanderado de MOCA también propone instaurar una agencia nacional de investigación de casos de corrupción.
“No tengo compromisos ni pactos con nadie”, dijo Lombana.
José Gabriel Carrizo, el candidato presidencial del PRD, propuso reformas a la Constitución a través de dos asambleas. Roux le refutó. “Eso implica sentarse a negociar con los diputados”, dijo.
Carrizo, actual vicepresidente de la República, también dijo que la corrupción se combate con el fortalecimiento de la columna vertebral de la democracia: la justicia. “Esta administración, con valentía, se ha separado de las prácticas de los gobiernos anteriores que no solamente actuaban con corrupción, con grandes sobrecostos, sino que también utilizaban su influencia para decidir a dedo a quién investigar y a quién no”, manifestó. Propuso “digitalizar los procesos” para evitar la discrecionalidad del funcionario público.
Martín Torrijos, el candidato presidencial del Partido Popular (PP) y el mandatario (2004-2009) que trajo a Odebrecht a Panamá, empresa que repartió al menos $100 millones en coimas en Panamá, prometió que en su gobierno no se otorgarán contratos a empresas corruptas.
Además, está en sus planes crear una oficina para auditar las declaraciones de los funcionarios. También habló de instaurar sistemas de compras apostando a la tecnología. Torrijos, quien abandonó el PRD en enero pasado, dijo que en Panamá, las concesiones mineras estaban a la venta. Torrijos, al igual que Roux y Lombana, también prometió reducir el tamaño de la Asamblea Nacional.
A diferencia del primer debate (26 de febrero pasado), en esta ocasión las preguntas las hicieron 60 jóvenes con edades entre 18 y 35 años. Se utilizó el método conocido como town hall o público participativo.
