Combate a la corrupción, una realidad a paso lento

Combate a la corrupción, una realidad a paso lento


Panamá registró “modestas mejoras” en el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción 2022 que, como su nombre lo indica, analiza la eficacia con la que se enfrenta este flagelo.

El estudio, elaborado por American Society/Council of Americas y Control Risks, publicado ayer martes, señala que Panamá “tuvo un crecimiento del 9% en su puntuación global, pasando del noveno puesto en 2021 al séptimo en 2022″.

Panamá está por debajo de Uruguay, Costa Rica, Chile, Perú, República Dominicana y Argentina, que se ubican en los primeros lugares al obtener altas puntuaciones. Con menos puntos están Colombia, Ecuador, Brasil, Paraguay y México. Mientras que Guatemala, Bolivia y Venezuela tuvieron las puntuaciones más bajas. Estos 15 países, en conjunto, representan el 92% del Producto Interno Bruto de América Latina.

Según el informe, se considera “que los países con una puntuación más alta tienen más probabilidades de que los actores corruptos sean enjuiciados y sancionados. La impunidad continua es más probable en los países con menor puntaje”.

El índice, que toma en cuenta a Panamá por tercera vez, no mide los niveles “percibidos de corrupción”, sino que evalúa y clasifica a los países en función de la eficacia con la que combaten la corrupción. La puntuación máxima es 10.

Se basa en tres categorías: capacidad legal, democracia e instituciones políticas, y sociedad civil y medios de comunicación. A su vez, estas categorías se dividen en 14 variables.

Sobre Panamá se plantea que el país “experimentó ligeros avances en las tres categorías, mejorando sobre todo en las variables que evalúan los procesos legislativos y de gobierno, las comunicaciones digitales y redes sociales, y eficiencia judicial”.

Por ejemplo, destaca el seguimiento a investigaciones anticorrupción, al igual que la recolección de firmas para la revocatoria de mandato del alcalde de la ciudad de Panamá, José Luis Fábrega.

La idea de empujar un proceso de revocatoria a Fábrega es promovido por la ciudadanía. El Tribunal Electoral (TE) reportó que hasta el 20 de junio pasado a las 11:59 a.m. se habían recolectado 17 mil 71 firmas. Para que el TE puede convocar un proceso de revocatoria al alcalde capitalino se necesitan 198 mil 920 en un plazo de cuatro meses. El último día para recoger firmas es el 18 de agosto.

Los tropiezos

En el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción 2022 se recuerda que el gobierno de Laurentino Cortizo dio un paso atrás en materia de transparencia al emitir la Resolución No. 71 del 4 de agosto de 2021, con la que restringió el acceso a los registros de las actas del Consejo de Gabinete por un período de 10 años.

El documento menciona “la inmunidad judicial que recibió en marzo pasado el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014)”. Esto coincide con el fallo emitido el 22 de marzo pasado por los magistrados del TE Heriberto Araúz y Alfredo Juncá, que decidió mantener el fuero electoral penal al exgobernante y, por tanto, de momento no podrá ser procesado por los casos New Business y Odebrecht.

El informe, de 43 páginas, también indica que para muchos ciudadanos a lo largo de América Latina la lucha contra la covid-19 aún sigue y los problemas económicos como la inflación, ahora agravados por el conflicto de Rusia con Ucrania, han tomado prioridad sobre la corrupción.

“Muchos gobiernos de la región han relegado las reformas anticorrupción como una prioridad menor”, dice el análisis.

Precisamente, a comienzos de este mes el presidente Cortizo vetó el proyecto de ley que buscaba castigar el conflicto de interés en el sector público. Esa iniciativa pretendía que los funcionarios de alto perfil de los tres poderes del Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) presentaran una declaración jurada de intereses particulares cada año.

En conclusión, el informe detalla que el objetivo del índice no es “avergonzar o discriminar a los países”, sino fomentar un debate basado en políticas públicas, ayudando a los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado a identificar –mediante datos y una metodología sólida– las áreas de éxito y las deficiencias que deben abordarse.


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