A través de la firma Cortés, Cortés, Molino & Asociados, la exministra de Trabajo y Desarrollo Laboral Alma Cortés habría recibido dinero de empresas que en el pasado gobierno obtuvieron contratos con el programa Mi Primer Empleo, fondos con los que presuntamente compró varias propiedades.
Así lo revela la auditoría efectuada por la Contraloría General de la República al patrimonio de la exfuncionaria, investigación que detectó, además, que la dirigente de Cambio Democrático no podría justificar $2.5 millones.
La auditoría revela, por ejemplo, que a través de la empresa Servicios Múltiples Empresariales se destinaron $637 mil al citado bufete de abogados, dinero que habría sido usado por Cortés para abonar a la compra de una casa de playa en Fontanella del Mar, San Carlos, que costó $255 mil; y para la adquisición de una residencia en Royal Country, cuyo valor es de $369 mil.
El mencionado bufete también recibió otros $548 mil de parte de Moreno
Law Firm, que también habrían costeado bienes de la exfuncionaria.
VINCULACIÓN
Dineros de fundaciones y abogados vinculados a empresas que obtuvieron contratos del programa Mi Primer Empleo, en 2011, presuntamente fueron depositados a cuentas de la firma Cortés, Cortés, Molino & Asociados, cuya representante y firmante es la exministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) Alma Cortés, quien estuvo a cargo del extinto programa.
Lo anterior se desprende del informe de auditoría elaborado por la Contraloría General de la República que estimó en $2.5 millones el posible enriquecimiento injustificado de la exministra.
La auditoría que comprendió el periodo entre el 1 de julio de 2009 y el 31 de mayo de 2015 se originó en junio de 2015 tras una publicación del diario La Estrella de Panamá, que informó sobre bienes y propiedades de la exministra.
La investigación de la Contraloría determinó que la exministra recibió sumas de dinero por $815 mil, las cuales no fueron consideradas como ingresos de la exministra por no existir una justificación razonable de su procedencia o no hay evidencia de su recepción.
FONDOS DE MI PRIMER EMPLEO
Entre esos dineros, la auditoría destaca $32 mil de la Fundación para el Desarrollo Humano y Ambiental (Fundehuma) que fueron a parar a la firma Cortés, Cortés, Molino & Asociados en la que la exministra es firmante de la cuenta.
Detalla el informe que Fundehuma obtuvo dos contratos: el 125 y 126, en 2011, correspondientes a Mi Primer Empleo por un total de $334 mil 920. La fundación era representada por Eric Alvarado Santos.
Los contratos eran para un curso de inseminación artificial de ganado bovino ($169 mil 920) y otro para electricidad residencial básica ($165 mil).
Dichos contratos, precisa la auditoría, fueron pagados a Fundehuma por el Mitradel mediante cheques emitidos en octubre, noviembre, y diciembre de 2011. El 7 de noviembre de ese año, Mitradel hizo dos pagos: uno por $67 mil 968 y otro por $50 mil 976 como parte de los referidos contratos.
Ese mismo día, 7 de noviembre de 2011, precisa la auditoría, la fundación giró de su cuenta bancaria en el BBVA un cheque por $16 mil al “portador”, el cual fue endosado por Michell Herrera y depositado el 8 de noviembre de 2011 a la cuenta bancaria de Banistmo a nombre de la sociedad Cortés, Cortés, Molino & Asociados.
Así mismo, el 7 de diciembre de 2011, Fundehuma emitió otro cheque por $16 mil al “portador”, el cual fue a dar a la cuenta de la firma de abogados vinculada a la exministra Cortés, señala el documento. En el reverso del cheque consta, al igual que el anterior, que el cheque fue endosado por Michell Herrera.
Otro de los aspectos que revela la investigación de la Contraloría, es que Michell Herrera es firmante junto con la exministra Cortés de la cuenta de Cortés, Cortés, Molino & Asociados y fue nombrada por la extitular del Mitradel en dicha entidad como Directora General de Empleo, con un salario de $2 mil mensuales.
Para la fecha en que fueron girados los dos cheques a favor de Fundehuma, Herrera era funcionaria del Mitradel, y persona de confianza de la exministra, dice el informe. A pesar de las pruebas obtenidas, los auditores destacan que no incluyeron en la investigación estos $32 mil como recursos obtenidos por Cortés.
OTROS VÍNCULOS
La auditoría menciona el nombre del abogado Rubén Darío Moreno Magdaleno, señalado como el que controla un grupo de personas jurídicas “que a lo largo del informe aparecen como intermediarios o facilitadores de cuentas bancarias en las que se receptaron dineros que posteriormente, mediante cheques y transferencias, fueron canalizados directamente a cuentas bancarias, a la adquisición de bienes inmuebles y al pago de tarjetas de crédito relacionadas a la señora Alma Cortés y a personas jurídicas vinculadas a ella por un monto de $1 millón 322 mil 815, conforme a las evidencias recopiladas hasta la conclusión de esta auditoría”.
En la noticia publicada por La Prensa el 19 de junio de 2011, titulada: “Mi Primer Empleo: formación con sabor de clientelismo oficial” se informó que la empresa Vale Holding International obtuvo dos contratos del mencionado programa: uno por $170 mil y otro por $163 mil.
Resulta que Vale Holding International reportó como dirección la firma de abogados Moreno Law Firm, ubicada en el edificio La Exitosa, calle 45, Bella Vista, la cual es presidida por Rubén Darío Moreno Magdaleno, quien fungió entre 2003 y 2005 como abogado de las empresas del expresidente Ricardo Martinelli.
A pesar de que en la noticia de La Prensa como en entrevista dada a Telemetro, el 21 de junio de 2011, Cortés negó cualquier vínculo con las empresas que obtuvieron los contratos de Mi Primer Empleo, en la auditoría se destaca que Moreno Magdaleno “es una persona de confianza y muy cercana a la exministra”.
Moreno Magdaleno es presidente, representante legal y accionista de Servicios Múltiples Empresariales; es representante legal de Moreno Law Firm y es suscriptor, director y representante legal de Business Management Adviser, S.A. (antes Franquiciataria Ranchera, S.A.).
A través de la sociedad Servicios Múltiples, señala la auditoría, se canalizaron $637 mil que fueron destinados para la firma Cortés, Cortés, Molino & Asociados; además para depósitos, abono a compra de la casa de playa Fontanella del Mar, y a la residencia en Royal Country. También se usaron para pagos a cuentas de tarjetas de crédito de la exministra.
Agrega el documento que de la sociedad Moreno Law Firm se canalizaron otros $548 mil también para el bufete de abogados de la exministra; además de un abono para la casa de playa en Fontanella del Mar y otra partida para la compra de apartamentos en P.H. Rokas.
También de Business Management Adviser, S.A. se condujeron $136 mil para la referida firma de abogados así como para la Fundación Ramimar, con el fin de efectuar abonos a la compra de la casa de playa de la exministra en San Carlos valorada en $255 mil.
‘LAS COMIS’
La auditoría indica que Alma Cortés, siendo titular del Mitradel, entre 2010 y 2011 suscribió con la sociedad ROR Services, S.A. tres contratos dentro del plan de de Mi Primer Empleo, por un total de $447 mil.
Según consta en la página de Panamá Emprende del Ministerio de Comercio e Industrias, la citada sociedad inició operaciones el 1 de febrero de 2009 y su presidente es Rodny Romero.
En pago por los contratos Mitradel desembolsó el 14 de febrero de 2011 dos cheques: uno por $48 mil y otro por $42 mil a favor de ROR Services, S.A.
Luego de los depósitos indicados en el párrafo anterior, ROR Services, S.A. giró de su cuenta bancaria [23 de enero 2011] un cheque por $9 mil 935.75 y otro [25 enero de 2011] por $10 mil 093.46 ambos a favor de Business Broker, cuyo firmante es Rubén Darío Moreno Magdaleno.
Indica el informe que en el reverso de uno los cheques a favor de Business Broker se escribió la abreviatura “Comis”, y en el otro cheque apareció la abreviatura “Comis CTTO 176”, numeración que coincide con la del contrato Num. 176-2011 suscrito por ROR Services, S.A. y Mitradel por Mi Primer Empleo.
La auditoría precisa que otros seis cheques de ROR Services, S.A. en el Banco General, que totalizan $74 mil 071.25, tenían en el anverso las siglas “Comis” y “Canc. comis” escritas a máquina.
DINEROS SIN EVIDENCIA
De acuerdo con su declaración de bienes patrimoniales final emitida el 9 de julio de 2014, la exministra Cortés señaló haber recibido para los años 2011 y 2013 utilidades como socia de Cortés, Cortés, Molino & Asociados la suma de $237 mil 998.44., aproximadamente, cuando estaba de licencia con sueldo.
Según el informe de la Contraloría, lo declarado por Cortés en su declaración de bienes patrimoniales final, “no coincide con el contenido de la declaración Jurada de Rentas presentada por dicha sociedad, pues en los nexos de dichas declaraciones, a la que tuvimos acceso mediante inspección ocular en la Dirección General de Ingresos, se observa que en el renglón denominado “distribución total de utilidades a Socios” que para los períodos 2012 y 2013, la sociedad no distribuyó utilidades, por lo que mal pudo la señora Alma Cortés recibir las mismas de parte de Cortés, Cortés, Molino &Asociados”.
La auditoría también dice que la firma de abogados declaró ante la DGI que la exministra Cortés solo tuvo participación en la distribución de utilidades en los años 2010 y 2014 por montos que totalizan $37 mil 950.32; sin embargo, en la auditoría no se encontraron elementos que validaran que esas utilidades hayan sido desembolsadas por la firma.
Las ganancias que la exfuncionaria afirma haber recibido de su bufete por $237 mil tampoco fueron declaradas como “honorarios por Servicios Profesionales” en las declaraciones juradas de rentas correspondientes a los años 2012 y 2013, que ella presentó ante la DGI como persona natural, precisó la Contraloría. Agrega el documento que en esos años la declarante solamente reveló los salarios y gastos de representación que devengó como ministra de Estado.
Este medio contactó ayer a Alejandro Pérez, abogado de Cortés en este caso, para consultarle sobre los hallazgos de la Contraloría reportados en esta nota. Esta fue su respuesta: “No tengo ningún conocimiento. No tenemos copia, no tenemos acceso. Además, el contralor mintió dice que nosotros hicimos descargos, eso es falso”. “Yo presenté el poder y pedí copia en la Contraloría, porque en la Procuraduría tampoco han dado informe de nada. Lo cierto es que si nos permiten a nosotros tener acceso al expediente nosotros podemos dar explicaciones y hacer los descargos. Falta ver si lo que se ha publicado es cierto, porque nosotros no tenemos conocimiento de nada.
Ellos han violado la ley, la declaración jurada notarial es un documento restringido y protegido por la ley (...)” .
(Con información de Olmedo Rodríguez).
Cortés: tengo más de $2 millones en tierras
El 14 de abril de 2016, encargados de la auditoría seguida por la Contraloría a la exministra de Trabajo Alma Cortés, hicieron una diligencia para entregar personalmente a la exfuncionaria una nota de comunicación para que formulara las aclaraciones o aportara pruebas que ella considerara necesarias sobre el resultado de la auditoría.
La diligencia se hizo en las oficinas de la firma Cortés, Cortés, Molino & Asociados, ubicadas en el Edificio Vallarino. Indican los auditores en su informe, que fueron recibidos por la propia Cortés, quien estaba acompañada de Crecencio Arosemena, a quien identificó como contralor del bufete. Se procedió, comentaron los auditores, a entregarle a Cortés la nota para que la firmara y sustentara el posible enriquecimiento injustificado en $2 millones 587 mil 929.28.
“Al leer el contenido, la señora Cortés subrayó a lápiz la cuantía indicada en la nota [$2 millones 587 mil 929.28] al igual que la frase sobrepasan los declarados o los que probablemente superan sus posibilidades económicas; manifestando que se acababa de enterar que era millonaria y seguidamente nos preguntó si sabíamos que ella tenía más de dos millones en tierras antes de ser ministra, ya que ella se dedica a la ganadería y a la reforestación”.
Manifestó a los auditores que se trataba de una persecución política y que en este caso pasaría lo que le ocurrió al exministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino y al exviceministro Alejandro Garuz, “quienes están presos y todo está ya aclarado”. Señala el informe que, seguidamente la exministra preguntó quiénes eran los funcionarios de la Contraloría que firmarían la auditoría, por lo que la funcionaria Miriam Vásquez se identificó. “Cortés se dirigió a ella preguntándole tres veces, de manera amenazante, si estaba segura de lo que iba a firmar pues [aseguró que] ella va a proceder legalmente en su contra”.
