En el año 2017, México estableció un Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción, un grupo de cinco ciudadanos del mundo académico y del activismo anticorrupción, que ejercería una veeduría social sobre las entidades estatales encargadas de prevenir y luchar contra la corrupción en el país azteca. El comité tenía la facultad de pedir informes, hacer recomendaciones no vinculantes y tomar una posición de liderazgo en la formulación de políticas públicas anticorrupción.
Ese mismo año en Panamá, se estableció un observatorio ciudadano anticorrupción como parte del “Tercer Plan de Gobierno Abierto 2017-2019″. El observatorio nació enfocado en tres áreas: las contrataciones públicas, la administración de justicia y la gestión parlamentaria.
Ahora, producto de la mesa única del diálogo de Penonomé, se acordó establecer un comité nacional ciudadano para la lucha contra la corrupción, integrado únicamente por los actores sociales que forman parte de la mesa y sin la presencia de instituciones públicas. El gobierno del presidente Laurentino Cortizo había ofrecido la conformación de la comisión interinstitucional de seguimiento a políticas públicas anticorrupción.
Lo más curioso de la propuesta del gobierno es que, según reconoció Elsa Fernández, directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, ya su institución cuenta, según el mandato de la ley, con una Comisión Interinstitucional de Políticas Públicas Anticorrupción, lo que se parece muchísimo a lo que estaba proponiendo el gobierno en el diálogo de Penonomé; en otras palabras, la propuesta gubernamental consistía en lo mismo que ya existe, aunque sea en papel.
El rol ciudadano
Originalmente, las tres alianzas sociales en la mesa única del diálogo habían propuesto una comisión de la verdad sobre la corrupción. Según la práctica internacional, este concepto es mucho más amplio, ya que se enfoca en la búsqueda de la verdad histórica y el señalamiento de crímenes de Estado y de redes de impunidad, concluyendo su trabajo con informes cargados de señalamientos y recomendaciones políticas, jurídicas, administrativas y hasta de orden cultural. Una comisión de la verdad sobre la corrupción en Panamá podría investigar los casos más sonados de corrupción y analizarlos a la luz de las evidencias, el derecho y la justicia. Escándalos que se quedaron en la impunidad como el caso Van Dam, las concesiones portuarias, las privatizaciones del Irhe y del Intel, el caso Cemis, las tres etapas de la cinta costera, el caso Finmeccanica, el caso Financial Pacific, los juicios de los pinchazos y numerosos otros capítulos de la historia panameña que merecen ser puestos bajo la lupa de especialistas, activistas y ciudadanos comprometidos.
La decisión de conformar una comisión nacional ciudadana para la lucha contra la corrupción, integrada únicamente por las tres alianzas presentes en el diálogo, no representa un avance significativo en el sentido que necesita el país. La comisión ciudadana podrá hacer denuncias a las distintas entidades del Estado. “La naturaleza de la Comisión se enmarca en lo establecido por la Comisión Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos”, según reseña una nota de prensa de la Presidencia, el pasado 21 de agosto.
Todo nuevo esfuerzo contra la corrupción es relevante y valioso. Si las tres alianzas van a formar parte activa del ecosistema de lucha contra la corrupción, se fortalece el poder ciudadano y se induce a los funcionarios a tomar más en cuenta las preocupaciones de panameños y panameñas de a pie. Sin embargo, este esfuerzo está destinado a enfrentar la resistencia, la dilación y la confusión burocrática, así como las presiones de las grandes coaliciones de intereses creados y las redes locales e internacionales de crimen organizado.
Una solución más completa sería la creación de una “Comisión Internacional Contra la Impunidad en Panamá” (Cicip), cuyo mandato sería similar al de la comisión que existió en Guatemala. La Cicip auditaría procesos judiciales de alto perfil ya concluidos, para determinar la verdad histórica y proponer cambios jurídicos e institucionales. Además, colaboraría con el Ministerio Público en capacitación, asesoría y desarrollo de las investigaciones de todo tipo de casos de corrupción, ayudando a la transparencia de las pesquisas públicas y protegiendo a los fiscales contra las redes de corrupción activas en el país.
Otra función de la Cicip sería capacitar y orientar a jueces y magistrados del Órgano Judicial, a auditores y analistas de la Contraloría General de la República, a funcionarios de la Dirección General de Ingresos y de entidades como la Superintendencia de Sujetos no Financieros y la Unidad de Análisis financiero.
El trabajo de la Cicip no es fácil y no se haría en corto tiempo, por lo que requeriría de un acuerdo del Estado panameño con Naciones Unidas, con una vigencia superior a los 6 años, para que se evite la interrupción del trabajo de la Cicip por los cambios de gobierno y, a su vez, los servidores públicos capacitados permanezcan en sus cargos.
Los éxitos alcanzados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, en que hasta el presidente y la vicepresidenta en funciones terminaron en la cárcel, demostraron con creces la necesidad de ese trabajo colaborativo con la comunidad internacional. La clase política guatemalteca decidió terminar prematuramente el trabajo de la comisión, lo que ha tenido como resultado el regreso de grandes escándalos de corrupción que manchan la justicia y la propia casa presidencial de ese país. Al impedir que la comisión terminara su trabajo y al sacar de sus cargos a los funcionarios capacitados por la comunidad internacional, los políticos han enterrado a Guatemala nuevamente en el terreno de la corrupción.
El salto cualitativo que Panamá necesita en materia de lucha contra la corrupción, no lo puede dar solo. Se necesita un fuerte apoyo internacional con el conocimiento y la independencia otorgadas por una larga experiencia mundial en estos temas. Ese ha sido el fracaso de México y de muchas otras naciones, y esa ha sido una limitante de los esfuerzos panameños contra la corrupción. Una comisión ciudadana con todas sus circunstancias es un paso adelante, pero Panamá requiere hacer una larga maratón para controlar la corrupción.
