La posibilidad de que en Panamá se apruebe una ley para impedir el secuestro civil de bienes y activos de medios de comunicación y de personas que denuncian actos de corrupción parece estar cada vez más lejos.
La Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional rechazó este martes 14 de enero el proyecto de ley 91, que buscaba ese objetivo. La propuesta había sido presentada por el diputado Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino (MOCA).
Los diputados que votaron en contra de esta iniciativa fueron Luis Eduardo Camacho, presidente de la comisión, y Ariel Vallarino, ambos de Realizando Metas (RM); Didiano Pinilla, de Cambio Democrático (CD); y Johana Cedeño, suplente de Raúl Pineda, del Partido Revolucionario Democrático (PRD).
A favor de aprobar el proyecto en primer debate votaron José Pérez Barboni, de MOCA; Roberto Zúñiga, de Vamos; y Francisco Panchito Brea, del Partido Panameñista.
Se abstuvieron Manuel Chen Peñalba, de Vamos, y Marta Sandoya, del PRD.
Los argumentos
El debate estuvo marcado por diversas consideraciones sobre el ejercicio del periodismo en Panamá, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la defensa, entre otros.
Además de Ernesto Cedeño, quien defendió su propuesta argumentando que la asfixia económica a medios de comunicación y denunciantes debe parar, hablaron a favor de la iniciativa José Pérez Barboni y Roberto Zúñiga.
Pérez Barboni respaldó el proyecto de ley, mencionando, entre otras cosas, que es necesario evitar los SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation), litigios estratégicos contra la participación pública, pues “el objetivo de muchos es agotar a la otra parte para intimidarla”. Añadió que iniciativas como esta forman parte de los estándares que los países desarrollados han implementado.
Zúñiga recordó que es “precisamente” gracias a las denuncias que llegan a los medios de comunicación que, en muchas ocasiones, la justicia actúa. “El que no la debe no la teme”, manifestó. Recomendó dejar claro la definición del término medio de comunicación.
Por su parte, Luis Eduardo Camacho aseguró que el proyecto no garantiza “ninguna democracia, ni tampoco garantiza el derecho a la libertad de expresión, pues el derecho de expresión no implica un libertinaje”. También pidió a sus colegas votar en contra. “Este proyecto nos quiere llevar hacia el infierno”, sostuvo.
Manuel Chen, de Vamos, fue otro de los que se manifestó en contra de la iniciativa. Dijo que le preocupaba que la persona “que sea debilitada con el ataque no tenga derecho a réplica”.
El defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, también participó en el debate. Sus argumentos se inclinaron en contra de la propuesta. Habló de un “choque de derechos”, manifestó que “todo tiene un límite” y expresó preocupación por “la razón de ser de este proyecto”.
Del proyecto
El texto del proyecto de ley 91 buscaba que se incluyera un numeral en el artículo No. 531 del Código Judicial, que establece las reglas para las medidas cautelares en casos especiales. Específicamente establecía lo siguiente:
Está prohibido decretar el secuestro de bienes en los siguientes casos:
A. A las personas que denuncian actos de corrupción, arbitrariedades o violación de leyes.
B. A los activos y bienes de medios de comunicación social.
Esta misma disposición también estaría contemplada en el artículo 331 del Código Procesal Civil que entrará en vigencia este año.
