Comisión de Gobierno rechaza proyecto de ley de amnistía que beneficiaría a Martinelli y Varela

Con cinco votos en contra y dos a favor, la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional rechazó este martes 15 de abril el polémico proyecto de ley que buscaba conceder una amnistía a los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, implicados en casos emblemáticos de corrupción como New Business, Blue Apple y Odebrecht.

El presidente de la comisión, Luis Eduardo Camacho, del partido Realizando Metas (RM), encabezó la discusión y votación en medio de un ambiente tenso y expectante.

“Artículo número uno, modificado: los que estén a favor, levanten la mano”, dijo Camacho, quien luego solicitó el resultado al secretario de la comisión. Al confirmarse el rechazo del primer artículo, el presidente anunció que, según el criterio del equipo legal, el resto del proyecto se consideraba automáticamente desechado.

“Así se reflejará en el informe, en el acta, y ya no es necesario someter a votación el resto de los artículos”, añadió.

Camacho, quien fue uno de los firmantes de la propuesta legislativa, adelantó que presentará un informe de minoría ante el pleno de la Asamblea. “Ya ustedes saben, porque conocía más o menos los resultados, someteré posteriormente en el pleno el informe este y un informe de minoría”, expresó antes de levantar la sesión. La reunión fue clausurada a la 1:30 de la tarde, tras agradecer la participación de los diputados y asistentes.

Los cinco votos en contra del proyecto de ley provinieron de Manuel Cheng y Roberto Zúñiga, ambos diputados de la coalición Vamos, además de José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino (MOCA). A ellos se sumaron las diputadas suplentes Marta de Sandoya, en representación de Crispiano Adames, y Ana María Poveda, suplente de Didiano Pinilla, diputado de Cambio Democrático. Este último voto generó particular atención, ya que Pinilla había respaldado la propuesta con su firma apenas una semana antes.

Los únicos dos votos a favor fueron los de Camacho y Ariel Vallarino, ambos miembros de RM y cercanos al expresidente Martinelli.

No estuvieron presentes en la sesión de la Comisión de Gobierno los diputados Raúl Pineda, del Partido Revolucionario Democrático, y Francisco Brea, del Partido Panameñista.

El debate

Varios diputados que no forman parte de la Comisión de Gobierno tomaron la palabra para participar del debate. La diputada Janine Prado, de la coalición Vamos, argumentó que la iniciativa “va en contra de la ciudadanía” y busca “defender la impunidad”.

Durante su intervención ante la comisión, señaló que esta propuesta representa un retroceso en la lucha contra la corrupción, ya que pretende beneficiar con borrón penal y restauración de derechos políticos a involucrados en escándalos como Blue Apple, New Business y Odebrecht. “Esto es un traje a la medida no sólo para un expresidente, sino para expresidentes, exministros y familiares relacionados”, denunció Prado, al tiempo que recordó que la Constitución establece igualdad ante la ley y prohíbe fueros y privilegios.

Por su parte, el diputado Luis Duke, de la bancada Vamos, aseguró que “busca perdonar crímenes que atentan contra el bien común” y que solo beneficia a quienes “roban desde el poder”. Durante su intervención en la Comisión de Gobierno, Duke denunció que mientras más de 15 anteproyectos relacionados con la lucha anticorrupción permanecen engavetados, este proyecto recibió “la atención a la velocidad de la luz”, sin atender las verdaderas necesidades del país.

“No podemos convertir el sistema de justicia en una herramienta para proteger a los poderosos”, afirmó. Duke también cuestionó la legalidad del proyecto, señalando que, según la Constitución, la Asamblea sólo puede decretar amnistía por delitos políticos, no por delitos comunes como los que rodean los casos de New Business, Blue Apple y Odebrecht. “Le pregunté a mis asesores y hasta a ChatGPT: estos no son delitos políticos”, dijo con tono irónico, antes de recalcar que los crímenes de corrupción deben ser castigados, no borrados por conveniencia política.

Voces a favor

El diputado Jamis Acosta, de RM, defendió con vehemencia la propuesta de ley de amnistía, argumentando que más allá de beneficiar al expresidente Ricardo Martinelli —a quien representó como abogado y con quien mantiene vínculos políticos— se trata de una cuestión de justicia para cualquier ciudadano panameño.

“Esto no es para defender a Martinelli, es para reconocer que en este país cualquiera puede ser víctima de un proceso amañado”, aseguró Acosta durante el primer debate.

Visiblemente apasionado, recordó su rol como asistente legal en el caso de los “pinchazos”, que calificó como plagado de “cochinadas”, y enfatizó que Martinelli fue absuelto en dos ocasiones. Acosta señaló que el expresidente enfrentó una persecución política que, en 2015, acumuló 27 carpetas judiciales, de las cuales solo siete llegaron a procesos formales.

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El diputado colonense y proponente de la iniciativa, Jairo Bolota Salazar, explicó que su respaldo a Martinelli no está condicionado por la política, sino por un vínculo de lealtad que se forjó en el pasado. “Soy amigo de Ricardo Martinelli. Y él me lo demostró en el quinquenio pasado”, señaló, al tiempo que destacó que se trata de una amistad verdadera, no de una conveniencia política.

Otros detalles

Este es el segundo intento del Legislativo por librar al exmandatario de la condena de 128 meses de prisión que le fue impuesta por el caso New Business, relacionado con la compra de las acciones de Editora Panamá América, S.A. (Epasa) en 2010, cuando aún ocupaba la Presidencia.

El anteproyecto consta de seis artículos —uno de ellos añadido a mano— y, desde el primero, establece con claridad su propósito: conceder una “amnistía general” a las personas sentenciadas o procesadas en los casos New Business, Odebrecht y Blue Apple.

Martinelli figura en los tres expedientes: ya fue condenado por el primero y está llamado a juicio por los otros dos, junto a sus hijos, Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, también implicados en las operaciones de blanqueo.

El artículo 1 lo deja explícito: “Se concede amnistía general a favor de las personas sentenciadas o que estén procesadas, o resulten procesadas” en esos tres casos de alto perfil.

Ohigginis Arcia Jaramillo

Periodista de Política