El embajador de Panamá en Italia, Fernando Berguido, informó que la desviación de dinero para el supuesto pago de coimas por $25 millones en los contratos que suscribió Panamá con Finmeccanica –de acuerdo con las investigaciones de la justicia italiana– dio pie para solicitar la nulidad de los acuerdos ante la Corte Suprema de Justicia.
De acuerdo con Berguido, los fiscales italianos consideraron que se trata de una “comisión oculta” a través de la sociedad panameña Agafia Corp., que beneficiaría, según ellos, al expresidente Ricardo Martinelli y a su amigo Valter Lavítola.
Lavítola acumula dos condenas en Italia y mantiene otros dos procesos abiertos en su país.
UNA 'COMISIÓN INACEPTABLE
Fernando Berguido confirmó que paralelo a los contratos secretos entre empresas subsidiarias de Finmeccanica se pactó con una sociedad panameña –Agafia Corp.– que esta última recibiera el 10% (unos $25 millones) del monto total de los contratos celebrados entre el Estado panameño y las compañías del conglomerado italiano.
Se trata del pago de una “comisión oculta” –no acordada en los contratos firmados entre Panamá y las subsidiarias de Finmeccanica– en 2010, bajo el gobierno de Ricardo Martinelli y cuyos beneficiarios serían, de acuerdo con los fiscales italianos, Martinelli y parte de su entorno.
Fernando Berguido
Embajador de Panamá en Italia
Las revelaciones del embajador Berguido se sustentan en múltiples pruebas recopiladas por la justicia italiana, a las que ha tenido acceso el Estado panameño. Entre ellas: condenas a Valter Lavítola, documentos, declaraciones de testigos, peritajes y los mismos contratos firmados entre las filiales de Finmeccanica con una sociedad llamada Agafia Corp., también se incluyen las transcripciones de interceptaciones telefónicas a Lavítola, “artífice” de los contratos con Finmeccanica.
Las pesquisas de las autoridades italianas revelan que la “comisión oculta” –aludida por el embajador Berguido, durante una entrevista concedida el lunes a TVN – se canalizaría a través de Agafia Corp., que los fiscales señalan que “no era más que una pantalla para esconder la coima para el expresidente Ricardo Martinelli”.
“Esta empresa no tenía ninguna experiencia en la venta de radares, helicópteros ni mapa cartográfico y quedó ganándose una comisión de venta. Los fiscales dicen que era una pantalla para esconder una coima”, sostuvo Berguido.
Agafia Corp. se constituyó semanas antes de la firma del “memorando de entendimiento de cooperación técnica” entre Panamá e Italia, el 30 de junio de 2010, que preveía la compra a Finmeccanica de 19 radares, 6 helicópteros AgustaWestland y un mapa cartográfico, por unos $250 millones.
Fernando Berguido afirmó de que existió “una confabulación entre funcionarios del gobierno de Martinelli y la empresa Finmeccanica” para hacer el negocio, y reafirmó que Panamá tiene elementos suficientes para cuestionar la legalidad y legitimidad de esos contratos que, a su juicio, “están viciados desde su origen”.
En virtud de esas evidencias los abogados de Panamá presentaron la demanda de nulidad. “Panamá no puede mirar para otro lado, porque esos contratos eran nulos por la causal de desviación de poder”, sostuvo Berguido.
Insistió en que “para Panamá es inaceptable que se haya fijado una comisión de una contratación directa, menos si se beneficia a un exfuncionario panameño y a un intermediario amigo del expresidente Martinelli, como Valter Lavítola”, subrayó.
El diplomático también cuestionó el hecho de que los contratos no fueran divulgados en la Gaceta Oficial, tal como lo ordena la ley, sino que fueron secretos, alegando que era materia de “seguridad nacional.
“Estos contratos, incluyendo los anexos, nunca fueron publicados en la Gaceta Oficial. Se hizo creer que no se divulgaban por ser un tema de seguridad nacional, pero eso es falso y ojalá hubiésemos tenido acceso los panameños para darnos cuenta de lo desventajoso que eran”, sostuvo Berguido.
Quienes en ese entonces cuestionaran la contratación, incluido diputados, opositores y periodistas, eran inmediatamente descalificados por las autoridades de entonces, ridiculizados o señalados como cooperadores con el narcotráfico.
EXMINISTRO REACCIONA
Los contratos de los radares (Selex) y helicópteros (AgustaWestland) fueron suscritos por el hoy exministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino, que desde el pasado lunes escribió varios mensajes sobre este tema en su cuenta de Twitter.
Mulino dijo ayer a La Prensa que en los contratos oficiales que firmó “no hay nada de eso [comisión] ni se puede hacer nada de eso”.
“Jamás he recibido ningún dinero ilícito. No fui al gobierno a delinquir, fui a trabajar y dejé mi vida en esos años. Mi vida ha sido investigada completamente. No debo ni temo nada”, acotó el extitular de Seguridad.
“Si yo debo responder, todos debemos responder. Todo el Gabinete. Varela y los panameñistas incluidos. Esto no es que unos sí y otros no. Por mandato constitucional el Ejecutivo está definido. Éramos todos o no éramos todos”, alegó Mulino.
“El que menos negoció eso fui yo”, respondía Mulino en 2011 sobre ese tema, mientras aclaraba que fue Garuz –hoy acusado de violar la intimidad de decenas de personas– el que llevó esa transacción con altos ejecutivos de Selex, por instrucciones de Ricardo Martinelli.
EL ENTRAMADO
Berguido también hizo hincapié en que “los fiscales [italianos] han demostrado que lo que se estaba tramando era la apariencia de legalidad para conseguir una comisión en un hecho ilícito”.
“Luego de ver eso, las autoridades panameñas no pueden menos que cuestionar”, sostuvo el diplomático, al tiempo que enfatizó que los expedientes en Italia aportan “una riqueza probatoria invaluable”.
Precisamente, en Italia se han registrado ya dos condenas –por escándalos de corrupción de la pasada administración– contra Lavítola (ver infografía).
“Lo menos que se amerita es que sean evaluadas en Panamá”, dijo Berguido, refiriéndose a esas condenas. Justamente, las sentencias condenatorias fueron remitidas por la Embajada de Panamá en Italia a la Cancillería panameña, a fin de que la justicia local deslinde las responsabilidades por estos contratos.
“Las copias –traducidas al español– fueron enviadas al Ministerio Público y este, a su vez, las mandó a la Corte Suprema, ya que en ellas se menciona al expresidente Ricardo Martinelli”, informó el embajador en Italia.
“Era inevitable no llegar a esa conclusión. La condena de Valter Lavítola en Italia dice que este era un intermediario del chantaje. ¿Quién hizo el chantaje? El señor Ricardo Martinelli, que es mencionado con nombre y apellido”, subrayó Berguido, citando parte de la sentencia italiana a la cual el Estado panameño tuvo acceso.
Recordó que existe otro proceso que está en marcha en Italia, en el que los fiscales están persiguiendo el delito de soborno, y que tienen como imputados a Lavítola, como intermediario, y al ex director comercial de Finmeccanica Paolo Pozzessere.
“Panamá logró entrar como parte afectada, pero perdimos una oportunidad de entrar como parte civil y eso tendrá consecuencias importantes, porque no se podrá reclamar indemnizaciones”, precisó Berguido.
En ese sentido, calificó como “sospechoso” que la administración de Martinelli no haya intervenido en el proceso en Italia, cuando solo faltaban cuatro días para el cambio de gobierno.
“En su momento se tendrá que pedir responsabilidades por esta inacción, porque Panamá tenía abogados presentes para exigir responsabilidades civiles y dejó ex profeso pasar la oportunidad de constituirse en parte civil”, advirtió.
Aunque Berguido no reveló nombres, uno de los responsables de esa situación fue Guido Martinelli Jr., por entonces embajador de Panamá en Italia.
‘DESVIACIÓN DE PODER’
En virtud de las pruebas recopiladas por este escándalo, el Estado panameño demandó la nulidad del contrato de radares con Selex, filial de Finmeccanica –valorado en unos $125 millones– ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.
La demanda se hizo a través de la figura “desviación de poder”.
La acción fue admitida y la Sala Tercera acogió una petición del Estado panameño que suspende provisionalmente los efectos –incluido el pago restante de la deuda– de ese polémico contrato.
Los magistrados de la Sala Tercera –Luis Ramón Fábrega, Abel Zamorano y Nelly Cedeño– concluyeron que “existen graves indicios de que la desviación de poder se dio porque la intencionalidad del contratante era adjudicar aparentemente dicho contrato millonario a Selex, para obtener beneficios económicos”.
El fallo agrega que “la decisión de suspender los efectos del acto demandado, en modo alguno, constituye un criterio final o determinante para el pronunciamiento de fondo que en su momento será emitido por quienes integran esta máxima corporación de justicia”.
El embajador de Italia en Panamá manifestó que en caso de que la Corte Suprema falle que los contratos de los radares son nulos, se tendrá que evaluar qué se hará con esos equipos y los fondos desembolsados.
Berguido resaltó el hecho de que “entre la firma del memorando de entendimiento entre Panamá e Italia y la firma de los contratos por el extitular Mulino, que incluía una compleja negociación y diseño de un sistema de vigilancia costera para todo el país, tan solo transcurrieron 34 días, menos de lo que demora en salir un cheque de viáticos a un empleado público en este país, eso es muy sospechoso”, puntualizó.
También indicó que “no hay estudios previos que justifiquen por qué este proveedor [Finmeccanica] es mejor que otro”.
Y reveló más: “Me encontré entre los documentos una cotización de un mapa digital para Panamá que había ofrecido un instituto europeo mucho más barato de lo que se pagó”.
