Con una resolución, comisión intenta frenar debate minero

En medio de protestas, acalorado cruce de palabras y una buena parte del país a la expectativa de lo que sucedería ayer jueves 28 de septiembre, la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional (AN) suspendió la discusión, en primer debate, del proyecto de ley 1043, sobre el nuevo contrato entre el Estado y Minera Panamá, S.A., y recomendó al Ejecutivo el retiro de la propuesta.

La decisión fue recogida en una resolución propuesta por el presidente de la Comisión de Comercio, el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Roberto Ábrego, sin que la mayoría de los parlamentarios se atreviera a rechazar la propuesta de ley.

Con el rechazo absoluto del proyecto habría podido abrirse una ventana para una discusión de las cláusulas de todo el contrato, mientras que con la resolución que propuso la Comisión de Comercio se hacen recomendaciones de reformas de puntos muy específicos.

Los diputados Juan Diego Vásquez (independiente), Alaín Cedeño (Realizando Metas), Nelson Jackson Palma (Cambio Democrático) y Elías Vigil (Partido Panameñista) se opusieron a la propuesta de Ábrego por considerar que esa resolución no tiene ninguna validez, ya que lo que correspondía era someter el proyecto a votación y que ahí constara que la misma no tenía el apoyo para ser aprobada en primer debate.

En otras palabras, solicitaban que se votara a favor o en contra de la iniciativa de ley, y no sobre una resolución que, incluso, hace recomendaciones del Órgano Ejecutivo. Uno de sus argumentos era el artículo 159 de la Constitución, el cual establece que lo que la Asamblea Nacional puede aprobar o rechazar los contratos en los cuales sea parte o tenga interés el Estado, mas no recomendar.

No obstante, otros cinco diputados sí avalaron la resolución. Ellos fueron Ábrego, Cenobia Vargas, Ariel Alba, Francisco Alemán y Víctor Castillo. A excepción de Alemán, quien forma parte de las filas de Molirena, todos los demás son del oficialista PRD.

Específicamente, en la sesión legislativa, Ábrego mencionó los tres motivos por los cuales propusieron al Ejecutivo que se lleve su proyecto de ley: los artículos en los que recomiendan cambios tienen que ver con la restricción del espacio aéreo, la posibilidad de expropiación y el reparto de los beneficios finales de la concesión minera.

En palabras del presidente de la Comisión, se cumplió con un amplio periodo de consulta, que implicó la participación de los distritos de Donoso y Omar Torrijos Herrera, en Colón, y La Pintada, en Coclé. Además, recordó que el pasado 19 de septiembre, esta comisión legislativa llevó a cabo una visita a la concesión minera en Donoso.

Y a diferencia de lo que señalaron los demás diputados, el perredista argumentó que tienen la facultad para suspender la discusión de cualquier proyecto de ley.

“Los más pronto posible estaremos enviando al Ejecutivo lo que se decidió hoy [ayer]. Eso le corresponde a la Secretaría General de la Asamblea”, puntualizó.

El Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) no tardó en reaccionar, indicando que el retiro del proyecto no es un rechazo. Y que con el llamado retiro del proyecto se pretende remendar el contrato minero a la vez que se gana tiempo en coyuntura actual.

“El documento debe ser rechazado más allá de la simple discusión de unos puntos”, dijo la organización a través de la red social X ( antes Twitter).

La defensa

Ayer, en la Comisión de Comercio en la Asamblea Nacional estaban los ministros Federico Alfaro, de Comercio e Industrias (MICI), y Milciades Concepción, de Ambiente. También estaba presente Ricardo Lombana, candidato presidencial por el Movimiento Otro Camino, y representantes de varias organizaciones que piden el cierre de la mina y una moratoria.

Al respecto, Alfaro expresó su molestia. “Lo que piden es el rechazo y el cierre de la mina, poniendo en riesgo más de 7 mil trabajadores, 40 mil trabajadores indirectos, el 3% de la economía nacional y eso para nosotros es una postura preocupante e irresponsable”, dijo el funcionario que encabezó la negociación desde el ala estatal.

De acuerdo con el ministro de Comercio, se evaluará la resolución emitida por el Legislativo y se presentarán nuevas recomendaciones al Consejo de Gabinete, con miras a incluir propuestas que resuelvan las inquietudes planteadas por la Comisión en atención a las consultas públicas.

“Ante cualquier recomendación que vaya en aras de mejorar dicho contrato para darle mayor tranquilidad a la población panameña, tanto el presidente como el ministerio siempre están a disposición”, expresó, tras detallar que más de 300 panameños participaron de las consultas y que sus preocupaciones podrían ser vinculantes con la medida adoptada por la Comisión de Comercio.

En tanto, manifestó que “una cosa es pedir el rechazo y otra pedir mejoras al contrato”, al tiempo que indicó que el Gobierno busca ser responsable en torno a la conservación de los empleos de los miles trabajadores directos e indirectos de la mina.

Asimismo, reiteró que el contrato fue producto de una negociación que duró más de un año, donde se obtuvieron mayores beneficios económicos, ambientales y sociales dentro de la nueva propuesta de contrato.

El rechazo

No obstante, varios de los presentes, como Raisa Banfield, directora de la Fundación Panamá Sostenible, e Isaías Ramos, biólogo del Centro de Incidencia Ambiental, solicitaron el rechazo del proyecto de ley.

Por su parte, Lombana, quien estuvo presente en la Asamblea, subrayó que es incongruente que no se rechazara el documento. “No nos dejemos engañar por lo que sucedió aquí”, puntualizó.

Algunos de los planteamientos de las organizaciones que se oponen al contrato minero es que “debilita nuestra soberanía” sobre el territorio nacional, puesto que se pueden expropiar tierras privadas.

También indican que incluyen disposiciones que limitan monitoreo y supervisión de la operación de la mina, al no permitir sobrevuelos en el área de concesión. A su vez, señalan que se ponen en riesgo los recursos hídricos de la zona y que la actividad minera no es idónea ni estratégica para Panamá, que tiene potencial forestal y turístico.

Mientras todo esto ocurría, en la parte exterior de la Asamblea Nacional otras organizaciones como el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) gritaban consignas en contra del contrato minero.

Ohigginis Arcia Jaramillo

Subeditor Sociedad