“Queda expuesto el secreto a voces del intercambio clientelar que ha caracterizado a esta administración y que lleva como hilo conductor transversal el manejo discrecional de fondos para operadores políticos del Partido Revolucionario Democrático (PRD). Queda claro que los diputados del PRD y sus partidos aliados estaban claros en el impacto negativo que la Ley 351 de 2022 tendría en la rendición de cuentas, al otorgarle una discrecionalidad inconstitucional al contralor para abrir y cerrar investigaciones a su criterio, sin mencionar el fuero que crea para los funcionarios de la Contraloría”.
De esta manera reaccionó Olga De Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI), luego que el diputado perredista Crispiano Adames dejara al descubierto un intercambio de favores en la dinámica para aprobar las leyes.
El pasado miércoles, en el pleno Legislativo, Adames pidió al actual presidente de la Asamblea Nacional, Jaime Vargas, que le enviara una nota al contralor Gerardo Solís recordándole que la Asamblea “le aprobó” la Ley 351 de 2022, pero “él” -presumiblemente refiriéndose a Solís- no ha ejecutado lo que dispone la Ley 376 de 2023, que permite a los alcaldes y representantes de corregimiento que ya eran funcionarios al ser electos en 2019 elegir cuál salario quieren recibir: el que ya recibían o el que les corresponde en el gobierno local.
La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana demandó la Ley 351 de 2022, que le permite al contralor aprobar o archivar los informes de auditoría y las investigaciones, “según a su criterio corresponda”.
Por eso De Obaldía considera que “es imperativo” que la Corte falle la demanda y dice que es de importancia nacional comprender los puntos centrales de la opinión del procurador de la Administración, Rigoberto González, sobre el tema.
El procurador González, en una opinión que envió a la Corte (el 9 de mayo de 2023), dijo que seis artículos de la Ley 351 violan la Constitución. Se trata de los artículos 1, 2, 14, 22, 31 y 46. El 1, por ejemplo, impide al Ministerio Público y a la jurisdicción de Cuentas solicitar a la Contraloría iniciar investigaciones.
Además, sustentó que la frase “… no actúan y no podrán ser considerados como empleados de manejo…”, contenido en el artículo 14, crea fueros y privilegios para los funcionarios de la Contraloría, y genera desigualdad de trato ante la ley, “pues evaden la responsabilidad que la jurisdicción de cuentas genera para todos los funcionarios que manejan fondos públicos”.
De Obaldía también añadió que la confesión de Adames devela el retroceso formal del Estado de derecho, lo que implica una falta de controles de los fondos públicos. Todo ello permite que dineros del Estado sean utilizados para fines “politiqueros y clientelares”, lo que está “generado una asimetría electoral que impacta nuestra democracia”.
En su intervención en el pleno legislativo, Adames mencionó que la Ley 376, conocida como la de “mejor salario”, fue demandada en la Corte tres veces y ese tribunal ratificó la norma.
Sin embargo, el abogado Roberto Ruiz Díaz aclaró que “no es que hubo pronunciamiento a favor de la ley”; lo que sucedió fue que las demandas no fueron admitidas por la Corte.
“La que yo presenté aún no se resuelve, aunque lleva el mismo camino de no admitir por parte de la magistrada María Cristina Chen Stanziola”, escribió en su cuenta de X.
Hay que aclarar la noticia, las demandas no fueron admitidas, no que hubo pronunciamiento a amor de la Ley. Y la que yo presente aún no se resuelve, aunque lleva el mismo camino de no admitir por parte de la Mag. Chen Stanziola en @OJudicialPanama
— ROBERTO RUIZ DIAZ (@R_RuizDiaz) January 5, 2024
Diputado Adames devela un…
