La secretaría general de la Asamblea Nacional, en el primer día de sesiones ordinarias del quinquenio 2024-2029, pretendió conceder licencia para ejercer la profesión de abogado a 14 diputados principales y cuatro suplentes, algunos de los cuales se han labrado un perfil público como defensores en sonoros casos de narcotráfico y lavado de activos.
La primera de la lista es la diputada Shirley Castañeda. Ella y Jamis Acosta son abogados del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, condenado a 10 años de prisión por blanqueo de capitales en el caso New Business. Martinelli eludió la orden de captura al ingresar a la embajada de Nicaragua en Panamá, el 7 de febrero pasado. Desde entonces, se encuentra en esa sede diplomática. Castañeda y Acosta militan en Realizando Metas (RM), el partido fundado por Martinelli.
Castañeda, además, es abogada de Jorge Camargo Clarke, alias “Cholo Chorrillo”, condenado a 70 meses de prisión por blanqueo de capitales. La sentencia se encuentra en firme desde diciembre pasado, luego de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia acordara no admitir un recurso de casación a su favor. También tiene un proceso por drogas relacionado a la operación Neptuno.
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El 2 de marzo de 2023, Camargo fue extraditado de Costa Rica a California, donde se le acusa desde el año 2017 de conspirar para introducir cocaína a Estados Unidos. Panamá también había solicitado su extradición a las autoridades ticas, pero como el requerimiento de Estados Unidos llegó primero, fue enviado a ese país.
Otro diputado que podría ejercer la abogacía desde su curul es Isaac Mosquera, quien estuvo detenido preventivamente por delitos de tráfico de droga y blanqueo de capitales. Mosquera, que es el único diputado electo por el Molirena, fue acusado en abril de 2011 de ser uno de los presuntos cabecillas de una red criminal vinculada a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la cual utilizaba una pequeña escuela de aviación en Albrook como fachada para transportar droga. En enero de 2023, un juez lo exoneró de cargos.
Sorpresa e indignación
La lista de los 14 diputados que son idóneos para ejercer la abogacía la completan Dana Castañeda y Didiano Pinilla, presidenta y primer vicepresidente de la AN, respectivamente; Jorge Isaac Bloise Iglesias, Miguel Ángel Campos, Ernesto Cedeño, Walkiria Chandler, Jorge Alberto González López, Nelson Jackson, Augusto Palacios, Jairo Salazar Ramírez, Lein Ulate y Roberto Zúñiga.
También están los diputados suplentes Hilda Guzmán, Arnulfo Arias Olivares, Ana María Poveda y Daryelis Aponte.
Algunos ni siquiera sabían de que sus nombres estaban en esa lista. Se enteraron cuando en la sesión de este martes, Cedeño solicitó la lectura del “proyecto de resolución” para conceder la licencia para ejercer, que en ese momento reposaba en la secretaría general y esperaba su turno para ser discutido en el pleno.
El proyecto fue retirado del orden del día. Luego se observó que alguien había tachado, a mano, los nombres de Bloise, Campos, Chandler, González, Palacios y Zúñiga. Ni uno de ellos conocía esta propuesta, a pesar de que el proyecto de resolución indica, en unos de sus párrafos, que esos diputados había “solicitado licencia para ejercer”, lo cual es falso.
Que quede claro, que yo como diputado no he solicitado NINGÚN tipo de licencia para ejercer la profesión de la abogacía mientras sea diputado.
— Roberto Zúñiga A. (@RobertoJZuniga) July 3, 2024
No ejerceré la profesión de la abogacía durante estos 5 años, ya que lo considero un conflicto de interés.
Zúñiga, de la bancada independiente, anunció después que ni pidió ni quiere esa licencia, ya que no pretende ejercer como abogado mientras ocupe la curul, ya que considera que hay un conflicto de interés. No entiende por qué su nombre fue incluido en la resolución, dado que nunca lo autorizó. Agregó que incluso podría incluirse una prohibición expresa, aprovechando que se ha presentado un anteproyecto de ley que reforma el reglamento interno de la AN.
Chandler dijo que ella tampoco solicitó ser incluida en la lista y que no quiere gozar de dicha licencia.
Este miércoles 3 de julio, el proyecto de resolución sería sometido a votación.
Los antecedentes
La resolución de la discordia recuerda que la Constitución, en su artículo 158, permite que los diputados que son abogados puedan ejercer ante el Órgano Judicial, “fuera del periodo de sesiones o dentro de este mediante licencia concedida por el pleno de la Asamblea Nacional”.
Igualmente, menciona que la Corte Suprema de Justicia, en un fallo del 29 de noviembre de 2017, declaró que no es inconstitucional la Resolución 1 del 2 de julio de 2014 (similar a la que se quiere aprobar ahora), mediante la cual la AN concedió licencia para ejercer la profesión de abogado a nueve diputados de aquella época.
Esta licencia permite que se den situaciones surrealistas. Como ejemplo está lo sucedido el 29 de junio de 2020, en una audiencia de cambio de medida cautelar ante una juez de garantías, en la que se presentaron la entonces diputada Zulay Rodríguez y Kevin Moncada, como defensores del sujeto procesado. Moncada, desde el 2 de julio de 2019, está en la planilla permanente de la AN, con un salario de $3,000 al mes.
Poco antes de que iniciara la audiencia, se le comunicó Rodríguez y Moncada que el investigado tenía nuevo abogado y que ellos no podían permanecer en la sala, porque el aforo estaba restringido. Hay que recordar que entonces la pandemia de la covid-19 había sido declarada apenas cuatro meses antes. Según un relato escrito de Moncada, la juez le dijo a la diputada: “¡No están respetando el distanciamiento! ¡Salga de aquí! ¡Salga o la sanciono!” Aquello fue suficiente para que, al día siguiente, presentaran una queja contra la juez por “grosera y descortés”, y por infringir normas constitucionales, “puesto que es sabido que solo el pleno de la Corte puede procesar y sancionar a un diputado”.
La queja contra la juez no fue admitida.
