Tras los múltiples cuestionamientos por el desvío de fondos que ha realizado la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) y luego que la Fiscalía de Cuentas le ordenara hacer una auditoría, el contralor general Gerardo Solís anunció este sábado 1 de julio que solicitó a las 679 juntas comunales del país una rendición de cuentas.
Explicó que la encargada de recibir los informes es la subdirección nacional de rendición de cuentas, un despacho creado en 2020. Añadió que las juntas deberán rendir un informe del “manejo de los fondos públicos que han recibido producto de la transferencia legal, dentro del margen de la ley”.
“Si encontramos vicios de actos ilícitos y dolosos que puedan implicar una lesión patrimonial, se pasa entonces en ese momento a auditoría general o auditoría forense, para entrar a fondo y determinar si hay lesión patrimonial y en dicho caso entonces se remite a las autoridades correspondientes”, ya sea el Tribunal de Cuentas o el Ministerio Público, remarcó.
Solís añadió que la Contraloría es una entidad técnica, que se maneja con procesos, procedimientos y métodos que deben cumplirse “con paciencia”.
Es la primera vez que Solís -un antiguo militante del Partido Revolucionario Democrático (PRD) que incluso una vez fue postulado como vicepresidente de la República por ese partido- se refiere al tema de la descentralización paralela.
Una investigación de La Prensa reveló que, desde el año 2021 y hasta la fecha, la AND ha repartido al menos $240 millones a gobiernos locales que principalmente están dirigidos por militantes del gobernante PRD, sin ningún control, sin transparentar la información y al margen del mecanismo que dispone la Ley 37 de 2009, sobre la descentralización en la administración pública.
Días antes de que estallara el escándalo, la Contraloría respondió una carta al diputado independiente Juan Diego Vásquez, quien le consultó sobre los fondos que algunos gobiernos locales adicionales a los dos programas oficiales de la descentralización: el Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (Piosm) y el Impuesto de Bien Inmueble (IBI), es decir los fondos de la descentralización paralela. La secretaria general de la institución, Zenia Vásquez, en la nota enviada a Vásquez, se limitó a decir que la institución “no tiene competencia o injerencia en la aprobación de la asignación de los fondos de los proyectos de iniciativas comunitarias y sociales que son presentadas por las diferentes junta comunales o municipios”. Es decir, esquivó el tema.
Luego, el pasado 20 de junio, la fiscal general de Cuentas, Waleska Hormechea, solicitó formalmente al contralor que iniciara una auditoría a los fondos que ha manejado la AND. Esto, luego de que un grupo de ciudadanos acudió a su despacho para presentar una denuncia por presuntas irregularidades en la transferencia de fondos a juntas comunales, sobre todo en tiempo de campaña política.
Se supone que seis días antes de esta solicitud, Solís ya había ordenado a alcaldes, representantes de corregimiento, concejales y hasta a la AND que mantuvieran “a disposición” de la Contraloría todos aquellos documentos que sustenten el uso de recursos asignados. Esa circular tiene fecha del 14 de junio, pero su existencia era desconocida hasta ahora.
“Lo que debió hacer la Contraloría prima facie, a mi criterio, con lo de los fondos que dispensó la Autoridad Nacional de Descentralización, es auditar el manejo que dio ese ente y en base a los hallazgos, bajar a la juntas y municipios y no el pedir que le den informes únicamente las juntas comunales, soslayando a los municipios y aseverando que todo lo que dio la AND estaba dentro de ley”, dijo este sábado el abogado Ernesto Cedeño.
Hay que recordar que Ley 32 de 1984, orgánica de la Contraloría, en su artículo 55, plantea que entre las funciones del contralor, está la de ordenar investigaciones encaminadas a determinar si la gestión de manejo de fondos y demás bienes públicos se han realizado de manera correcta y de acuerdo con las normas establecidas. También lo comisiona para presentar las denuncias y demandas que sean necesarias para el cumplimiento de las funciones de la Contraloría. “Cuando sea necesaria de acuerdo con la ley, el contralor otorgará poder a uno de los abogados de la Contraloría General para ese propósito”, añade.
Es importante recordar que la ley orgánica de Contraloría fue modificada en diciembre pasada y ahora el contralor podrá archivar, sin fundamentación alguno, los informes de auditoría.
