El contralor general de la República, Anel Flores, informó este lunes que las auditorías realizadas a la fecha por la entidad han derivado en cautelaciones y secuestros preventivos de bienes por cerca de $50 millones.
Flores, que acudió a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para sustentar el presupuesto de la entidad, explicó que al asumir el cargo, en enero de 2025, encontró 1,091 solicitudes de auditoría pendientes.
De ese total, dijo, unas 615 ya fueron evacuadas y 476 permanecen en proceso para ser terminadas.
A estas se suman 841 nuevas solicitudes recibidas durante los años 2025 y 2026, de las que 601 han sido remitidas al Ministerio Público (MP). Una buena parte de estas investigaciones está relacionada con el manejo de fondos de la descentralización, asignados a representantes de corregimientos en la administración pasada (2019-2024).
A la fecha, la Fiscalía Anticorrupción mantiene bajo análisis un total de 72 informes de auditoría relacionados con irregularidades en el manejo de fondos de la denominada descentralización paralela.
Dichas investigaciones, indicó la fiscalía, han permitido la imputación de cargos a 99 personas, las dos últimas el pasado 7 de agosto. Datos oficiales de la Autoridad de Descentralización revelan que se detectó la entrega de $320 millones sin algún tipo de sustento a través del Programa de Interés Social (PDIS).
Lesión patrimonial
La cifra de las cautelaciones surgió luego de una pregunta que realizó el diputado José Pérez Barboni, de la bancada Seguimos, sobre el monto de la posible lesión patrimonial detectada en las auditorías concluidas.
Flores le advirtió que no es posible establecer con precisión el perjuicio económico total, debido a que en investigaciones de “alto perfil” algunos exfuncionarios presuntamente habrían utilizado testaferros o bienes registrados a nombre de familiares.
“Lo que nosotros hemos cautelado, yo creo que estamos llegando a los 50 millones más o menos”, respondió el contralor.
Flores también aprovechó el momento para explicar qué entiende por funcionarios de “alto perfil”. Dijo que utiliza esa categoría para referirse a personas que ocuparon cargos con mando y jurisdicción públicamente notorios y que, según las investigaciones, “cambiaron su vida radicalmente” después de entrar y salir del Estado.
Sin embargo, indicó que las auditorías de la Contraloría no se limitan a esos casos: “Estamos haciendo auditoría a todo nivel”, sostuvo.
Presupuesto
El contralor Flores sustentó un presupuesto para 2027 por el orden de $145 millones. Explicó que en principio habían solicitado el Ministerio de Economía y Finanzas un presupuesto por $149.9 millones, pero le recortaron $4.9 millones.
Esa disminución, dijo, afectó principalmente el renglón de funcionamiento. El presupuesto de inversión, de $2.6 millones, se mantuvo “intacto”.
Según datos que mostró Flores, la Contraloría ha disminuido los tiempo de refrendo: de 266 días (en 2024) pasó a 3.5 días. Mientras que la gestión de cobro pasó de 188 días a 3.8 días.
