Contraloría elimina gastos de movilización de alcaldes, concejales y representantes

Contraloría elimina gastos de movilización de alcaldes, concejales y representantes
Este estudio se inició después de 15 años de ser ordenado por la administración del excontralor Carlos Vallarino. Archivo


La Contraloría General de la República informó la tarde de este jueves 3 de marzo que se eliminaron definitivamente los gastos de movilización luego de un estudio administrativo, económico y funcional sobre las asignaciones a los alcaldes, concejales y representantes de corregimientos.

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Esa decisión de la entidad fue informada a través de la Circular No. 8-2022-DC-DNFG, dirigida a las autoridades de gobiernos locales en todo el país.

También se comunicó al coordinador de Fiscalización Multisectorial y a los jefes, subjefes y supervisores de fiscalización en los municipios.

El pasado 24 de enero el contralor general de la República, Gerardo Solís, canceló el pago de gastos de movilización a todos los alcaldes y representantes.

Para analizar esta situación se efectuó un estudio, en el que participó un equipo multidisciplinario de contadores, auditores, estadísticos y abogados.

El grupo posteriormente presentó sus conclusiones y recomendaciones sobre los gastos de representación otorgados a los alcaldes, representantes y concejales.

El procurador general de la Administración, Rigoberto González, confirmó a comienzos de enero de 2022 que reanudó las pesquisas relacionadas con la denuncia presentada por el manejo de los gastos de movilización.

De acuerdo con la Contraloría, los gastos de movilización para los alcaldes y representantes del país cuestan $1 millón 26 mil al mes o $12.3 millones al año.

Por otro lado, algunos alcaldes ganan más que el Presidente de la República y que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Por ejemplo, el alcalde de Arraiján, Rollyns Rodríguez, tiene un sueldo de $10 mil 400. En gastos de movilización recibe $5 mil, al igual que los ocho concejales del distrito de Arraiján.

Este estudio se inició después de 15 años de ser ordenado por la administración del excontralor Carlos Vallarino, a través de la Circular No. 37-2007-DC-DFG de 7 de mayo de 2007.

Según la entidad, el equipo institucional estuvo compuesto por 37 profesionales, que en tres semanas analizaron la situación.


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