El reclamo en torno a la elección del próximo contralor es claro y contundente: el país exige una figura con carácter para fiscalizar, sin ningún tipo de compromiso con los partidos políticos y con una transparencia intachable.
En medio de una creciente desconfianza hacia instituciones como la Contraloría General de la República y un clamor generalizado por la rendición de cuentas, la ciudadanía demanda que el nuevo contralor sea un garante de integridad, capaz de realizar una fiscalización rigurosa y sin influencias partidistas.
La Asamblea Nacional, presidida por la diputada Dana Castañeda, declaró ayer, miércoles 7 de agosto, abierto el período de postulaciones para la elección de los cargos de contralor y subcontralor general de la República.
Durante cuatro días hábiles, las personas interesadas en ocupar el cargo deberán presentarse en la Secretaría General de la Asamblea, ubicada en el Palacio Justo Arosemena, para presentar la documentación requerida para este proceso.
Se declara abierto el periodo de postulaciones para la elección de los cargos de Contralor General y de Subcontralor General de la República, con fundamento en la Resolución No.33 de 5 de agosto de 2024, aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional. #UnaNuevaAsamblea pic.twitter.com/BCnaec4zzp
— Asamblea Nacional (@asambleapa) August 7, 2024
El contralor que designará la actual Asamblea reemplazará a Gerardo Solís, quien fue nombrado en el puesto el 13 de agosto de 2019. Solís termina su mandato en diciembre de este año, mientras que el nuevo contralor asumirá funciones a partir del 2 de enero de 2025.
El perfil
La figura de Solís ha sido duramente criticada por la opacidad y falta de transparencia en la que se ha manejado desde su nombramiento. Frente a este escenario, figuras públicas como la exprocuradora y exdiputada Ana Matilde Gómez consideran que, además de ser una persona técnica en contrataciones y experta en la cosa pública, el nuevo contralor debe ser independiente.
“No debe tener compromisos políticos ni con la cúpula de los partidos. Debe tener carácter y una trayectoria respetable. Queremos una figura que tenga autonomía”, puntualizó Gómez.
Por su parte, María Soledad Procell, presidente de la Alianza Ciudadana pro Justicia, subrayó que el próximo contralor debe ser un ser una persona muy honesta, con disposición de servicio público y que esté dispuesta a investigar las irregularidades y delitos.
“Debe quitar la normativa que dejó Solís que deja a discreción la realización de las auditorías. Hay que instaurar nuevamente el control previo cuando sea necesario y debe saber interpretar auditorías. Lo que necesitamos los ciudadanos es transparencia”, acotó la activista.
La normativa a la que hace referencia Procell es la Ley 351 de 2022, que modifica la ley orgánica de la Contraloría General de la República (anteriormente establecida por la Ley 32 de 1984), la cual continúa siendo percibida como un obstáculo en la batalla contra la corrupción. Esta normativa fue demandada por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana en abril de 2023, recurso legal que fue admitido ese mismo año.
Entre otros retrocesos, la ley otorga discrecionalidad a la Contraloría para no realizar auditorías o investigaciones solicitadas por la Jurisdicción de Cuentas o el Ministerio Público, y otorga facultades casi plenipotenciarias al contralor, lo cual puede prestarse a la arbitrariedad.
El procedimiento
El propio presidente de la República, José Raúl Mulino, ha dicho que el próximo contralor debe ser “un hombre o mujer seria que controle”.
En palabras del diputado de la coalición independiente Vamos, Luis Duke, el proceso de convocatoria de la Asamblea Nacional requiere muchas mejoras, puesto que durante el mismo no podrán cuestionar a los candidatos.
“Una vez revisemos los perfiles nosotros solo podemos aprobar o desaprobar en la Comisión de Credenciales, pero no podemos cuestionar”, dijo.
Duke calificó este proceso como una escogencia “a dedo” y, a su juicio, hay que modificar la dinámica para que se permita cuestionar a cada uno de los candidatos.
La gestión de Solís se ha caracterizado por negarse a realizar auditorías, no investigar y ocultar nombres en los registros oficiales. Por ejemplo, la Contraloría se reservó el nombre de más del 50% de los beneficiarios de auxilios económicos entregados por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos.
