La abogada y exfuncionaria de la Contraloría, Odila Castillo, conocida por amasar una fortuna en apenas dos años gracias a la gestión de controvertidos equilibrios contractuales, ha lanzado una nueva estrategia para defender su versión. Recurrió a influencers locales para reforzar su narrativa de que todas sus acciones se han realizado dentro del marco legal.
Castillo concedió entrevistas a Juan Pablo Barceló, conocido en redes sociales como Barceló, y al boxeador Oliver Oli Meza.
¿Es cierto lo de los 11 apartamentos?, preguntó Barceló en una entrevista en YouTube.
”Son casi cuatro años de mucho sacrificio. Descubrimos un nicho donde nadie incurría”, respondió Castillo, quien además afirmó que su bufete de abogados “solo” ha gestionado el 20% de los equilibrios contractuales.
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¿Te vinculan mucho con el contralor (Gerardo Solís)?
”Son ataques políticos. Con Solís trabajé un año”, aseguró.
¿Te busca el FBI?
“Qué risa, Oli. Si así fuera, no estaría aquí”, respondió a Oli Meza con tono despreocupado.
Oli Meza compartió fragmentos de la entrevista en su cuenta de Instagram, red social en la que limitó los comentarios. Sin embargo, el post generó una oleada de reacciones.”¿Qué pasó, emprendedores? ¿Nadie más vio el nicho?”, ironizó la periodista Caroline Schmitt.
Por su parte, un usuario identificado como Lorentzfranco escribió: “Cómo le están metiendo plata a los medios digitales para intentar tapar el sol con un dedo. Esta tipa debe ser alcanzada por la justicia, devolver lo robado y pagar por sus maleanterías”.
Oliver Meza es asesor de la Policía Nacional. Según la planilla del Ministerio de Seguridad Pública, disponible en la página web de la Contraloría General de la República, ocupa el cargo de asesor I con un salario mensual de $3,000.
En múltiples ocasiones, La Prensa ha solicitado entrevistas a Odila Castillo. Rolando Rodríguez, el periodista a cargo de la investigación, incluso le envió un mensaje directo a través de un video: ”Para aclarar la situación (...) ella debería decir: ‘Quiero que el señor Rolando Rodríguez, quien realizó todas las investigaciones, me haga las preguntas y aclaremos todo”.
Barceló y Oli Meza no son los únicos que han abordado este tema. La abogada y activista Karisma Karamañites también lo comentó, aunque desde la perspectiva de la “violencia vicaria”.
La carta del FBI
En junio pasado, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) envió una nota al procurador Javier Caraballo informando lo siguiente:
“Por este medio le informo que el FBI ha identificado un posible caso de corrupción pública. De acuerdo con información obtenida mediante fuentes humanas y abiertas, la licenciada Castillo, de [la firma] Castillo, Guardia & Asociados, extorsiona a empresarios solicitándoles un porcentaje a cambio de lograr que se suscriban contratos con el gobierno y se aprueben y emitan pagos por parte de distintas agencias gubernamentales.”
La nota fue enviada a través de la embajada de Estados Unidos en Panamá.
En su conferencia de prensa, el presidente José Raúl Mulino declaró que no ha recibido ninguna comunicación de la embajada sobre “este personaje” y reiteró que no tiene injerencia en asuntos judiciales.
