¿Dónde está el contralor, Gerardo Solís? ¿O la directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), Elsa Fernández? Es la pregunta que se hacen miembros de la sociedad civil que piden una investigación de oficio a los ministros socios Rafael Sabonge y José Rojas Pardini, que adquirieron costosos apartamentos, cuyo costo combinado es de más de $3.5 millones.
Sabonge, ministro de Obras Públicas, y Rojas Pardini, ministro consejero para la Facilitación de Inversión Privada, adquirieron préstamos, entre junio y julio de 2022 para costearse sus nuevas residencias. Se trata de dos apartamentos ubicados en el recién construido PH The Pole, en el exclusivo complejo residencial de Santa María, en Juan Díaz. El edificio fue construido por ellos mismos, con otro préstamo de $9.7 millones, solicitado en 2016. La obra fue culminada entre 2020 y 2021.
La Prensa preguntó a varios funcionarios y fuentes de la sociedad civil sobre las publicaciones sobre estas adquisiciones, empezando con el contralor, Gerardo Solís.
De brazo cruzados
“La Contraloría no es una instancia judicial de represión ni de persecución. El respeto al Estado de Derecho nos demanda actuar con imparcialidad y neutralidad ante un requerimiento competente y bien fundado… tal cual estamos haciendo durante esta administración”, así respondió Solís cuando La Prensa le preguntó sobre la posibilidad de una investigación de oficio, descartando cualquier pesquisa de oficio.
En cambio, la exprocuradora de la Nación Ana Matilde Gómez cree que la falta de fiscalización de la Contraloría y demás autoridades no ayuda a prevenir la corrupción ni a rendir cuentas, sino más bien, dijo, esta inacción es aprovechada por algunos funcionarios –como ha pasado en otras administraciones– para incrementar su patrimonio.
Gómez dijo que se debe analizar cuál ha sido el incremento patrimonial de Sabonge y de Rojas Pardini desde que llegaron al Gobierno y no esperar denuncias en su contra ni que terminen sus periodos en los cargos que ocupan para investigar. Se puede estar ante posibles irregularidades, como enriquecimiento injustificado, pero para llegar a esa conclusión la Contraloría debería hacer antes una auditoría y, de tener sospechas, debe interponer las acciones legales pertinentes, a fin de que la Fiscalía General de Cuentas y hasta el Ministerio Público puedan actuar.
Piden transparencia
A su vez, la presidenta de Transparencia Internacional capítulo de Panamá, Lina Vega, advirtió que los ministros de Estado, como servidores públicos, “tienen el deber de rendir cuentas” sobre los bienes adquiridos. Recordó al contralor que debe hacer su trabajo como ente responsable de “fiscalizar el correcto manejo de los recursos públicos y, en consecuencia, determinar si se ha producido un incremento no justificado del patrimonio de ambos funcionarios que amerite una denuncia penal”.
“Solís está actuando más como militante del partido que lo eligió en el cargo que como diligente y responsable funcionario consciente de la importante tarea que se le ha encomendado”, subrayó.
Vega coincidió con el abogado Ernesto Cedeño, quien resaltó que, no solo es un deber de los funcionarios rendir cuentas, sino que la Contraloría debe investigar cuando se publiquen posibles casos de irregularidades en las que estén involucrados. Pero “el contralor está ausente, y por eso vemos el derroche de fondos públicos”, criticó Cedeño, quien cuestionó la falta de fiscalización de los fondos del Estado.
Antai, en silencio
El exvicepresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Alfonso Fraguela no solo cuestionó a Solís por “no cumplir con su obligación de fiscalizar”, sino también a la directora de Antai, Elsa Fernández, por su notorio silencio. La Antai –dijo– no debe ser selectiva y que las investigaciones deben llevarse a cabo por igual para cada funcionario. “Esta falta de pronunciamiento crea suspicacias”, advirtió.
La Prensa intentó obtener la posición de la directora de la Antai, pero no respondió llamadas ni los mensajes enviados a su celular.
Fraguela, al igual que sus colegas mencionados en este reportaje, piensa que se debe investigar el incremento de sus bienes y las finanzas de sus empresas respecto a lo que reportaron al ser nombrados en el Gobierno, en especial porque muchos de sus clientes han reportado sus inconformidades en los inmuebles que les han comprado.
Un punto que debe ser revisado, dijo el abogado, es el referente a las personas naturales o jurídicas garantes de los créditos de $1.8 millones solicitados por Sabonge y los $1.7 millones pedidos por Rojas Pardini. Lo anterior –señaló– es porque el salario de ministro ($7 mil mensuales, menos las deducciones de ley), no compensa el monto solicitado al banco.
“Se vende o alquila”
En el contrato de préstamo de $9.7 millones adquirido por Sabonge como representante legal de The Pole At The 8th Hole Corp. para construir el PH The Pole, menciona que el hoy funcionario vivía en el edificio Mar de Plata. Este apartamento, de acuerdo con una publicación en redes sociales, está a la venta o se alquila.
El anuncio, que aparece desde hace tres semanas, indica que el apartamento –el cual también ha sido totalmente remodelado– se vende en $430 mil, es decir, que el ministro sigue en posesión de ese apartamento. Si sigue viviendo allí, no se sabe, aunque su esposa es tesorera en la junta directiva de propietarios de apartamentos en The Pole.
Un video que promueve la venta de este supuesto apartamento del ministro muestra imágenes que distan mucho de los acabados de lujo o los pisos de mármol del que ahora estaría disfrutando el funcionario en su nueva residencia.
Allegados de Sabonge enviaron fotos y un video a este medio de un lujoso apartamento en el PH The Pole, asegurando que las imágenes correspondían a la nueva residencia del ministro. El video, obtenido en redes sociales, recogían escenas de cuando el apartamento se estaba amoblando, labor supuestamente encargada a una diseñadora profesional.
Sabonge no responde
La Prensa envió algunas de esas imágenes al ministro, preguntándole si ese era su nuevo apartamento en el PH The Pole, y si era cierto que había contratado a una decoradora profesional para amoblarlo. Pero, pese a que este medio insistió en varias ocasiones sobre el tema, Sabonge solo eludía las preguntas.
“Si usted decide publicar fotografías de mi apartamento, y continúa divulgando información privada mía y de mi familia, que puede generar una situación de inseguridad para nosotros, será considerada responsable de lo que pueda suceder”.
El ministro parece no haber considerado que si las fotos corresponden a su apartamento, estas fueron obtenidas y divulgadas por sus allegados o publicadas en redes sociales por personas de su entorno, ajenas a este medio.
Sabonge pidió a La Prensa “abstenerse de seguir haciéndome preguntas y haciendo publicaciones de mi vida privada, que nada tienen que ver con mi cargo público...”. Este medio le recordó que toda la información que sustenta las pasadas y presente publicación está sustentada en documentación obtenida de fuentes abiertas y públicas, incluido el material gráfico, divulgado en redes sociales por personas vinculadas a él.
