El tema minero volvió a la Asamblea Nacional, luego de nueve días de protestas masivas contra la polémica aprobación y sanción de la Ley 406 de 2023 sobre el contrato entre el Estado y Minera Panamá.
Fue un lunes 30 de octubre movido, luego que un día antes, es decir, el domingo 29 de octubre, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, anunció que presentaría a la Asamblea dos proyectos de ley: uno para convocar una consulta popular que decidirá la terminación o no de la Ley 406 y otro que prohíbe otorgar nuevas concesiones para la explotación de minería metálica.
La consulta
A eso de la 1:00 p.m., y con algunas avenidas cerradas por manifestantes en todo el país, el Tribunal Electoral (TE) convocó a una conferencia de prensa para anunciar que en estos momentos, no hay condiciones para organizar la pretendida consulta popular.
Según el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Alfredo Juncá, la solicitud planteada por Cortizo implica “un esfuerzo adicional y paralelo” al complejo proceso de organización de las elecciones generales del 5 de mayo de 2024 y para lo cual el TE se ha venido preparando desde hace dos años.
“No existe en la Constitución Política ni en el Código Electoral norma alguna que contemple el tipo de consulta popular solicitada. Sin embargo, si una ley debidamente aprobada y sancionada así lo ordena, la institución quedaría obligada a convocar y organizar, sujeto al tiempo y a los recursos necesarios, siempre y cuando existan las condiciones para garantizar el ejercicio de todos los derechos políticos como son los de seguridad y libre movilización”, expresó Juncá, acompañado de sus colegas magistrados Eduardo Valdés Escoffery y Luis Guerra.
Así las cosas, tres horas después se apersonó a la Asamblea Nacional el ministro de Gobierno, Roger Tejada, quien presentó el proyecto de ley que convoca a una consulta popular, el domingo 17 de diciembre de 2023, para adoptar una decisión sobre la terminación o no del contrato entre el Estado y la empresa Minera Panamá.
Lo mismo hizo el ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro, quien llevó la iniciativa legislativa que prohíbe el otorgamiento de nuevas concesiones para la exploración, extracción, transporte y beneficio de la explotación de la minería metálica en el territorio nacional.
Esta iniciativa eleva a rango de ley el Decreto Ejecutivo 23 de 27 de octubre de 2023, que prohíbe el otorgamiento de nuevas concesiones y las que están en trámite para la realización de la minería metálica en Panamá.
Aparecen los diputados
Minutos antes, durante el período de incidencias, algunos diputados hicieron uso de la palabra para referirse al contrato minero. Incluso, algunos que votaron a favor, el pasado 20 de octubre, pidieron perdón y señalaron a Cortizo.
El primero en tomar la palabra fue el diputado colonense del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Jairo Salazar, quien dijo que el país no aguanta una semana más de protestas.
“En estos momentos tenemos que escuchar a la mayoría que es el pueblo. Sé reconocer cuándo debo retroceder. A mí no se me ha dado ningún dinero por mi voto”, puntualizó Salazar, quien fue uno que votó a favor del contrato minero.
Otro de los perredistas que dio su visto bueno al contrato y que se pronunció ayer lunes fue Leandro Ávila, al señalar que no había recibido un dólar, para votar a favor o en contra de una ley.
Dos de los que pidieron disculpas fueron los diputados de los partidos Panameñista, Luis Ernesto Carles y de Cambio Democrático, Fátima Agrazal.
El primero lamentó ausentarse el día de la votación, mientras que Agrazal subrayó que “errar” es de humanos.
En esa misma línea se manifestó el diputado del partido Molirena (aliado del PRD), Tito Rodríguez, quien aseguró que inicialmente creyó en el proyecto, pero ya van muchos días de huelga y se debe prestar atención a las exigencias del pueblo panameño.
“Hemos quedado muy mal ante la sociedad. No nos podemos presentar en los circuitos porque nos andan correteando. Toda la clase política está en el piso”, reconoció.
Concluido el debate en el pleno y cerrada la sesión legislativa, la bancada del PRD convocó a una conferencia de prensa. La vocería fue tomada por el presidente de la Asamblea, Jaime Vargas, quien señaló que dentro de la propuesta de ley sobre la consulta pública introducirán un artículo a través del cual se suspenderá los efectos de la Ley 406.
“El ambiente sociopolítico que hoy vivimos nos obliga a hacer un llamado respetuoso, serio y comprometido, a sumar buenas voluntades de todas las partes, enfocándonos en el futuro del país. Basta ya de crear atmósferas de conflictos alrededor de un tema tan serio como es este contrato con el Estado”, dijo el político.
Sesiones extraordinarias
En la tarde de ayer fue promulgado en Gaceta Oficial, el Decreto Ejecutivo 210 de 30 de octubre de 2023, mediante el cual Cortizo convocó a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias los días 1 y 2 de noviembre de 2023.
En un comunicado, la Presidencia de la República informó que la decisión se tomó basada en la necesidad de atender asuntos que ameritan ser aprobados mediante ley durante el periodo de receso, tales como el proyecto de ley que convoca a una consulta popular a través de una consulta nacional y el proyecto de ley que prohíbe el otorgamiento de nuevas concesiones para la exploración, extracción, transporte y beneficio de minería metálica en todo el territorio nacional.
