El descontento ciudadano por la Ley 406 del 20 de octubre 2023, que adopta el contrato entre el Estado y Minera Panamá, crece a medida que pasan las horas: protestas con cierres de calles en diversos puntos del país y tres demandas de inconstitucionalidad presentadas hasta ahora contra la norma. Pero, ¿qué opciones tiene el gobierno de Laurentino Nito Cortizo para salir de este conflicto y devolver la paz social al país?
Que la Corte se apure
El abogado Juan Ramón Sevillano, uno de los que el pasado lunes demandó el contrato minero, dice lo siguiente:
“La derogatoria de la Ley 406 no es conveniente, ya que en un arbitraje, esa opción sería vista como falta de seriedad. Lo mejor que nos puede pasar es que la Corte falle prontamente las demandas de inconstitucionalidad presentadas. Como los Órganos del Estado deben trabajar coordinadamente, pudiera el presidente de la República solicitar que el fallo se aceleré pensando en la gravedad e importancia del caso”, señaló.
Como se recordará, el contrato original (el número 9 de 1997), aquel que dio inicio a la explotación de minerales en Donoso, fue demandado en 2009. La Corte tardó ocho años en resolver esa acción: lo hizo en diciembre de 2017, declarando inconstitucional la Ley 9 de 1997.
“De repente, una opción jurídica sería solicitar a la empresa la devolución o pago del valor de los minerales extraídos y vendidos desde diciembre de 2017 hasta el año 2020, ya que el pago de $395 millones solo cubre el periodo de 2021 a 2022. Recuerde que estuvieron extrayendo sin contrato”, dijo Sevillano.
‘Una ley mata a otra’
El abogado Ernesto Cedeño también presentó una demanda contra la Ley 406 de 2023. Cedeño piensa que se podría promulgar otra ley, para derogar el contrato minero.
“Una ley mata otra ley. Además de establecer un diálogo con los manifestantes, podría elaborarse un proyecto de ley, que ponga en pausa esta norma jurídica hasta que todos los panameños nos pongamos de acuerdo”, aconsejó.
No sin la minera
Pero el abogado Rodrígo Noriega, quien ha seguido de cerca los vaivenes de la concesión minera, no favorece el plan esgrimido por Cedeño.
“La Ley 406 no puede ser derogada unilateralmente por el Estado, ya que es un contrato. Para derogarla tendría que existir un acuerdo con la minera. Sin ese acuerdo, todo depende de la Corte Suprema de Justicia y de las demandas de inconstitucionalidad que recibió”, indicó.
“El gobierno de Cortizo debería presentar un proyecto de ley de moratoria minera a nivel nacional que cancelara las otras 15 concesiones autorizadas y 104 solicitudes de minería metálica a cielo abierto en el país”, agregó Noriega.
Un dolor de cabeza
El abogado Carlos Ernesto González de La Lastra, es del siguiente criterio:
“El tema de la vigencia del contrato se perfecciona con la aprobación de la Asamblea Nacional, la firma del presidente de la República y la publicación en Gaceta Oficial. Quiere decir que se han seguido los pasos para darle vigencia a un contrato. En este momento el contrato está vigente e ignorarlo le crearía un dolor de cabeza tremendo al país. Si se iba a tomar alguna decisión, debió hacerse antes de que lo ratificara la Asamblea”, indicó.
“Hechos esos pasos, definitivamente lo que le queda a este gobierno y a los que vengan es verificar el cumplimiento exacto de las normas que tiene el contrato y obviamente debería decretar inmediatamente una paralización de las concesiones. Crear una amnistía para esas concesiones, de manera que el país tenga una amplia y absoluta discusión sobre estas y conocer cuál es el impacto que tendrían esos temas para que se evalúe el daño que podrían hacerle al medio ambiente”, añadió González de La Lastra.
La posición de Minera Panamá
Minera Panamá expresó su posición ayer lunes en un comunicado. Se comprometió a ejercer una gestión responsable de la mina Cobre Panamá y recordó que en los próximos 30 días realizará los pagos iniciales para cubrir los impuestos y regalías hasta finales del 2022, monto que asciende a $395 millones.
“Además, deberá efectuar ciertos pagos correspondientes a los impuestos corporativos del año 2023, así como pagos trimestrales de regalías, todo dentro de un plazo de 30 días. Se estima que los pagos totales por impuestos y regalías para los años 2022 y 2023 alcancen los $770 millones”, añadió la empresa.
Recordó que son “un importante contribuyente al desarrollo económico de Panamá, representando el 4.8% de su PIB” y que generan 40 mil empleos, entre directos e indirectos.
“El contrato de concesión renovado permite una inversión continua en gastos de capital sostenible y gastos operativos en Cobre Panamá. A cambio, se espera que el proyecto realice una contribución sustancial a la economía del país. Solo en 2022, las contribuciones directas calculadas de la mina superaron los $1.6 mil millones en empleo, proveedores e inversiones comunitarias más amplias”, se agrega.
