La campaña sucia y la propaganda en tiempos de campaña política entró a la agenda de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), que por estos días discute cambios al Código Electoral.
Hace poco, la CNRE aprobó un artículo que dispone que quien paute una campaña sucia deberá entregar al medio de comunicación una autorización “escrita y notariada” en la que se responsabiliza de las consecuencias civiles o penales que genere su difusión. De esto, dependerá que la publicación sea divulgada.
Las modificaciones al artículo 198 del Código Electoral dejan en manos y bajo una firme y estricta vigilancia del Tribunal Electoral (TE) la propaganda de los partidos.
Será esta entidad la que, basándose “en el índice de audiencia”, decidirá qué medios de comunicación son aptos para pautar.Este tema ya generó polémica.
Osman Valdés, secretario de la comisión y director de Organización del TE, dijo que se les informó que es Ibope la empresa que mide el índice de audiencias. “Nosotros seríamos uno de los usuarios”, indicó.
En tanto, Darisnel Espino, representante del Partido Revolucionario Democrático (PRD) en la CNRE, pidió tomar en cuenta a emisoras pequeñas, como las de Darién, cuya audiencia no es significativa.
“En dicha zona hay candidatos, por lo que el índice de audiencia estará relacionado a la circunscripción”, planteó.
Mientras que Hugo Polo, de Cambio Democrático, manifestó que debe ser la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos la que se encargue de estas mediciones y no una compañía privada.
Su declaración fue refutada por Jorge Barakat, del partido Panameñista, quien consideró que no sería conveniente dejar este proceso en manos del Estado.
MÁS CRÍTICAS
El presidente del Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información, Guillermo Adames, rechazó estas disposiciones.
“Me parece una desafortunada intromisión en lo que es la libre empresa... Poner en manos de un índice de audiencia de alguna forma lacera el derecho que tiene el político de querer anunciarse en un medio y no en otro”, dijo.
La CNRE también aprobó que los medios de comunicación que deseen divulgar propaganda electoral deberán estar registrados ante el TE, para lo que tendrán que presentar su razón social y la actividad a la que se dedican, la certificación del Registro Público con menos de tres meses en la que conste el nombre del representante legal, los directores y dignatarios.
Además, deberán anexar la lista de accionistas, sus tarifas de propaganda y su estado financiero auditado.
“Esta redacción está contemplada para la relación directa entre el medio y el Tribunal. Este artículo lo que busca es transparencia”, expresó el magistrado Eduardo Valdés Escoffery, quien destacó que este sistema lo utiliza Costa Rica y le ha dado “buenos resultados”.
No obstante, dejó claro que la última palabra sobre en qué medio pautar, de la lista que tendrá el TE, la tendrán los partidos.
En ese sentido, se estableció que “las tarifas de la propaganda electoral serán negociadas y acordadas por el TE con los proveedores [medios de comunicación], en consulta con el Consejo Nacional de Partidos Políticos.
Para ello se tomará en cuenta el índice de audiencia de cada uno. El nuevo artículo señala que, de hacerse un contrato con el medio, el TE -ya no los partidos políticos- será el encargado de pagarle directamente.
Adames considera que este es un tema delicado y “traído de los cabellos”, y advirtió que le coarta al medio “poner la tarifa que le da su gana”. “Creo que es un desacierto”, destacó y afirmó que, si se quiere regular la campaña sucia y negativa, entonces se deben poner reglas de ética en la publicidad para que no se lesione el prestigio de nadie.
PROHIBICIONES
La propuesta, que aún debe ser enviada y aprobada en la Asamblea Nacional, también fija la prohibición de la publicidad estatal seis meses antes de los comicios generales e inhabilitar a los candidatos que participen en inauguraciones de obras oficiales.
Igualmente, se impedirá la colocación del nombre de funcionarios en bienes adquiridos o construidos con fondos del Estado.
