La Asamblea Nacional recibió más de 50 traslados de partida provenientes de 20 entidades gubernamentales, los cuales sumaban un total de $800 millones. Sin embargo, dos casos destacaron no solo por su considerable cuantía, sino también por el origen de los fondos.
Entre los traslados, tres correspondían al Ministerio de Obras Públicas (MOP), sumando un total de $368.5 millones, y dos al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), con un monto de $136.5 millones.
Estos traslados, cuya cuantía total alcanzó los $505 millones, fueron detallados en notas enviadas por Aurelio Mejía, director de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al diputado y presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, Sergio “Chello” Gálvez, con el propósito de obtener la debida aprobación legislativa para la redistribución de fondos.
No obstante, el origen de estos fondos genera controversia, dado que se están trasladando $505 millones del Ministerio de Educación (Meduca), originalmente destinados a inversión, al Miviot y al MOP. Este hecho resulta aún más polémico, considerando que actualmente cientos de centros escolares se encuentran en mal estado y en las áreas indígenas persisten las denominadas “escuelas rancho”.
En el caso del MOP, una parte significativa de los $368.5 millones tiene como destino el pago a al menos 40 contratistas responsables de proyectos viales enfocados en el mantenimiento y la reparación de carreteras a nivel nacional, trabajos que quedaron pendientes de la administración anterior.
Algo similar ocurre con los $136.5 millones que serían trasladados al Miviot, los cuales se destinarán a pagos atrasados para unos 35 contratistas involucrados en proyectos habitacionales, además de adquisición de equipo, mantenimiento y materiales de construcción.
Entre los contratistas que se beneficiarían de los traslados al Miviot se encuentra Constructora Norberto Odebrecht (CNO), anteriormente conocida como Odebrecht, una empresa envuelta en múltiples escándalos de corrupción en Panamá y América Latina.
El Miviot le adeuda a CNO aproximadamente $15 millones en concepto de “devolución de retenciones”, según consta en los traslados de partida. Una de las últimas obras del Miviot en las que participó esta constructora fue la renovación urbana de Colón, cuyo costo total fue de $569 millones.
Este año, el juez de cumplimiento del Primer Distrito Judicial, James Corro, instó a Odebrecht a llegar a un acuerdo sobre la deuda que tiene con el Estado panameño, después de que la empresa admitiera el pago de sobornos para obtener contratos en Panamá. Aunque el Estado aplicó una multa de $220 millones en 2017, Odebrecht solo ha pagado $74.4 millones hasta el momento.
Otras empresas
Otra empresa a la que el Miviot debería pagarle más de $10 millones es Ingeniería REC, S.A., presidida por Eduardo Di Bello. Esta compañía devolvió al Estado $1.3 millones tras alcanzar un acuerdo de colaboración con el Ministerio Público en el caso Blue Apple.
Además, se encuentran otras empresas como Centroequipos, Consorcio de Desarrollo CSC, Constructora Urbana S.A. (Cusa) y Administración y Supervisión de Obras Civiles, a las que el Miviot adeuda millones de dólares.
EL MOP
Entre los principales beneficiarios de los traslados de partida solicitados por el MOP se encuentra la empresa Bagatrac, con 37 pagos que suman aproximadamente $24 millones, según el informe remitido por el MEF a la Comisión de Presupuesto.
Esta compañía, presidida y representada por Alberto Jurado, ha sido objeto de controversia desde que su titular admitiera ante el Ministerio Público haber pagado más de $3 millones en sobornos para obtener contratos estatales en el caso Blue Apple, un esquema de corrupción ocurrido durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).
Otra empresa en la lista de pagos es Constructora Meco, que acumula cerca de 65 órdenes de pago por un total aproximado de $37 millones. Meco también fue protagonista del caso Blue Apple, en el cual su propietario, Carlos Cerdas, admitió haber pagado cerca de $9.4 millones en sobornos. Esta firma acumuló más de veinte contratos bajo los últimos tres gobiernos, con un valor total que supera los $1,300 millones, en proyectos adjudicados tanto en solitario como en consorcio.
Constructora Rodsa es otra de las empresas incluidas en los pagos solicitados por el MOP, con un total de 50 órdenes que suman más de $7 millones. Al igual que Bagatrac y Meco, Rodsa fue parte del esquema de sobornos en el caso Blue Apple, donde se reveló el pago de coimas a funcionarios para asegurar contratos con el Estado.
Durante la administración de Laurentino Cortizo, Rodsa ha obtenido contratos por más de $118.1 millones en conjunto con Ingeniería y Remodelaciones Civiles. Presidida por Juan Alexis Rodríguez, Rodsa también enfrentó acusaciones en 2017, cuando Rodríguez declaró que funcionarios del MOP le solicitaban entre un 5% y un 10% del valor bruto de los contratos en concepto de “ayuda política”.
Estos traslados de partida están a la espera de aprobación por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea. De aprobarse, Meduca sería una de las entidades con menor ejecución de su presupuesto para 2024. De hecho, de los $1,614 millones asignados para invertir este año, solo ha ejecutado $352 millones, es decir, un 22%.
