Corina Cano insiste en reformas a la ley de transparencia; la Usma protesta

Corina Cano insiste en reformas a la ley de transparencia; la Usma protesta
El presidente de la Comisión de Gobierno, el perredista Leandro Ávila y la diputada del Molirena y vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Corina Cano.


Pese a la advertencia de algunas organizaciones de la sociedad civil en el sentido de que “no es el momento” para discutir el proyecto de ley 1031 que crearía una nueva ley de transparencia, por ser un año netamente electoral, la vicepresidenta de la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión de Gobierno, Corina Cano, aseguró que el proyecto “se discutirá”.

“Se va a discutir. No se trata de un proyecto electorero, sino de una necesidad y un compromiso que el país lo ha exigido y que la Asamblea Nacional debe cumplir con ello”, dijo Cano.

La diputada del Molirena aseguró que la Comisión de Gobierno ha aprobado proyectos de más de 800 artículos “y lo hemos sacado bien consensuado, con muchas personas participando”.

En la primera reunión de la subcomisión de la Comisión de Gobierno, que analiza el proyecto de ley 1031, la queja de las organizaciones se centró en que la propuesta del Ejecutivo tiene muchos vacíos y que no fue consultada con todos los sectores, que en su momento promovieron la norma que ahora se busca derogar: la Ley 6 de 2002, que dicta normas para la transparencia en la gestión pública y establece la acción de habeas data, entre otras disposiciones.

Corina Cano insiste en reformas a la ley de transparencia; la Usma protesta
La subcomisión legislativa conformada para discutir la eliminación de la actual Ley de Transparencia (Ley 6 de 2002) y la aprobación de una nueva, se reunió por primera vez el miércoles 16 de agosto

La propuesta

Entre los cambios que establece la nueva iniciativa sobre transparencia, presentada por José Simpson, ministro de la Presidencia, el 27 de abril de 2023, figuran multas por hasta el 50% del salario mensual (“durante el tiempo que dure la falta”) de los funcionarios infractores. La Ley 6 de 2002, en tanto, contemplaba multas equivalentes a dos veces el salario mensual y, en caso de reincidencia, la destitución del cargo.

Se establece reducir de 30 a 15 días el plazo de los funcionarios para proporcionar la información pública solicitada y se flexibilizan las sanciones. También se propone que la información podrá ser clasificada como reservada por un periodo de hasta 10 años. La ley actual permite que sea de hasta 20 años.

De igual forma, se blinda información de los beneficiarios de programas sociales y becas, invocando la Ley 81 de 2019, sobre protección de datos personales.

Una de las voces que considera que no se debe discutir la propuesta es la abogada Magaly Castillo, decana de la Facultad de Derecho, de la Universidad Santa María La Antigua (Usma).

En una nota, Castillo indicó al presidente de la Comisión de Gobierno, el diputado Leandro Ávila, que la propuesta que busca derogar la Ley 6 “no cuenta con el respaldo y la participación de organizaciones de la sociedad civil y sectores de la vida nacional que participaron en la promoción y elaboración de esta ley en el año 2002″”.

Añade que se une “a las voces que manifiestan su preocupación por la discusión de una reforma a la Ley de Transparencia en medio de una campaña electoral”.

Sobre esta opinión, Cano dijo que, “con el respeto de Castillo, nunca la he visto aquí, en ninguna discusión. Lo importante aquí es que participemos. Estamos con toda la disposición de escuchar”.

Leah de Brosner, de la fundación Espacio Cívico, también opinó que “no es el momento adecuado para su debate, por razón de la contienda electoral que se avecina, por un lado, y por otro lado es que este proyecto de ley ha llegado aquí con deficiencias importantes en el proceso de consulta ciudadana”, opinó.

Puede leer: Diputados discuten la nueva Ley de Transparencia, ante advertencias para ampliar las consultas

Mientras que el diputado Leandro Ávila, que preside la Comisión de Gobierno, se limitó a decir que hay sectores que se oponen “a todo”.

“Ahora dicen que no se debe discutir la ley de transparencia, porque no se ha consultado, porque falta poco tiempo para las elecciones, a pesar, de que se la han pasado con la cantaleta de la transparencia. Entonces, uno se pregunta, ¿qué es lo que realmente quieren para el país?”, dijo.

Por ahora, no existe fecha para una segunda reunión de la subcomisión que preside el perredista Eugenio Bernal y en la que también participan Cano y el diputado panameñista Luis Carles.

‘No es el momento’

Por su parte, Leah de Brosner, de la fundación Espacio Cívico, opinó que “no es el momento adecuado para su debate por razón de la contienda electoral que se avecina, por un lado, y por otro lado es que este proyecto de ley ha llegado aquí con deficiencias importantes en el proceso de consulta ciudadana”, opinó.

Mientras que el diputado Ávila se limitó a decir que hay sectores que se oponen a todo. “Ahora dicen que no se debe discutir la ley de transparencia, porque no se ha consultado, porque falta poco tiempo para las elecciones, a pesar, de que se la han pasado con la cantaleta de la transparencia. Entonces, uno se pregunta ¿qué es lo que realmente quieren para el país?”.

Por ahora, no existe fecha para una segunda reunión de la subcomisión que preside el perredista Eugenio Bernal y en la que también participan Cano y el diputado panameñista Luis Carles.

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