La corrupción en los tres poderes del Estado y diversas acciones que atentan contra la libertad de expresión son aspectos medulares de la sección Panamá del reporte anual de derechos humanos elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos (EU), correspondiente al año pasado.
“La Constitución brinda libertad de expresión, incluso para miembros de la prensa y otros medios. El gobierno en general respetó este derecho, pero los periodistas y los medios observaron que continuaron las demandas penales y civiles por difamación y calumnia, las cuales consideraron una amenaza a la libertad de expresión y a la libertad de prensa”, dice el informe, publicado el pasado 12 de abril y disponible en la página web de la Embajada de EU en Panamá.
Se menciona, por ejemplo, el secuestro contra Corporación La Prensa S.A. como parte de una demanda interpuesta hace 12 años por el expresidente Ernesto Pérez Balladares. También registra el caso de la denuncia por supuesta violencia de género que interpuso la diputada del gobernante Partido Revolucionario Democrático Zulay Rodríguez contra el periodista de Foco Panamá Mauricio Valenzuela.
En conversación con La Prensa, Nathan Eckstein, oficial de derechos humanos de la Embajada de EU en Panamá y líder del equipo que elabora el reporte, destacó “el uso y abuso de la ley contra periodistas”.
Añadió que observan de cerca las amenazas de violencia contra periodistas en el país, pues es una situación importante en otros países de la región. “Estamos pensando en este tema y espero que no lo veamos en Panamá”, manifestó.
El reporte hace un recuento de la amenaza de Roniel Ortíz, abogado del expresidente Ricardo Martinelli, al equipo de Foco Panamá. El hecho se dio en un programa televisivo a raíz de la cobertura noticiosa sobre casos de su defendido.
También se rescata la amenazas que recibió la periodista Flor Mizrachi luego de la publicación sobre el centro de vacunación clandestina contra la Covid-19 que operaba en Coco del Mar. Mizrachi interpuso una querella ante la Procuraduría General de la Administración y se abrió una investigación. Similarmente, Annette Planells, cofundadora de Movimiento Independiente (Movin), reportó recibir amenazas anónimas.
Al conversar con La Prensa, Eckstein destacó que el próximo 3 de mayo se celebra el día de la libertad de prensa y que se trata de un día importante para la Embajada y su equipo. “Estamos visitando oficinas de prensa y hablando con periodistas sobre su situación. Una democracia fuerte requiere de un cuerpo de periodistas fuerte con libertad para escribir todo lo que quieran escribir”, dijo.
Corrupción como amenaza
Sobre la corrupción y cómo esta afecta al país y a sus ciudadanos, Eckstein precisó que la corrupción, precisamente, es uno de los enfoques de la embajada estadounidense en Panamá. “Especialmente en temas de servicios gubernamentales”, añadió, para luego detallar que la corrupción y la falta de recursos debido a esta incide en la capacidad del Estado para suplir las necesidades básicas de la población.
“La corrupción siguió siendo un problema grave en los órganos Ejecutivo, Judicial y Legislativo, al igual que en los estamentos de seguridad”, dice el reporte.
Y añade que el sistema de justicia ha tardado en dar trámite a casos de alto perfil, como el de los sobornos de Odebrecht, en el que están imputados dos expresidentes: Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019).
Nathan Eckstein, oficial de Derechos Humanos de la Embajada de Estados Unidos en Panamá.
Estamos visitando oficinas de prensa y hablando con periodistas sobre su situación... Una democracia fuerte requiere de un cuerpo de periodistas fuerte con libertad para escribir todo lo que quieran escribir”.
El reporte también menciona el caso New Business, que le sigue la pista a la compra en 2010 de Editora Panamá América S.A. supuestamente con fondos públicos. Por este caso hay 25 acusados. “La ley contempla sanciones penales por corrupción oficial, pero el gobierno de forma general no implementó la ley efectivamente”, sentencia el reporte.
El reporte es elaborado de forma anual por personal de las embajadas de EU en cada país. Recopila testimonios, tanto de la sociedad civil como de autoridades competentes para elaborar cada uno de los puntos sobre derechos humanos que se solicitan a nivel mundial. En algunos puntos, la embajada de EU en Panamá no presenta observaciones. Para otros, como los derechos humanos de las mujeres, se pide el reporte general a nivel mundial.
Eckstein explicó que el informe, a nivel mundial, se basa en situaciones entre el Estado y los ciudadanos. Es decir, no se plasman circunstancias de violencia o violaciones de derechos humanos entre particulares. Igualmente, se utilizan testimonios suministrados por parte de la sociedad civil para pintar un panorama de la situación actual del país en cuanto a los distintos temas.
Poblaciones vulnerables
Otros de los temas clave que destacó Eckstein incluyen la discriminación y violencia de género, y las violaciones a los derechos humanos de la población indígena en Panamá.
“Nos enfocamos en el tratamiento gubernamental de estas poblaciones”, dijo. Por ejemplo, el documento recopila información sobre el acceso de poblaciones indígenas a recursos educativos y de salud, en comparación con el resto de la población.
“Podemos decir que sí hay discriminación y prejuicios contra la población indígena en Panamá”, acotó.
El reporte también resalta los retos que tienen estas poblaciones en cuanto a su gobernanza y si el gobierno central les da suficientes herramientas para ésta. Les llama la atención la lentitud del Estado para reconocer a líderes electos en las comarcas. Esto, según el reporte, entorpece las capacidades de estas comunidades a acceder a servicios básicos.
“Esto complicó la recepción de fondos asignados por el gobierno, incluyendo aquellos para combatir la propagación de la Covid-19,” detalla.
Asimismo, resalta casos de discriminación laboral contra miembros de la población indígena. Se habla de que en ciertos casos los empleadores no ofrecían derechos básicos establecidos por ley, como salario mínimo, seguro social, estabilidad laboral o liquidación. Además, el documento destaca que los trabajadores agrícolas, en su mayoría indígenas, “continúan trabajando en situación de hacinamiento y sin condiciones sanitarias”.
Eckstein explicó que “hay una brecha entre los dos géneros, que se hace más larga cuando una persona tiene una identificación con otra población vulnerable”. Esto es parte de lo que intentan plasmar en el reporte: la interseccionalidad de las poblaciones y problemáticas que enfrentan y cómo estas afectan la habilidad del Estado para salvaguardar sus derechos humanos.
Sobre género, resalta el tema de abuso sexual y violencia doméstica, y los feminicidios. El documento rescata el caso del diputado de la Asamblea Nacional Arquesio Arias, quien fue declarado no culpable por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por un caso de supuesto abuso sexual y violación. Esto, a pesar de que magistrados de la Corte sí lo encontraron culpable.
El documento plantea que “la ley no fue efectivamente aplicada” en casos de feminicidios o en cuanto a penas severas por acoso, violencia de género y por abuso emocional y físico. “Los funcionarios y las organizaciones de la sociedad civil estuvieron de acuerdo en cuanto a que la violencia doméstica continuaba siendo un problema grave”, se plasma.
Otro tema clave y uno de los ejes de enfoque del documento y su investigación es el trato que da el Estado a la población LGBTI.
En el informe se menciona que personas de esta comunidad manifestaron haber sido tratados de forma discriminatoria por funcionarios de la salud pública. No obstante, no constan denuncias formales al respecto.
También se rescata la demanda que espera fallo en la Corte Suprema de Justicia sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. El caso está en espera de resolución desde 2017.
En cuanto al estigma que existe sobre pacientes con VIH/Sida, en el reporte se plantea que “el gobierno no fue proactivo en prevenir la discriminación...” contra estas personas.
Además, se detalla que hubo menos recursos disponibles para tratar las enfermedades, dado que el sistema público estaba volcado a hacer frente a la pandemia de la Covid-19.
De igual forma, en el contexto de la pandemia, en el reporte se habla de las restricciones de movilidad y cómo estas afectaron “desproporcionadamente” a la población transgénero. Si bien las medidas se implementaron en 2020, por lo cual ya no están contempladas en este informe, el mismo rescata que la CSJ declaró inconstitucionales las restricciones de movilidad por género y número de cédula. “El fallo fue significativo para las comunidades transgénero, no binarias y que no se ajustan a géneros establecidos”, plantea.
