Organizaciones, gremios y ciudadanos no son los únicos que señalan que el proyecto 1031, que deroga la Ley 6 de 2002, sobre transparencia en la gestión pública, dejaría a la Autoridad nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) con poderes a la par de los órganos del Estado. Así también lo interpreta la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López.
La magistrada, en una nota que envió a la Comisión de Gobierno de la Asamblea, pidió “revisar” y “ajustar” el documento que deroga la Ley 6 de transparencia, porque si no la Antai “estaría por encima del resto de las autoridades públicas, incluyendo los tres órganos del Estado”.
Los ajustes de la Corte
López Arias hace referencia al artículo 22 del proyecto 1031, que le otorga a la Antai la facultad para que, de manera “vinculante”, opine sobre la información que será clasificada como de acceso reservado o confidencial. Este llamado de atención se da pese a que la magistrada considera que en términos generales el proyecto es un “avance”, dado que -según su criterio- mejora el acceso a la información pública.
El artículo 22 del proyecto 1031, que impulsa el Ejecutivo, señala que los sujetos obligados a entregar información remitirán a la “autoridad rectora y garante”, en este caso la Antai (según el proyecto), en grado de “consulta” las resoluciones dictadas en que se clasifique la información como de “acceso reservado o confidencial” con sus respectivos antecedentes, a fin de que la Antai decida de “manera vinculante” lo conducente, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de recepción, verificando que dicha clasificación cumpla con los requisitos establecidos en la ley.
La magistrada deja claro que la figura de “consulta” no es el término adecuado. Además, advirtió que establecer que la Antai “decidirá de manera vinculante” la convierte en una “supra autoridad, que estaría por encima del resto de las autoridades públicas, incluyendo los tres órganos del Estado”.
En la Ley 6 de 2002, si la entidad no cumple con la entrega de la información, el solicitante puede presentar una acción de habeas data ante los tribunales superiores o la Corte Suprema de Justicia.
Ahora, con el proyecto de ley, hay que ir primero a Antai y luego a los tribunales. Así las cosas, la Corte considera que lo más apropiado es referirse a que la Antai hará una “evaluación” y “recomendación” respecto a las mencionadas resoluciones; “y en caso de inconformidad, que el interesado tenga a su haber la posibilidad de ejercer la acción de Hábeas Data, competencia de los tribunales judiciales”.
A pesar de que el proyecto 1031 del Ejecutivo intenta convertir a la Antai en el ente garante del acceso a la información pública, en la actualidad la entidad no juega ese papel. Así ya lo ha reconocido la propia directora de esa institución, Elsa Fernández, quien la semana pasada señaló que la entidad que dirige no tiene un mandato que corresponde al de la entidad nominadora; es decir, “acompaña el periodo presidencial”, por lo que “no juega el rol de balance que debe tener, como en el caso de la Defensoría del Pueblo”.
En la Comisión de Gobierno, Elsa Fernández, directora de la Antai reconoció que la entidad, tiene un mandato que “acompaña el periodo presidencial”, por lo que “no juega el rol de balance que debe tener”.https://t.co/xotL2vYvta pic.twitter.com/T9Fr5u6p7W
— La Prensa Panamá (@prensacom) September 7, 2023
Los directores de la Antai son designados directamente por el presidente de la República y el defensor del Pueblo es electo por el pleno de la Asamblea Nacional por un período de cinco años.
Proyecto nefasto
Durante las últimas semanas, autoridades, gremios, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos han remitido a la Comisión de Gobierno una serie de recomendaciones y reproches, tras la insistencia del Ejecutivo y Legislativo de derogar la Ley 6, en pleno año preelectoral y sin haber permitido una consulta amplia y previa con todos los sectores del país.
Además, han solicitado al Ejecutivo que retire el proyecto de la Asamblea Nacional, por considerarlo “nefasto” y un “retroceso” para la transparencia y democracia del país.
En esa línea también se ha manifestado el procurador de la Administración, Rigoberto González, quien además de hacer recomendaciones para mejorar el documento ha pedido que se postergue el debate para permitir un proceso de participación, discusión y la búsqueda de consensos.
La propuesta que impulsa el Ejecutivo, de igual modo, permite la opacidad en la transparencia, pues blinda información de los beneficiarios de programas sociales y becas, invocando la Ley 81 de 2019, sobre proyectos de datos personales.
Siguen las consultas
Por ahora, el Ejecutivo y el Legislativo solo hablan de “consultas”, dejando a un lado la solicitud de los gremios, organizaciones y ciudadanos que piden que el proyecto sea “retirado”.
La Comisión de Gobierno, que dirige el diputado perredista Leandro Ávila, se comprometió a reanudar las consultas sobre el proyecto 1031 y escuchar a todas las partes, mientras que el presidente de la República, Laurentino Cortizo, anunció el fin de semana que se reunirá con diferentes grupos vinculados a medios de comunicación, para tratar la propuesta que el propio Ejecutivo llevó a la Asamblea.
