Según el presidente de la República, Laurentino Cortizo, su gobierno ya ha negociado con el sector bancario extender la moratoria hasta el 31 de diciembre de 2020 para el pago de hipotecas; préstamos comerciales, personales, agropecuarios y de automóviles, y de tarjetas de crédito.
Cortizo también vetó parcialmente el proyecto de ley No. 287, que establece una moratoria de 90 días sobre todos los préstamos hipotecarios, personales y comerciales, y sancionó el proyecto 295, que suspende por cuatro meses los pagos en los servicios de electricidad, internet y telefonía fija y móvil.
“Luego de 4 intensas sesiones de trabajo con la Asociación Bancaria de Panamá, hemos logrado acuerdos que superan sustancialmente las condiciones propuestas por el artículo 2 del proyecto de ley 287”, señaló Cortizo, en un acto en la Presidencia de la República, transmitido en vivo por televisión y con varios diputados (de gobierno y de oposición) sentados en una tarima improvisada en el salón amarillo, detrás del mandatario.
Seguidamente, Cortizo firmó un acuerdo con Aimeé Sentmat de Grimaldo, presidenta de la Asociación Bancaria de Panamá, y sancionó el proyecto 295.
Advirtió que la Asamblea Nacional será convocada a sesiones extraordinarias, para abordar los artículos vetados en el proyecto 287.
El proyecto 287 fue originalmente propuesto por la diputada Zulay Rodríguez, y el 295, por Raúl Pineda, quien estuvo sentado detrás de Cortizo, en el acto ceremonial en la Presidencia. La diputada Rodríguez también estuvo en Presidencia, pero no se le vio en el acto de firma.
Con los diputados estaba el secretario general del oficialista PRD, Pedro Miguel González.
Cortizo también anunció que vetó tres proyectos más de moratoria, cuyos números no especificó.
“El hecho de que alguno de los contenidos de tres de los cinco proyectos de ley de moratoria pudieran violar aspectos de la Constitución Política de la República, nos llevó a vetarlos por inexequibles”, indicó.
Uno de esos proyectos sería el ley 281, propuesto por la diputada Ana Giselle Rosas, que señala que el Ministerio de Educación (Meduca) “deberá establecer, junto con los colegios particulares y los padres de familia, la suspensión, reducción o el diferimiento del pago de los costos establecidos en los contratos educativos”.
