Como “oportuna” y “necesaria”, para la actualización y modernización del Estado panameño catalogó el presidente de la República, Laurentino Nito Cortizo, el proyecto de ley 907 (ahora Ley 351 de 22 de diciembre de 2022), que reforma la ley orgánica de la Contraloría General de la República.
La apreciación del mandatario se dio tras sancionar la propuesta legislativa, que en su momento fue blanco de críticas por dirigentes de la sociedad civil organizada e incluso por el Tribunal de Cuentas.
La ley, además de crear una carrera para los funcionarios de la Contraloría con la modificación y adición de artículos a la Ley 32 de 1984 (que es la ley orgánica de la Contraloría), modifica la Ley 67 de 2008 que desarrolla la jurisdicción de cuentas (Fiscalía y Tribunal de Cuentas) en Panamá.
Fortalece independencia
Ayer jueves, antes de que Cortizo anunciara que avaló el proyecto de ley -que impulsaron sus copartidarios, los diputados perredistas Leandro Ávila, Ricardo Torres y Crispiano Adames, actual presidente de la Asamblea-, la Contraloría General de la República, a cargo de Gerardo Solís, comunicó públicamente al país que el proyecto había sido sancionado.
Mediante nota de prensa, Solís indicó que la ahora Ley 351 de 2022 robustece los controles previo y posterior mediante el fortalecimiento e independencia de los auditores internos de las entidades fiscalizadas, “de manera que no puedan ser destituidos sin la aprobación del contralor general”.
Además, acotó que “los fiscalizadores y funcionarios de la Contraloría se convierten en embajadores de la independencia, obligándose a actuar con más transparencia, probidad y rendición de cuentas a la vez que se robustece la participación ciudadana, de acuerdo a las normativas internacionales de las entidades fiscalizadoras superiores”.
Ello, pese a que la norma indica, por ejemplo, que los funcionarios de esa institución estarán exonerados de una investigación penal de cualquier acto que se originó, independientemente si la institución lo refrendó o no.
Además, se les exonera como “empleados de manejo” en la jurisdicción de cuentas.
La Ley 351 también incluye artículos que le permiten al contralor aprobar, cerrar y archivar los informes de las auditorías e investigaciones, según su criterio.
El Tribunal de Cuentas, a cargo de Alberto Cigarruista, Rainier Del Rosario y Álvaro Visuetti, ha señalado que quitarle responsabilidad a los fiscalizadores constituye un grave error, porque debilitaría los esfuerzos para combatir la corrupción.
Sin embargo, Cortizo echó por tierra todos estos señalamientos y ayer, en el acto protocolar de la sanción de la norma sin acceso a la prensa, acotó que “nos complace poder sancionar hoy esta ley que apunta a los mismos propósitos de nuestro plan, de mejorar la gestión pública y vigilar el uso correcto de los fondos públicos”. A este acto asistieron los diputados Torres y Ávila.
Se anunció que se emitirán 2,932 certificados de estabilidad a favor de los funcionarios de la Contraloría. Y es que, en lo aprobado por los diputados y sancionado por Cortizo, se indica que los servidores de la Contraloría que hayan laborado “a satisfacción” durante un mínimo de dos años continuos y cumplan los requisitos de selección, gozarán de estabilidad laboral. Entre los beneficios que establece la carrera figura una “política de aumento de sueldo por mérito, cada dos años”. Estos incrementos salariales se regirán por el reglamento que dicte el contralor general, según dice la norma.
Según el abogado Ernesto Cedeño, la nueva norma solo busca complacer y darle un espaldarazo al contralor Solís, ya que la ley tendría visos de inconstitucionalidad, por ejemplo, al “violar garantías del debido proceso”.
Las modificaciones a la ley orgánica de la Contraloría fueron aprobadas por el Legislativo el pasado 25 de octubre, cuando los diputados se encontraban a tres días de cerrar las sesiones ordinarias del pleno para retirarse a un receso de dos meses.
