Uno de los múltiples intentos de los diputados de la Asamblea Nacional por garantizar mejores ingresos a los gobiernos locales, muchos de ellos aliados políticos de la bancada oficialista, naufragó en manos del Ejecutivo.
Se trata del proyecto de ley 890 que le permitiría a funcionarios que sean electos como alcaldes, vicealcaldes, representantes de corregimiento y sus suplentes recibir un salario superior al que les corresponde en el gobierno local.
La iniciativa de los diputados perredistas Daniel Ramos y Javier Sucre surgió luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara que era inconstitucional la figura de la licencia " con sueldo” y que la Contraloría General de la República se viera obligada a suspender los gastos de movilización de los gobiernos locales, con los cuales un representante, por ejemplo, podía recibir $10 mil 750 mensualmente, es decir, más que el presidente de la República, que tiene un salario mensual de $7mil.
Pero, ¿por qué el mandatario rechazó el proyecto que empujó la bancada de su partido?
El presidente Laurentino Cortizo objetó parcialmente el proyecto 890, por inconveniente, alegando contradicciones en su planteamiento. Su opinión se centró en los dos artículos que permitirían que aquellos representantes de corregimiento (principal o suplente), alcaldes y vicealcaldes que sean funcionarios al momento de su elección, escoger cuál de los dos salarios quieren recibir: el que les corresponde en el gobierno local o el que percibían al momento de ser electos.
En ese sentido, Cortizo indicó que si un funcionario es electo a un cargo no solo pierde el puesto anterior, sino también el salario que hasta entonces recibía. Además, dejó claro, que, como lo ha dicho la Corte, no puede “haber licencia sin sueldo con disfrute del salario”.
“No tiene ningún sentido que la licencia sin sueldo pueda incluir el goce del salario anterior del servidor público en el caso de que sea mayor al de representante de corregimiento o alcalde, ya que en esencia no puede haber licencia sin sueldo con disfrute de salario”, se lee en la nota de objeción que el gobernante le envió al presidente de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames, con fecha del viernes 11 de noviembre.
El mandatario también señaló que se deja en un limbo jurídico a los funcionarios que estaban trabajando en la “empresa privada”. Esto, debido a que con el proyecto de ley 890, los diputados solo legislaron a favor de las autoridades electas que antes ejercieron funciones en una entidad pública.
Pese a las críticas, esta propuesta contó con el aval de los diputados, que cuando debatieron la iniciativa ya eran conocedores del fallo de la Corte Suprema de Justicia del 14 de marzo de 2022, que concluyó que los servidores públicos deben desempeñar personalmente “la función para la cual han sido designados o escogidos”.
Además, el proyecto 890 avanzó en la Asamblea a pesar de que el procurador de la Administración, Rigoberto González, advirtió que no se pueden establecer privilegios para autoridades electas que vienen del sector público en detrimento de las que vienen del privado.
El proyecto se aprobó el 29 de septiembre en tercer debate, en el penúltimo día de las sesiones ordinarias del pleno legislativo -que actualmente se encuentra en receso hasta enero de 2023-, levantando quejas ciudadanas.
Incluso, hubo ciudadanos que mediante nota le solicitaron al mandatario vetar la propuesta, por considerar que violaba los artículo 19 y 302 de la Constitución, que señalan que no habrá fueros y privilegios y que los servidores públicos están obligados a desempeñar personalmente las funciones para las cuales fueron nombrados.
La mutación
Durante la discusión del proyecto 890 y tras los cuestionamientos de la población, los diputados matizaron la iniciativa. En un principio, intentaron revivir el doble salario que tenían los gobiernos locales, estableciendo que las autoridades locales podrían percibir el pago de los dos sueldos, pues trabajarían en jornadas no “simultáneas”. Además, pretendían obligar a las instituciones a ajustar los horarios laborales a conveniencia de las autoridades que fueron electas.
Se puede reconsiderar
Pero los diputados tendrán una segunda oportunidad para intentar incrementar el salario a las autoridades locales.
Cortizo señala en la objeción al proyecto 890 que se ve “compelido” a devolver el proyecto sin sanción, con “la finalidad que la Asamblea Nacional proceda a la consideración y análisis de estas objeciones”, oportunidad que, según fuentes legislativas, se podría concretar en enero próximo, cuando se reanuden las sesiones ordinarias del pleno.
La presión
Antes de culminar las sesiones ordinarias en octubre pasado, los diputados, sobre todo del PRD, cerraron filas con los gobiernos locales para que se sancionen tres propuestas para modificar la ley de descentralización. Precisamente, la iniciativa vetada buscaba reformar la Ley 37 de 2009, que descentraliza la administración pública en el país y derogaba artículos de la Ley 106 de 1973, sobre el régimen municipal.
Esta semana, Cortizo avaló una de estas iniciativas, al sancionar el proyecto de ley 868, que permite a los gobiernos locales usar los fondos que reciben del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en planillas, contratos y “obras sociales”. No obstante, aún Cortizo tiene en sus manos el proyecto 650, que flexibiliza el procedimiento de compra para los municipios y juntas comunales del país.
