El fin de semana no logró silenciar las voces críticas de la nueva Ley 406 que establece el contrato entre el Estado y Minera por 40 años más. Centenares de personas se juntaron ayer domingo en la cinta costera frente al colorido letrero que dice Panamá, en letras mayúsculas. Allí, desde donde se puede observar el palacio de Las Garzas, lugar en que el presidente Laurentino Nito Cortizo gobierna el país, los manifestantes se pronunciaron.
Otra vez dijeron no a la minería en Panamá, al contrato plasmado en la nueva ley, a la manera como el Ejecutivo y el Legislativo trataron el tema: debate y sanción en tiempo récord. “Panameño dile no a la mina, sí a la vida”, se leía en una de las pancartas. Criticaron al gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD) y gritaron consignas en contra de una larga lista de nombres de políticos.
“Rey de los traidores”, decía una pancarta de un hombre que cargaba una cruz de color blanco y su rostro lucía una máscara del presidente Cortizo. A su lado caminaba una indígena de la comarca Ngabe Buglé, que cargaba un letrero con esta frase: “Minería es muerte”. Banderas de Panamá, sombrillas multicolores para protegerse del sol de la tarde, y más mensajes contra el contrato minero.
Más temprano, a partir de las 11:30 a.m., miembros del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) marcharon en San Miguelito. Cargaban las banderas rojas que distinguen a la organización y letreros con mensajes recriminando a la minería.
“Queremos decirle al país que estamos listos para la pelea en la calle. Estamos llamando al pueblo panameño en cada una de las provincias de este país, en cada una de las comarcas, a salir a las calles mañana (hoy lunes). El pueblo sabe que el Suntracs está listo pero requerimos del resto del pueblo. No aceptamos la venta de la Patria, no aceptamos el contrato vende patria minero”, dijo Saúl Méndez, directivo de la organización, luego de una reunión con su grupo donde se tomaron decisiones respecto a las protestas que se llevarán a cabo desde hoy lunes 23 de octubre.
Cámara de Comercio advierte de perjuicios
Mientras los grupos que se oponen a la mina organizaban sus causas, la Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), advertía sobre los perjuicios de los cierres de calles. “Los cierres de calles que venimos sufriendo los panameños recientemente, en lugar de avanzar las causas por las que supuestamente se obstruye el tráfico, terminan generando perjuicio a miles de panameños honestos que se presentan diariamente a sus puestos de trabajo o están justamente en la calle ganándose su sustento”, anotó el gremio en su columna La Cámara Opina, que se distribuye durante la mañana de los domingos.
Recordaron que cada vez que se obstaculiza una calle se perjudica a ciudadanos que se desplazan a sus trabajos, escuelas o negocios, lo que significa la cancelación de miles de entrevistas de trabajo, clases escolares, citas médicas y pérdidas económicas considerables. “Demandar la mejora de determinadas situaciones es crucial, pero no a expensas de afectar adversamente a terceros”, señaló el gremio que preside Adolfo Fábrega.
El Sindicato de Industriales de Panamá también se pronunció de manera similar. “La industria panameña se ve afectada por estos cierres de calles. Afecta totalmente al humilde panameño. La industria nacional quiere mantener la seguridad alimentaria, que los alimentos y la materia prima puedan seguir llegando a la población. Los cierres de calle no tienen razón de ser. Hay maneras de protestar, esta no es la manera. Lo condenamos”, manifestó Raúl Montenegro, presidente del Sindicato de Industriales de Panamá.
Temístocles Rosas, presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede) sustenta que tomando en cuenta que los cierres afectan el sector turismo, los puertos y muchos comercios del país, calcula que las pérdidas económicas suman unos $50 millones por día.
El tercer debate del proyecto de ley 1100 que establece el contrato entre el Estado y Minera Panamá, solo duró cuarenta minutos. Se dio el pasado viernes 20 de octubre, luego de que la Asamblea Nacional habilitara ese día para sesionar. Usualmente el Legislativo debate proyectos en el hemiciclo legislativo entre los lunes y los jueves. Trabajan los viernes solo por temas que los diputados consideren de suma importancia. Ese día, 47 diputados le dieron el visto bueno a la propuesta legislativa.
Un día antes, el jueves 19 de octubre, el proyecto había recibido segundo debate. Cuando la ciudadanía apenas digería el hecho de que la Asamblea había avalado el contrato, llegó otra noticia: Cortizo sancionó el proyecto. Poco antes de las 7:00 p.m. de ese viernes, la nueva ley fue publicada en la en la Gaceta Oficial No. 29894-A.
El plan del Gobierno
La decisión del mandatario (sanción del contrato) terminó de alterar los ánimos de los protestantes. Este lunes 23 de octubre se espera una larga e intensa jornada de protestas, a juzgar por los anuncios del Suntracs y de las demás organizaciones que rechazan la ley.
El Ministerio de Educación (Meduca), suspendió las clases en todo Panamá. La medida alcanza a los colegios públicos y particulares. “Exhortamos y solicitamos a todos los miembros de la comunidad educativa a mantener el diálogo, la comunicación y reiteramos la importancia de la interacción presencial en los centros educativos”, aseguró el Meduca en un comunicado.
Uno de los grupos que prometieron salir a la calle, es precisamente la Asociación de Educadores de Panamá, organización que tuvo un papel importante en los cierres de julio de 2022. Por aquellos días el país se paralizó durante casi un mes, en protesta por el alto costo de los alimentos, los medicamentos, el combustible, la corrupción, el sistema educativo, entre otros.
Mientras que el ministro Juan Manuel Pino, responsable de la cartera de Seguridad Pública, dijo que “la mejor solución no es la confrontación”. Apuntó a dos cosas: “manejo y diálogo”. Sin embargo, adelantó que no se puede permitir daños a terceros o a personas que “no tienen nada que ver”. “Los cierres ocasionan un daño económico, la población está hastiada de estos cierres (...)”, añadió.
El pasado sábado un contingente de la Policía Nacional se desplazó hasta la provincia de Veraguas, donde manifestantes cerraron la vía Interamericana durante tres horas. La protesta se desarrolló frente al puente vehicular de Santiago.
"La mejor solución no es la confrontación", dice el Ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, sobre las protestas en contra del Contrato Minero. Pero advierte que "tampoco podemos permitir daños a terceros". Video Cortesía https://t.co/GUwk0Duovw pic.twitter.com/sBCcgqXxO4
— La Prensa Panamá (@prensacom) October 22, 2023
En tanto que la Defensoría del Pueblo anunció que en todo el país activaron el Plan de Acompañamiento Ciudadano (PAC) con oficiales de Derechos Humanos.
“El PAC estará observando de acuerdo a las directrices de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sobre las protestas sociales, a fin de garantizar que estas se desarrollen sin vulneraciones de derechos humanos”, se lee en un comunicado que mandó la entidad.
¿Qué se puede hacer?
Pero, ¿las jornadas de protesta tendrán algún efecto? ¿Qué se puede hacer? El abogado y exdefensor del Pueblo, Juan Antonio Tejada, asegura que el asunto se reduce a intentar una inconstitucionalidad. Es decir a una demanda ante la Corte Suprema de Justicia. “El asunto de seguro merecerá un atento estudio del nuevo contrato ley. Así como también, a la par, elevar la prohibición de minería a cielo abierto (por su grave afectación al medio ambiente ) y cualquier minería que afecte afluentes, por la relevancia que hoy más que nunca tiene el agua. Me refiero a previsiones en código minero”, explicó.
Tejada también tiene una posición referente a lo político y social.
“Lastimosamente mucha confusión. Mientras para algunos el tema es el dinero que Panamá recibirá (menos que Zambia) , para otros (me incluyo) el tema es el impacto ambiental que tiene la minería de cielo abierto, la cual efectivamente debería estar prohibida. Mientras que unos plantean el cierre de la mina y que “los empleados se dediquen a otras actividades”, a otros les resulta descabellado por el impacto inmediato y el aumento en el desempleo. Lo cierto es que no hay un debate orientado y coherente (...)”, sustentó.
Posición estatal
Para el gobierno, este contrato “es bueno para el país”. Lo ha dicho el presidente Cortizo, quien cada vez que se le consulta sobre el tema recuerda que le entrega al Estado panameño de cerca de $800 millones. “Este contrato es bueno para el país, para los más de 114 mil jubilados y pensionados; es bueno para el programa de Invalidez, Vejez y Muerte; es bueno para los tres distritos colindantes con la mina, cuyos corregimientos son muy vulnerables, y es bueno para mejorar la calidad de la educación, porque se destinan $20 millones para el Instituto de Perfeccionamiento y Bienestar del Educador”, dijo recientemente.
Minera Panamá se pronunció cuando el contrato con sus modificaciones fue aprobado por el Consejo de Gabinete “Se garantiza la estabilidad jurídica de una inversión que supera los $10 mil millones, asegurando así la estabilidad de sus colaboradores, comunidades, proveedores y accionistas. “Reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable de avanzar de manera sostenible y responsable en beneficio de Panamá”, manifestaron.
La Prensa consultó ayer domingo sobre si tenían reacciones sobre el tema, pero al cierre de esta edición no habían respondido.
