Cortizo pedirá una consulta pública para decidir si se deroga o no el contrato minero

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, anunció este domingo 29 de octubre que solicitará la convocatoria a una consulta popular el domingo 17 de diciembre, para que la población decida si se deroga o no la Ley 406 de 2023, que adopta el contrato entre el Estado panameño y Minera Panamá, y que ha sido ampliamente repudiada por la población.

El resultado de esta consulta ciudadana será vinculante, prometió Cortizo.

En un mensaje televisado al país este domingo, a las 8:45 p.m. y que tuvo una duración de un minuto y medio, el presidente también comunicó que el Decreto Ejecutivo 23 de 2023, que declara una moratoria a la minería metálica, será elevado a ley de la República.

Para eso necesita presentar un proyecto de ley a la Asamblea Nacional, la cual termina sus sesiones ordinarias el próximo 31 de octubre. Si Cortizo pretende darle celeridad a la aprobación de esta norma, deberá convocar a sesiones extraordinarias o esperar a que los diputados regresen de su receso, el próximo 2 de enero de 2024.

El Decreto Ejecutivo 23 del 27 de octubre de 2023, que firman Cortizo y el ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro, prohibe el otorgamiento de nuevas concesiones de minería metálica. Actualmente, hay 15 vigentes, incluyendo la concesión de Minera Panamá para la extracción de cobre en Donoso.

Aquel decreto fue un intento vano del Ejecutivo por poner un alto a las protestas ciudadanas que, desde hace una semana, se celebran diariamente, en contra de la Ley 406, la cual ya acumula seis demandas de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia. Dos de esas demandas ya han sido admitidas y aguardan la opinión de los procuradores de la Administración, Rigoberto González, y de la Nación, Javier Caraballo.

Además, producto de las protestas y cierres de calles, las clases presenciales están suspendidas en todo el país desde el pasado 23 de octubre.

El contrato con Minera Panamá fue refrendado por el contralor Gerardo Solís el viernes 13 de octubre. El lunes 16 fue presentado a la Asamblea por el ministro Alfaro. Y el viernes 20, fue aprobado en tercer debate, devuelto al Ejecutivo, sancionado por Cortizo y promulgado en Gaceta Oficial, todo en un mismo día.

Desde entonces, el Ejecutivo cerró filas en defensa del contrato minero. Insistían que de ese contrato dependen 9 mil empleos directos, el 4.8% del PIB y la seguridad jurídica del país. Lo último fue que la Presidencia advirtió que sin la minera, se suspendía los subsidios que otorga el Estado, como el vale digital, la beca universal y hasta el del tanque de gas.

El de este domingo fue el tercer mensaje al país de Cortizo, desde que iniciaron las protestas. El tono ha cambiado progresivamente. El pasado martes, el presidente advertía que no había marcha atrás: “esta ley está vigente”. El viernes, firmó el decreto ejecutivo de la moratoria minera. Y finalmente, este domingo, convocó a un referendo e informó que la moratoria será ley de la República.

Será el cuarto referendo en el país en las últimas tres décadas. Los tres anteriores fueron uno sobre la abolición sobre la abolición del ejército en al presidencia de Guillermo Endara (1989-1994); otro sobre la reelección presidencial inmediata en el gobierno de Ernesto Pérez Balladares (1994-1999) y el tercero, sobre la ampliación del Canal de Panamá en la administración de Martín Torrijos (2004-2009), ambos organizados por el Tribunal Electoral (TE).

Henry Cárdenas P.

Editor

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