Mes y medio después que la Asamblea Nacional la aprobara en tercer debate, el presidente Laurentino Cortizo sancionó la Ley 328 de 2022, que establece la política criminológica en el país. La iniciativa llegó al Legislativo en enero de este año de la mano del Ministerio de Seguridad Pública (Minseg).
La nueva ley es parte de la apuesta del Minseg para hacer frente al crimen organizado y delictivo. “Esta ley tiene como objeto establecer una política de Estado como instrumento para el desarrollo e implementación de las políticas necesarias para la prevención de las conductas delictivas, sin improvisación, sustentada en una herramienta científica, alejada de la política sectorizada y caracterizada por la estrategia, coherencia y coordinación”, dice el primer artículo de la norma.
Entre otras cosas, la nueva ley establece 9 estrategias en las que estará basada la política criminológica. Entre ellas figura la estrategia de prevención, de seguridad ciudadana, de respeto a los derechos humanos, de justicia social, de participación ciudadana y de educación para un cultura de paz, entre otros.
Se establecen puntos a seguir para implementar cada una de las estrategias. Y también se detallan “los factores nacionales que afectan la seguridad nacional”. En total, se listan 18 factores. Entre ellos, desigualdad e inequidad, falta de cultura de paz, impunidad, corrupción, certeza del castigo, dependencia química, migración ilegal y masiva, debilidades y vulnerabilidades institucionales, pandillas y falta de oportunidades para jóvenes, entre otros.
Con la ley, se crea la Secretaría Ejecutiva de la Política Criminológica, la cual será dependencia del Minseg. La misma será responsable de la coordinación de los aspectos relacionados a la ejecución de esta política. Se deberá nombrar a un secretario ejecutivo que ocupará el cargo por siete años, funcionario que tendrá la responsabilidad de asesorar al ministro de Seguridad en temas de la política criminológica y al ministro de Gobierno sobre temas de rehabilitación y reinserción social.
Además, deberá recopilar estadísticas sobre el crimen en el país y rendir un informe de los logros y gestiones al Minseg cada seis meses. Se plantea que la Asamblea Nacional deberá solicitar al secretario ejecutivo un “concepto no vinculante” sobre los proyectos de ley que impacten la política criminológica.
También se crea un Consejo Nacional de Política Criminológica, que tendrá la labor de dar seguimiento a los temas y estará conformado por “un equipo interdisciplinario”. Formarán parte del consejo varios ministros y directores de entidades relacionadas al tema.
En la ley sancionada se plantea que los fondos para ejecutar la política criminológica deberá ser contemplado en el Presupuesto General del Estado para el 2023.
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