El proyecto de ley 1080, que pretendía reformar la ley de carrera del servicio legislativo (Ley 12 de 1998) y otorgar un bono de Navidad a los funcionarios de la Asamblea Nacional (AN), fue vetado parcialmente por el presidente de la República, Laurentino Cortizo.
El miércoles 6 de diciembre, el presidente informó a la AN que no sancionó el documento, por considerar que tres de sus ocho artículos riñen con la Constitución.
”Luego del análisis y de las opiniones recibidas por parte del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Dirección General de Carrera Administrativa durante el periodo que la Constitución Política me concede para su examen... surgen reparos que me permiten objetar parcialmente, por razones de inexequibilidad sus artículos 2, 3 y 5″, se lee en la nota dirigida el pasado 6 de diciembre al diputado presidente Jaime Vargas.
El proyecto 1080, aprobado en tercer debate en octubre pasado, proponía que en diciembre de cada año se entregue una bonificación de Navidad a los funcionarios permanentes y de carrera del servicio legislativo.
‘El bono viola la Constitución’
La entrega de un bono a los funcionarios de la Asamblea fue uno de los temas que el presidente objetó. A juicio, de Cortizo, el compromiso de la entrega de ese bono, que no especifica en el proyecto de cuánto será, es “inexequible”, porque viola cinco artículos de la Constitución: los números 19, 267, 268, 269 y 270.
En ese sentido, el mandatario expone, por ejemplo, que se viola el artículo 19 de la Carta Magna, debido a que el establecimiento en la ley de la bonificación para los servidores de la Asamblea “crea un privilegio para sus funcionarios, en detrimento del resto de los funcionarios al servicio del Estado en idéntica situación laboral, pues obsérvese que no solo alcanza a los que forman parte del régimen de carrera sino, además, a todos los servidores que se encuentran en la planilla permanente de dicha institución, lo que infringe en concepto de violación directa, por comisión, el artículo 19″.
Añade también que la entrega del bono “crea un gasto público que no tiene establecida una fuente para su financiamiento, lo que obliga al Ejecutivo a incrementar la dotación presupuestaria asignada a la Asamblea Nacional para sus gastos de funcionamiento”.
‘Experiencia no equipara educación’
El proyecto 1080, que impulsó el perredista Leandro Ávila, relaja el ingreso de funcionarios a la carrera legislativa, pues establecía un procedimiento especial de ingreso a la misma, permitiendo así que servidores públicos que solo tienen dos años en la entidad se sumen al sistema.
Este procedimiento especial estaría vigente por seis meses.
Pero esta disposición, dice Cortizo, viola los artículos 91, 92 y 300 de la Constitución.
En febrero pasado, cuando el perredista Crispiano Adames presidía la AN, se aprobó la Ley 353 (promulgada en la Gaceta Oficial No. 29726-B), que permite a los funcionarios que tengan dos años o más de trabajar en la Asamblea aplicar al procedimiento “especial” para ingresar a la carrera del servicio legislativo, vigente por seis meses.
Ese plazo de seis meses venció en julio pasado. El proyecto de ley 1080 fue propuesto por Ávila para prorrogar la vigencia del procedimiento especial, ya que la Ley 353 no pudo implementarse “a cabalidad”, como bien admite en la exposición de motivos.
En ese sentido, el proyecto 1080 establece que “a partir de la entrada en vigencia de la presente ley y por los subsiguiente seis meses se aplicará el procedimiento especial de ingreso a la carrera del servicio legislativo a los servidores de la Asamblea Nacional que se encuentren ejerciendo funciones en la estructura administrativa permanente por un periodo de dos años o más”.
Añade que “estos servidores serán incorporados al sistema de carrera sin necesidad de concurso, siempre que reúnan los requisitos mínimos de experiencia y/o preparación académica, según el Manual de Clases Ocupacionales, para el cargo que desempeñan y que se pueda acreditar su asistencia continua al puesto de trabajo por parte de la Dirección de Recursos Humanos durante este lapso de tiempo”.
Al respecto, la objeción de Cortizo se enfoca, entre otras cosas, en la frase que indica: “siempre que reúnan los requisitos mínimos de experiencia y/o preparación académica”.
Señala que “y/o” en lo que se refiere a la preparación académica, podría ser interpretado en el sentido de que éste no es un requisito obligatorio, sino que puede ser opcional. Pareciese indicar que en el Manual de Clases Ocupacionales de la Asamblea Nacional, “la experiencia es equiparable con la preparación académica, distorsionando con ello el propósito que persigue la educación de procurar la capacitación del educando para el trabajo útil y su obligación de educarse, tal como lo señalan los artículos 90 y 91, por lo que en lugar de promover, lo que hace es desalentar la educación panameña”, anotó Cortizo en su misiva a Vargas.
La Prensa consultó a Ávila si impulsaría la aprobación por insistencia del proyecto objetado, pero al cierre de esta edición no respondió. Por lo pronto, el pleno legislativo está en receso, hasta el 2 de enero próximo.
Cabe señalar que el diputado independiente Gabriel Silva, que votó en contra del proyecto 1080, advirtió durante el debate de la propuesta que la misma desmejora el marco normativo de la ley de carrera legislativa, ya que elimina el sistema de ingreso por concursos basados en la formación y méritos.
Lea aquí la nota de Cortizo:
