Cortizo y Carrizo proclaman creer en la transparencia, pero no se comprometen a retirar el proyecto de la Asamblea

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, subrayó ayer viernes que no tiene problemas con la actual ley de transparencia de 2002 y que la próxima semana se reunirá con diferentes grupos vinculados a medios de comunicación, para tratar la propuesta que el propio Ejecutivo llevó a la Asamblea Nacional (AN).

La reacción de Cortizo se da en medio del clamor general que hay en el país para que el presidente retire el proyecto de ley 1031 y convoque a un amplio debate ciudadano para revisar el tema.

El mandatario recordó que cuando fue presidente de la Asamblea Nacional (2000-2001), discutió y aprobó la actual ley de transparencia (la número 6 de 2002). “Personalmente, no tengo ningún problema con la ley tal como está”, dijo a los periodistas que le acompañaban este viernes, en una gira por Mariato, en la provincia de Veraguas.

No obstante, no dijo por qué, si está tan conforme con la ley actual, la Presidencia propone ahora su derogatoria y tampoco ha dicho si retirará el proyecto 1031, como han solicitado una veintena de gremios y organizaciones de la sociedad civil. Los últimos en sumarse a esta petición han sido la Fundación Libertad y la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede).

Lo que sí anunció es que la próxima semana sostendrá dos reuniones con diferentes grupos vinculados a medios de comunicación, con el fin de escuchar sus inquietudes. No reveló cuáles son esos grupos.

“Lo que te puede decir es que tengo más de cuatro años de estar en el Gobierno y yo no he llamado a ningún dueño de medio o periodista para decir que no me gusta tal noticia. Yo respeto la libertad de prensa”, aseguró.

Unas horas antes de que hablara Cortizo desde Veraguas, el vicepresidente de la República y candidato presidencial del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), José Gabriel Carrizo, se reunió con representantes del Colegio Nacional de Abogados. Ahí se le preguntó puntualmente cuál es su opinión sobre el proyecto 1031 y la solicitud para que el mismo sea retirado de la Asamblea.

“Mi opinión es que la consulta siempre es importante. Tenemos un presidente que es tolerante, tenemos un presidente que escucha, un presidente que ha mostrado la capacidad de unificar al país con propósitos”, dijo Carrizo.

El vicepresidente se declaró “creyente” de la transparencia, y de su fortalecimiento, así como de la digitalización de los procesos, para evitar la “discreción” de los funcionarios que custodian la información pública.

“Todo es perfectible y yo estoy seguro de que el presidente está en la misma dirección de fortalecimiento a los procesos de transparencia”, remarcó Carrizo, sin responder concretamente si piensa que el proyecto de ley debe o no debe ser retirado.

Esto contrasta con la posición de otros candidatos presidenciales como Ricardo Lombana, del Movimiento Otro Camino (Moca); Rómulo Roux, de Cambio Democrático (CD), y de José Isabel Blandón, del Partido Panameñista, quienes han rechazado públicamente la intención del Ejecutivo de derogar la ley de transparencia.

Como se recordará, el proyecto de ley 1031, que presentó el Ministerio de la Presidencia el 27 de abril pasado y que defiende la directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), Elsa Fernández, deroga la Ley 6 de 2002 y en su lugar propone una norma que limita el acceso a la información pública, favorece la falta de transparencia y burocratiza el curso de las acciones de habeas data.

Más voces en contra de propuesta

La Fundación Libertad se unió ayer viernes al coro creciente de voces que se ha alzado para pedir al Ejecutivo que retire el proyecto que modifica la ley de transparencia de 2002.

“Una ley de transparencia aprobada sin consulta ciudadana e impuesta a espaldas de la sociedad sería una contradicción en sí misma”, señala la fundación, en un comunicado.

La fundación advierte que el proyecto 1031, como está redactado, representa un “retroceso” en materia de transparencia y acceso a la información.

“Contiene disposiciones que resultarían en una regresión, entre otras razones, al diluir la eficacia real de las sanciones contra los funcionarios que incumplan el deber de proveer información al público”, sostiene la organización.

En ese aspecto, la Ley 6 de 2002 contempla el despido de aquellos funcionarios que, de manera reincidente, incumplan con la entrega de la información pública que está bajo su custodia. En cambio, el proyecto 1031 elimina la destitución del catálogo de sanciones a los funcionarios infractores.

La organización remarca que la transparencia en la gestión pública y el libre acceso a la información son pilares fundamentales para el ejercicio de una democracia saludable y es reconocido como un derecho humano en el sistema interamericano de protección de derechos humanos.

Por su parte, Apede recordó que la Ley 6 de 2002 ha sido “instrumental para mejorar la calidad de la democracia y gobernanza en nuestro país”.

“El proyecto de ley 1031, en lugar de crear nuevos instrumentos para actualizar y mejorar la Ley 6 de 2002, crea un nuevo sistema concentrado para el manejo de la información pública en el que la Antai se erige como un ente central que controla desde la petición de información hasta su incumplimiento, dotándole de una amplia discrecionalidad”, señala la Apede en un comunicado, divulgado ayer.

Observaciones

El procurador de la Administración, Rigoberto González, hizo varias observaciones al proyecto 1031. Por ejemplo, en lo que respecta a la información confidencial, advierte que establece una nueva definición de esta figura, que, a su juicio, constituiría una violación al principio de progresividad y no regresión en materia de derechos humanos, toda vez que en lugar de mejorar la definición establecida en la Ley 6 de 2002, hace todo lo contrario.

González explica que la ley actual establece de manera clara y taxativa qué tipo información es la que no puede ser suministrada por agentes del Estado, pero la definición propuesta en el proyecto 1031 es “vaga”, ya que no define claramente qué información debe ser tratada como confidencial, lo que, según el procurador, resulta inconveniente puesto que lo confidencial debe ser la excepción y la transparencia la regla. A su juicio, esto constituye “un desmejoramiento de la norma actual”.

Ohigginis Arcia Jaramillo

Periodista de Política

Mónica Palm

Jefe editorial.