La tormenta no cesa. Las protestas en contra del contrato minero entraron a una nueva fase. Por un lado, vigilia frente a la Corte Suprema de Justicia en espera de que se pronuncie sobre la inconstitucionalidad de la Ley 406 que adopta el contrato entre el Estado y Minera Panamá. Por el otro, múltiples cierres de vías en Chiriquí y Bocas del Toro, circunstancia que tiene a los habitantes de estas provincias pidiendo auxilio.
Producto de los bloqueos, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, calcula las pérdidas en $1,700 millones.
Sin embargo, el presidente Laurentino Nito Cortizo y su equipo, no dan la cara. La última vez que se le vio públicamente al mandatario fue la tarde del viernes 27 de octubre cuando a través de cadena nacional propuso una ley de moratoria de la minería metálica y una consulta popular sobre el futuro de la Ley 406. Días después apareció en un video sobre los actos protocolarios del comienzo de las festividades patrias.
Pese al llamado de gremios, grupos de la sociedad organizada, políticos y ciudadanos, para que tome medidas para hacerle frente a la crisis, el gobernante sigue ausente.
Apuesta por el desgaste
¿Acaso apuesta al desgaste de los grupos que lideran las protestas y cierres? Es la pregunta que se hacen algunos.
“Pretender capear el temporal, esperando que el movimiento se desgaste y que las aguas vuelvan a su nivel, y que es viable mantener con vida el contrato minero como si aquí no hubiese pasado nada, es desconocer la voluntad popular y que a partir de ahora hay una nueva realidad que exige cambios inmediatos en la forma de gobernar”, asegura el exdiputado Pedro Miguel González, exsecretario general del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), en un documento que denominó “Reflexiones sobre el momento actual”.
En el escrito, González, considerado un político de la línea dura del PRD, propone seis medidas. Entre ellos, cambios en el equipo de gobierno, sobre todo de aquellas figuras que han gestionado el contrato minero; explicar el alcance de la moratoria (Ley 407), explicar “con claridad” porqué es necesario someter la suerte del contrato a la decisión de la Corte Suprema de Justicia y el porqué sería un desacierto la derogatoria de la ley 406.
Carlos Guevara Mann, politólogo e historiador, es otro que piensa que Cortizo apuesta a que la gente se cansará de los cierres y la tensión generalizada. “Esta fue la estrategia en las protestas de 2022, así que ya tenemos el guión. Calculan que el público olvidará su disgusto y dirigirá su ira a los grupos extremistas minoritarios que están llevando a cabo acciones perjudiciales para todos. El gobierno cuenta con que una vez se llegue al punto de saturación, la gente respaldará sus acciones para restaurar el orden y el asunto se acabará”, plantea.
Guevara Mann, dice que “la pérdida de credibilidad es tan grande que las molestias que causan los extremistas no aminoran el desprecio generalizado por la clase política”. A su juicio, corresponde nombrar un gabinete nuevo, “con integrantes idóneos y honrados, sin vínculos con el oficialismo”. Además, propone la renuncia de “los señores Cortizo y Carrizo para que un ministro, idealmente alguien serio y correcto, se encargue hasta el 30 de junio”.
Además propone que se aprovechen las elecciones del 5 de mayo de 2024 para preguntar al electorado si quiere o no quiere minería, una nueva Constitución por la vía de una constituyente originaria y si quiere, o no, que Panamá salga del Parlamento Centroamericano. “Esas tres papeletas se deberían agregar a las que correspondan a la elección de presidente, diputados, alcaldes y representantes”, agrega.
Ausentes
Tampoco hay mucha actividad por estos días en los ministerios. Tampoco se observa al vicepresidente José Gabriel Gaby Carrizo, tampoco se destaca el papel de los gobiernos locales. De acuerdo con analistas, ninguno ha jugado un papel en medio de la crisis. Ni siquiera un diálogo con los manifestantes, como ocurrió en las protestas de julio de 2022 con la denominada mesa de Penonomé.
Otro órgano que se apartó del tema es el Legislativo. En medio de las masivas protestas ciudadanas, algunos de los que le dieron luz verde al contrato con Minera Panamá, pidieron disculpas. Aprobaron la Ley 407 que contiene la moratoria minera y desde ese momento desaparecieron de la vida pública.
En Bocas del Toro, por ejemplo, no le han visto las caras a los dos diputados de la provincia, Benicio Robinson y Abel Beker.
Para el diputado independiente Juan Diego Vásquez, el gobierno de Cortizo, ha mostrado “irresponsabilidad e indiferencia”, con los pacientes que han perdido citas médicas (hasta el pasado lunes, la Caja de Seguro Social había reportado la pérdida de 175 mil), con los productores, los emprendedores, entre otros. “El gobierno no dice nada. Tiene que decir: ‘oigan yo me equivoqué, y como me equivoqué, voy a dar la cara y voy a enmendar mi error (...)”, dijo el diputado ayer miércoles en Telemetro.
Según Vásquez, analizar la situación del país, “es complejo”, “difícil”, pues “no hay verdades absolutas”, pero considera “una absoluta irresponsabilidad que el presidente de la República no haya dicho ni esta boca es mía”. No saben qué hacer “.
A su juicio el país vive un “desgobierno”. Le mandó un mensaje a Cortizo: “salga a hacer algo. No se puede permitir que sigamos teniendo afectadas a millones de personas en el país, porque usted no asume su responsabilidad (...)”.
El país cerrado
Las voces que piden respuestas a Cortizo y su equipo, resuenan en momentos en que la crisis podría recrudecer. Para este jueves 16 de noviembre, por ejemplo, el Suntracs y grupos afines, anunciaron una paralización total del país. Pretenden a que el país esté totalmente cerrado por 24 horas. A propósito de ese llamado, la Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamá, solicitó a los ciudadanos acudir a trabajar, mientras que pidió al Gobierno que garantice el libre tránsito y hacer cumplir la Constitución.
“Los panameños hemos demostrado que sabemos manifestarnos de forma pacífica y alcanzar lo reclamado. Ahí está la moratoria minera; ahí están quienes se encuentran vigilantes en la Corte Suprema de Justicia por el fallo sobre la Ley 406″, manifestó Adolfo Fábrega, presidente del gremio, de acuerdo a un comunicado.
La Defensoría del Pueblo también se pronunció. En un boletín de prensa, la institución informó que el defensor Eduardo Leblanc, se reunió con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y el Caribe, Alberto Brunori.
Evaluaron el impacto que en estas últimas semanas han experimentado los habitantes del país respecto a la garantía de sus derechos humanos, especialmente en materia del derecho a la vida e integridad física, acceso a la salud, seguridad alimentaria, acceso al trabajo y educación, libertad de prensa, libre tránsito, propiedad privada, y el derecho a la protesta pacífica.
Leblanc, según el comunicado, recordó que “el derecho a la protesta se debe ejercer de forma pacífica, sin mensajes de odio, a conciencia, con responsabilidad, sin menoscabar los derechos a terceras personas y respetando el derecho a la propiedad pública y privada”.
Mientras que Brunori, ahondó sobre la importancia de que las autoridades garanticen el ejercicio del derecho a la protesta pacífica, pero pidió a los manifestantes que se abstengan del uso de la violencia y adopten medidas para respetar los derechos humanos, incluyendo los derechos a la salud, a la alimentación y a libre movilización, en particular, de las personas en situación de vulnerabilidad.
